Es mejor lento, pero seguro

28 de febrero de 2023

Por: John Jairo Blandón Mena

El Estado colombiano está blindado constitucionalmente para que cualquier propuesta de reforma progresista de origen popular se estrelle con la infranqueable barrera de la institucionalidad elitista. Las pocas reformas estructurales que se han presentado en los últimos años terminan siendo mutiladas en el Congreso de la República, y las pretensiones de transformación se tornan en simples cambios cosméticos a sectores donde pulula la injusticia y la inequidad.

Eso ha pasado con las sucesivas reformas a la justicia presentadas en los últimos gobiernos. Los intentos por aplicar soluciones legislativas a los problemas del sistema judicial han terminado en la generación de beneficios a magistrados de altas cortes y en la profundización de la burocratización del aparato judicial. En esa misma línea, cada reforma política presentada parece estar hecha a la medida de los clanes electorales que instrumentalizan los intentos reformistas para perpetuar su poder.

Por todas estas razones, no prosperó el paquete de reformas que en todos los ámbitos iba a propiciar la construcción de paz en Colombia. Los cambios que pretenden agudizar el statu quo pasan sin objeciones, ni trabas. Pero ante cualquier asomo de transformación dignificadora de los sectores vulnerables y empobrecidos, aparecen las contradicciones institucionales y los portavoces de las élites a anunciar infundadamente debacles.

En este último escenario se encuentran varias de las reformas que el presidente Gustavo Petro ha planteado. Los detractores de la reforma a la salud están hasta en el propio gobierno. Al Escuchar sus argumentos, pareciera que el sistema de salud creado con la Ley 100 funcionara tan bien, que no debiera ser susceptible de ninguna transformación. A pesar, que la mayoría de la nación ha padecido la ineficiencia, la corrupción y la mercantilización de la salud mediante la innecesaria intermediación financiera que realizan las EPS.

Y sin presentarse todavía, ya hay enormes objeciones del empresariado a la propuesta de reforma laboral y pensional. Califican de amenaza a la estabilidad económica el restablecimiento de los derechos arrebatados a los obreros en los sucesivos periodos de Álvaro Uribe Vélez. No conciben que los trabajadores vuelvan a recibir el pago del recargo por trabajo nocturno a partir de las 6:00 p.m., y no desde las 10:00 p.m. como antinaturalmente lo estableció Uribe en su reforma anti obrera.

Lo anterior no está distante del bloqueo que se está preparando por parte de los terratenientes y su institucionalidad gremial a la reforma agraria que se avecina. Los ganaderos agremiados en la acomodaticia Fedegan guardan un sospechoso silencio, siempre y cuando el gobierno les siga comprando tierras. En este ámbito, es necesario expresar que sin reforma a la tenencia de la tierra es imposible construir la paz en los territorios de la Colombia profunda.

No está el camino fácil en las reformas que este Gobierno por mandato popular tiene que presentar. Cada una tiene un camino repleto de obstáculos improbables de ser superados en un cuatrienio. Los cambios a nivel penal y penitenciario ya auguran una catarata de demandas por inconstitucionalidad. A la reforma política le cercenaron buena parte del núcleo de transformaciones que desde el gobierno se pretendían introducir. La reforma al Código Minero que es definitiva en el proceso de transición energética ya está recibiendo sus primeras estocadas con las sucesivas mociones de censura en contra de la ministra de Minas y Energía.

Así las cosas, la ambiciosa agenda de reformas que el Gobierno se apresta a impulsar en el Congreso de la República tienen un alto riesgo de no avanzar. Con una coalición menos cohesionada por la necesidad de decantarse entre apoyar el cambio exigido popularmente, o continuar protegiendo los intereses de sectores privilegiados. El Gobierno tiene que rodearse del Pueblo que lo eligió, y no acatar las demandas transaccionales que los partidos con ropaje de progresistas transitorios le exigirán para apoyar las propuesta de reformas.

Los cambios estructurales no se dan en un cuatrienio. Se hace necesario priorizar las dos o tres reformas profundas que pueden consolidarse en el Gobierno Petro. Pretender que se puede cambiar todo es irrealista políticamente. Las condiciones de arquitectura del Estado exigen que las transiciones sean paulatinas. Sí el Gobierno Petro finaliza con el legado de haber dignificado el sistema de salud, de lograr la gratuidad universal de la educación oficial en todos los niveles, sumado a sentar las bases para la construcción de una verdadera y definitiva paz total, tendría que calificarse este como el mejor Gobierno de la historia. Y quedaría en manos de los ciudadanos y ciudadanas la continuidad del proyecto de transformación nacional en cabeza de otro u otra progresista.

Es mejor lento, pero seguro.