Justicia sin privilegios

18 de abril de 2023

Por: John Jairo Blandón Mena

Me resulta difícil en cualquier ámbito separar la obra de las calidades personales de su autor. Incluso, suelo no tolerar y distanciarme de artistas o creadores que asumen posturas políticas totalitarias o antidemocráticas. La coherencia entre la vida y la creación que hace parte de ella, debería ser un principio inseparable de cualquier valoración estética.

Sin embargo, no en todas partes se tiene esta concepción. Un buen ejemplo es Woody Allen, el más prolífico cineasta estadounidense, bloqueado en su nación por las denuncias de abuso sexual de su propia hija adoptiva. Siguió su carrera triunfal en Europa, luego de que en su propio país buena parte de la industria cinematográfica le cerrara las puertas y numerosos de sus colegas se negaran a trabajar con él.

Y aunque a Woody Allen ningún juez lo condenó, si lo hicieron con justicia o injusticia muchísimos de sus compatriotas que le cerraron todos los espacios en el cine de ese país. Con todo y ello, sigue pesando en algunas latitudes el prestigio por encima de hechos que darían para clausurar la carrera ascendente de cualquier estrella o ídolo.

El movimiento #MeToo surgido en Estados Unidos hace unos seis años, pero que se hizo popular en todo el mundo, inició denunciando y haciendo viral en redes las agresiones y abusos sexuales de los más poderosos e idolatrados sujetos. El reconocido productor de cine Harvey Weinstein fue su primera víctima, luego de que alrededor de 80 mujeres denunciaran haber sido sus víctimas, y con sus testimonios lo llevaran a purgar hoy una condena perpetua.  

En contraste, el expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias fue denunciado en 2019 por acoso sexual por casi una decena de mujeres a través del #MeToo Costa Rica. No pasó nada en su país, hoy el político sigue siendo un influyente opinador en las cuestiones públicas de su nación. Como tampoco pasará nada aquí con las denuncias de abuso y acoso sexual que se han instaurado en contra de poderosos, a los que nuestro sistema judicial sigue dándole el tratamiento de intocables.

Digo todo esto para aterrizar en el caso del sociólogo Boaventura de Sousa Santos. Sus planteamientos descolonizadores son absolutamente contradictorios con el proceder que asumió con las mujeres que lo denuncian. Ser un adalid de los Derechos Humanos debe tener una congruencia ética con el actuar propio. Las epistemologías del sur, necesarias para la transformación de nuestros pueblos oprimidos deberán ser releídas a la luz de otras interpretaciones no viciadas por conductas repudiables de quien las propone.

Toda mi solidaridad con las víctimas de cualquier tipo de agresión sexual. Que la justicia sea pronta en el esclarecimiento de los hechos y en la imposición de las penalidades a los responsables. Entretanto, los centros académicos que suspendieron de sus labores al académico lo hicieron tardíamente, porque según el testimonio de la activista mapuche Moira Millán, una de las denunciantes, El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) sabía desde hace meses de los hechos y no actuó.

Seguramente, como en Colombia, pesan más la idolatría y el poder que la justicia.

Justicia

Sobre el autor

Doctor en Educación de la Universidad Católica Luis Amigó. Magíster en Educación del Tecnológico de Monterrey. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Especialista en Métodos de Enseñanza Virtual de la Universidad Católica del Norte. Especialista en Estudios Afrolatinoamericanos y Caribeños de Clacso. Abogado de la Universidad Católica Luis Amigó.   Se ha desempeñado como docente universitario. Coordinador del Equipo de Trabajo de Medellín en el Proceso de Comunidades Negras (PCN). Coautor de libro: Debates sobre conflictos raciales y construcciones afrolibertarias. Editorial Poder Negro. 2015.
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