27 de abril de 2023

Por: Arleison Arcos Rivas

La política colombiana, dirigida desde la arrogancia del dinero y las posiciones sociales clasistas, no pasa de ser un juego de tronos. Emperatrices y reyezuelos diseñados al capricho de partidos tradicionales, sin mayor interés por los asuntos públicos, defienden a morir sus negocios, mientras se sientan a manteles con emisarios gremiales y corporativos para seguir repartiendo la torta, a contracorriente del querer ciudadano.

Evidente en el persistente sistema extorsivo con el que se adelanta el bloqueo al trámite de la reforma a la salud, los barones y las baronesas electorales están acudiendo a prácticas cuestionables y malintencionadas asociadas a ejercer presión indebida sobre senadores y representantes e incluso aspirantes a alcaldes y gobernadores, de cara al próximo periplo electoral. El juego pérfido que demanda una inusitada disciplina de bancadas, ante las manifestaciones de rebeldía por parte de miembros que decidan apoyar las iniciativas de gobierno incluso en los primeros trámites del debate parlamentario, pretende convertir a los representantes en peones decisionales.

Pese al inicial cuestionamiento, el presidente Petro y la vicepresidenta Márquez ampliaron el espectro político para armar una coalición de gobierno que, incluso con cortapisas y contradicciones, pasara las reformas anunciadas y votadas en campaña. Sin embargo, muy temprano se dejaron sentir desde sus tronos los coscorrones, las voces chillonas y las salidas altisonantes que anteponen las fajillas de billetes y el caudal de negocios que acrecientan su patrimonio y el de sus familias, por sobre las urgencias en la garantía de derechos para el grueso de la ciudadanía.

La consecuencia: en un pésimo cálculo de poder llevaron al ejecutivo hasta el límite de romper la coalición de gobierno, incrementando la incertidumbre por la salud de las reformas, al tiempo que se eleva la zozobra por una nueva y posible reacción violenta de la gente que pueda sentirse engañada.

Debe recordarse que, dos años atrás, buena parte de las ciudades del país se sorprendieron con la activa manifestación popular instalada en la calle de manera duradera. El peso de la movilización ciudadana, denominado por algunos como un “estallido social”, rompió con todo pacto de silenciamiento de las mayorías en este país.

Dos años atrás, los muros se llenaron de voces airadas, demandando de las instituciones estatales la atención a reivindicaciones aplazadas por largo tiempo, en muchos territorios y para muchas poblaciones y sectores. Jóvenes, mujeres, defensores y defensoras de las infancias, grupos étnicos, educadores, artistas y muchas otras expresiones sociales, políticas, económicas y culturales organizadas y autoconvocadas, sostuvieron por meses la agigantada protesta popular que culminó con la elección del primer gobierno alternativo o de izquierda en el país.

Dos años después, los jefes de los partidos tradicionales se quitan la máscara para dejarse ver como lo que han sido y pretenden seguir siendo: el bastión político de las clases dominantes, bajo la ideología del lucro y el credo de la acumulación de dinero.

Quienes juegan a que las reformas no pasen o resulten insulsas, deben tener cuidado: Que el pueblo colombiano es un león dormido y hambriento; ya ha quedado comprobado. Intentar herirlo, atacando sus expectativas y condicionando el avance en las transformaciones y cambios, no sólo puede provocar su radicalización sino romper de nuevo el sello de su tranquilidad y accionar pacífico, condenando al país a nuevas acciones violentas, de consecuencias insospechadas.

Si bien las democracias no han podido resolver el problema de las hegemonías políticas, toda vez que los cuadros representativos se expresan en los escenarios decisionales articulando mayorías en defensa de intereses corporativos que no consultan necesariamente el interés colectivo; quienes las constituyen deben considerar con mesura lo que implica provocar el malestar popular controlando y cercenando la marcha de las pretensiones reformistas y las aspiraciones de la gente por la transformación de sus condiciones.

Si la democracia misma expresa una disputa por la acción política y sus resultados, la búsqueda de entendimientos amplios y no la restricción decisional debe operar en favor de los subordinados y los grupos habitualmente dejados al margen. Por ello, pretender que públicos ansiosos de políticas e inversiones que contribuyan a mejorar el reparto de bienestar y desescalen los factores que incrementan sus malestares y desgracias permanezcan callados y quietos, es insensato.

Ojalá que la confección de un nuevo gabinete ministerial de fuerte vínculo con los movimientos políticos articuladores del Pacto Histórico, convoque a la sensatez a los partidos tradicionales que, ahora fuera de las carteras ministeriales, se quedan sin oxígeno en el ejecutivo y sin el control de las grandes partidas destinadas a las inversiones regionales y sectoriales que suelen amañar con contratos para su beneficio.

Ojalá que el congreso entienda que no es un cuerpo pasional e impulsivo, como tampoco los representantes son vasallos de barones y baronesas electorales, ni simples emisarios corporativos y gremiales.

Ojalá que los partidos, advertidos por aquella emblemática espada, entiendan que el pueblo no es un enemigo vencido.

Ojalá que este momento de confrontación política y expectativa movilizatoria, en lugar de encender la hoguera del ánimo popular, active en el electorado su preocupación por la importancia de acudir a las urnas en los diferentes comicios para influir en la orientación de las asociaciones políticas y sus determinaciones, rompiendo incluso con la inveterada tradición de legitimar a reyezuelos electoreros entronizados a perpetuidad como jefes de los partidos.