La banda de ladrones

20 de abril de 2023

Por: Arleison Arcos Rivas

Cuando empezaba el semestre, preguntábamos a los noveles estudiantes de Ciencia Política, Derecho o Administración Pública por la diferencia entre el Estado y una banda de ladrones. Las caras de contrariedad no sólo hacían evidente las manifestaciones de sorpresa ante semejante pregunta. También reflejaban, y siguen reflejando, el inusitado peso de la distorsión desinstitucionalizadora en la vida política de una nación.

La actividad informativa y las reacciones noticiosas en redes sociales contribuyen a alimentar la perplejidad ante los hechos políticos, alimentada por la hondura que el antagonismo social y la hostilidad faccionalista alcanza en las democracias realmente existentes, especialmente en sociedades en las que la presión politiquera sobre el ejecutivo y sus ejecutorias pasa forzosamente por mañas coactivas y transaccionales, que ponen en cuestionamiento cualquier idea de legitimidad en la práctica decisional.

En los regímenes presidencialistas, evitando la vorágine de la política, la jefatura de gobierno depende del entendimiento con las diferentes fuerzas organizadas y las corporaciones defensoras de sus intereses. En una sociedad ordenada sobre principios de corrección, legalidad y legitimidad, cada facción manifiesta y declara abiertamente las líneas entre las que la majestad ejecutiva puede o no contar con su respaldo, dando voz a sus representados. Sin embargo, en sociedades que alimentan odios viscerales y operan bajo acuerdos burocráticos y financieros, los partidos tradicionales, sus liderazgos y sus alfiles en el Congreso suelen operar como una banda de ladrones.  

Tal como se prometió en campaña, las actuales reformas y proposiciones gubernamentales buscan la mejoría en la garantía de derechos y el fortalecimiento de la respuesta institucional para satisfacer las demandas crecientes de beneficios sociales asociados a la salud, el empleo, las pensiones y la educación, fundamentalmente. Sin embargo, en el público crece la sensación de que los políticos están demandando componendas y exigencias malsanas para que tales reivindicaciones sean votadas favorablemente. En buena parte de las reservas y resquemores manifestados por quienes se oponen a ellas o buscan entrabarlas, persiste la intención de condicionar la operación legislativa al consabido aceite de la maquinaria política con el reparto de asignaciones burocráticas o la distribución de beneficios económicos segmentados o indicativos, mal llamados “mermelada” para pasar, en el momento, la reforma a la salud.

Crece también la inquietud porque las posturas en contrario no pretenden mejorar el sistema sino sostener el negocio de las EPS tal como ha existido hasta ahora, en detrimento del derecho a la salud, incluso promoviendo proposiciones para que no sea siquiera discutida.  En esas circunstancias, avanza la desinstitucionalización y “la idea de que todo es válido si produce resultados económicos o sociales toma fuerza, sin importar los derechos, las normas que integran el ordenamiento jurídico, los precedentes jurisprudenciales o las garantías procesales que se vulneren”, como afirma el exmagistrado José Gregorio Hernández. Lo que les importa es el sostenimiento de los beneficios económicos en el control del sistema. 

Por estos días, las jefaturas de los partidos opuestos a la reforma a la salud están operando como una banda de ladrones, a contracorriente del querer mayoritario que reclama la transformación radical de ese sistema. No sólo porque resulta evidente su accionar coludido con quienes han hecho de la salud un negocio, sino porque exacerban sus demandas y requerimientos hasta el punto de poner en riesgo la primera e impostergable votación en primer de dicha reforma en su primer debate, apenas en las comisiones en las que se confeccionan acuerdos y dirimen discrepancias entre las distintas tendencias sociales y las representaciones políticas y económicas.

Que los Partidos Liberal, Conservador y Unidad Nacional, partícipes de la coalición gubernamental, junto a Cambio Radical y Centro Democrático que encabezan la oposición coincidan en radicalizarse sobre líneas rojas insalvables para votar en comisiones la ponencia gubernamental que reforma la salud, e incluso postulen su propia ponencia, dibuja las dificultades que tiene este país para convertir en derecho las pretensiones sociales, sin que tal decisión esté mediada por la conveniencia económica de sectores interesados en que no haya reforma, o en que la misma no genere riesgo a la perpetuación de sus utilidades.

Bien como oposición, o pese a hacer parte de la coalición de gobierno, aunque resultaba ilusorio pensar en que estas fuerzas electoreras acompañaran la osadía de transformar el negocio de la salud, la intención de bloqueo al trámite reglamentario de la reforma resulta descarada. Mucho más cuando son expresidentes algunos de los líderes partidistas que han declarado su abierta oposición a la misma, defendiendo ciegamente el cuestionable modelo que implementaron y alimentaron en sus administraciones.

Lo que corresponde a los partidos es debatir lo propuesto en el escenario natural de la deliberación política, que es el Congreso de la República, sin que dicho trámite se vea frustrado o atravesado por cualquier forma de interés indebido.

Las trapisondas y estratagemas para bloquear la reforma desde su nacimiento, la presentación de una numerosa lista de impostergables e innegociables y la intensa campaña mediática para que el gobierno nacional ceda ante la presión partidista, incluso anunciando desde el Congreso futuras demandas en la Corte Constitucional evidencian, una vez más, el resquebrajamiento del sano equilibrio de poderes amenazado por la omnipresencia del dinero y los intereses mercantiles en la confección de lo público.

Contra el actuar cuatrero de quienes usan la representación política para operar como una banda de ladrones en concierto para desvalijar el sentido social de las reformas, debe levantarse la ciudadanía que votó en las urnas su aspiración de cambio, para asegurar sus derechos; garantizando que en el Congreso no le roben la oportunidad de transformar de raíz la voracidad mercantil que defiende y pretende preservar las enfermedades acumuladas por el actual sistema de salud.