Colombia es uno de los pocos países de la región en que el sistema judicial había sido incapaz de procesar los notables actos de vulneración palmaria a la ley penal en que algunos de los últimos presidentes de este país presuntamente han incurrido. Los ciudadanos de a pie observaban con desazón colectivo como documentados hechos con connotaciones criminales en cabeza de altos dignatarios se convertían en simples eventos mediáticos que nunca llegaron a los estrados.

El caso Odebrecht es el gran ejemplo. Presidentes y expresidentes de países vecinos fueron a la cárcel por cuenta de recibir sobornos de la multinacional brasilera; sin embargo, en Colombia, que el modus operandi fue exactamente igual, los responsables penales terminaron siendo personas distantes del poder presidencial. Y los mandatarios salpicados con pruebas aquí, en Brasil y hasta en Estados Unidos no recibieron el debido escrutinio de la judicatura.

En los últimos 20 años decenas de presidentes latinoamericanos fueron condenados en sus respectivos países por toda suerte de delitos. Desde actos de corrupción administrativa hasta violaciones a los derechos humanos como fue el caso del nefasto Alberto Fujimori. Al parecer, contrario a lo que sucede aquí, la justicia de varios Estados del continente ya superó el temor reverencial hacia los detentadores del poder político.

Esto sigue pendiente en Colombia. La expresión popular “la justicia es para los de ruana” prevalece, en tratándose de la persecución acérrima de los sectores populares y la casi inmunidad de las elites en delitos relacionados con toda la cadena del narcotráfico. De igual manera, en la construcción de la verdad sobre el conflicto, los respondientes seguirán siendo los combatientes, quienes con sus rostros encubren los poseedores de las fortunas y tomadores de las decisiones políticas que son las que están detrás de las de la confrontación y que son sus verdaderos azuzadores.

El problema central de la justicia en Colombia, y que ninguna de las recientes reformas ha tocado, radica en la inmunidad que ostentan las élites, que, aunque están detrás de las peores tragedias que padece la nación parecen pasar incólumes frente a la historia y a la jurisdicción. Mientras las condenas que emergen de los despachos judiciales se multiplican contra los delitos de menor impacto, los financiadores y determinadores de los peores vejámenes al pueblo Colombiano siguen posando en completa impunidad.

Es por todo lo anterior, que el fallo al señor Álvaro Uribe Vélez es un hito histórico. La valerosa jueza Sandra Heredia puede haber marcado el inicio de una sucesión de decisiones judiciales en contra de los intocables; que hasta hoy posiblemente creían que el Código Penal era una ley que solo cobijaba a los más débiles. El anuncio del fallo es un símbolo a la ignominiosa espera de miles de víctimas para que hubiera un asomo de justicia en contra de una persona al que parecía estar por encima de la institucionalidad del país,  Ojalá, esta decisión sea un acto para que la dignidad de la justicia se imponga como componente fundamental e imprescindible de la democracia.