Reformas necesarias

06 de abril de 2022

 

 

Por: John Jairo Blandón Mena

El eventual gobierno de Gustavo Petro será reformador. Si actúa al tenor de su programa de gobierno tendrá que poner en marcha reformas en el plano pensional, el agrario, el penal, el carcelario, el tributario, en las fuerzas militares, la justicia, los órganos de control, el poder electoral, la ruralidad, el sector minero y en el sistema de descentralización administrativa, por citar sólo algunos. Es plenamente justificable en una propuesta de país que reconoce, como la gran mayoría, que Colombia transita por los momentos más aciagos de su historia.

¿Por qué reformar tanto? Se preguntarán algunos. La respuesta es simple y está dada en otra pregunta: ¿Será que en un país con 21 millones de empobrecidos y el 54% de su población viviendo con inseguridad alimentaria (hambre), no se requieren reformas?

Desde cualquier óptica democrática y humana, un país en guerra y con la mayor parte de su población empobrecida y hambrienta debe declarar fracasado su proyecto político. Y no es que la aplicación de la Constitución Política haya causado este estado de cosas; al contrario, su inaplicación y las constantes reformas que ya suman 56 en sus 31 años de vida han generado que éste, y utilizaré un concepto de la dogmática jurídica, sea un Estado desconstitucionalizado que viene desmontando su Carta Política y poniendo en práctica una legislación inconstitucional no declarada como tal.

Por citar dos ejemplos: ¿Acaso un subsidio mensual de sobrevivencia de $80.000 a un adulto mayor no es una vulneración al principio constitucional de la dignidad humana? Y es la misma ley que autorizó al Programa Colombia Mayor que concretará semejante acción inequitativa e indigna. Pero son también inconstitucionales las declaraciones de las Fuerzas Militares para justificar desde lineamientos de su propia doctrina la operación militar que dejó 11 muertos en Puerto Leguízamo, departamento del Putumayo la semana pasada. La comunidad y organizaciones de derechos humanos afirman que eran todos civiles que se encontraban en una fiesta, mientras que el ejercito los calificó de disidentes de las FARC. Sea verdad una u otra versión, en ninguno de los casos la operación militar debió haber tenido como finalidad la muerte. Aquí la vida es un derecho inviolable y debería ser la institucionalidad la primera en aplicar esta disposición constitucional.

Volviendo al tema de las reformas. No le vendrán tiempos serenos al eventual Gobierno Petro. Las reformas que plantea, que reitero son necesarias, requieren para su concreción un Congreso constructivo y propositivo, que seguro lo tendrá con las amplias mayorías obtenidas por los sectores progresistas. Sin embargo, es aún más importante que la creciente fuerza popular que lo elegirá posiblemente presidente siga firme apoyando la construcción de las propuestas y la exigencia a las instituciones para la materialización de las mismas.

Nuestra arquitectura constitucional es el principal obstáculo para generar transformaciones estructurales en lo institucional. Condición para evitar el poder desbordado de un mandatario dirán algunos, pero habrá otros que señalen que ese es el presupuesto para el mantenimiento del statu quo. Por lo anterior, sólo la base popular puede darle legitimidad a un Gobierno que propone cambios, pues su constante movilización y expresión debería impulsar la agenda de transformaciones que lidera el mandatario.

Por ahora, lo único claro, es que proponer la continuidad de las políticas de este gobierno es un suicidio político. Unos ya optaron por ese camino. Aquí lo único viable e imperioso es proponer y llevar a cabo las reformas estructurales que requiere la nación. Es muy probable que todas no se den en un cuatrienio, pero iniciar y marcar la tendencia es empezar a asegurarle a este país condiciones de dignidad en los próximos años.

  

Sobre el autor

Abogado de la Universidad Católica Luis Amigó. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Especialista en Métodos de Enseñanza Virtual de la Universidad Católica del Norte. Especialista en Estudios Afrolatinoamericanos y Caribeños de Clacso. Magíster en Educación del Tecnológico de Monterrey. Y actualmente Candidato a Doctor en Educación de la Universidad Católica Luis Amigó. Se ha desempeñado como docente universitario. Coordinador del Equipo de Trabajo de Medellín en el Proceso de Comunidades Negras (PCN). Coautor de libro: Debates sobre conflictos raciales y construcciones afrolibertarias. Editorial Poder Negro. 2015.
Leer más

Contáctanos

¡Escríbenos!

CONTACTO

Suscríbete

Recibe en tu correo electrónico las últimas columnas de opinión de Diaspora.

[newsletter_form]

Comentarios

0 0 votos
Article Rating
Suscribirse
Notificar de
guest
0 Comments
Retroalimentación En Línea
Ver todos los comentarios

Artículos recientes

VER MÁS
Ir a Arriba