¡Cifras que no coinciden!

Por: John Jairo Blandón Mena

De conformidad con el informe especial sobre el asesinato de líderes sociales publicado la semana pasada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde el pasado 7 de agosto de 2018, día de la posesión del Iván Duque, se han perpetrado en Colombia 573 homicidios de personas que ejercen liderazgo social y protegen los derechos humanos. Aunque son absolutamente inanes los comparativos que sobre cantidad de muertes suelen hacerse entre dos periodos de tiempo, por cuanto, la existencia de una sola de ellas debería generar cuestionamiento a las políticas públicas sobre protección a la vida. Se resalta que durante el periodo análogo del gobierno Santos ocurrieron 114 decesos violentos menos a líderes sociales, un dato que controvierte lo que plantea oficialmente el staff de derechos humanos de la Presidencia, en el sentido que, durante los casi dos años de corrido de este cuatrienio gubernamental, se han reducido los asesinatos de estas personas en un 25%.

Hay una disparidad en las cifras de mortalidad de líderes sociales, pues, no coinciden las planteadas por respetables ONGs con las que esboza el Gobierno. La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, que, entre otras cosas, está liderada por una mujer sub júdice por vínculos con grupos paramilitares, planteó recientemente en un documento denominado “Informe de homicidios contra líderes sociales y defensores/as de derechos humanos en Colombia”, que, de enero a junio de 2020, esa dependencia ha confirmado y verificado 37 asesinatos, y que de ellos, se presentaron 27 durante la pandemia; tiempo en el que Indepaz afirma han caído 95 líderes. No deja de sorprender, que la funcionaria en cuestión, se atribuya para sí una competencia judicial, como es la de verificar y confirmar las sucesivas vulneraciones a la vida de quienes defienden los derechos de la colectividad y desarrollan acciones en beneficio de sus comunidades.

Constitucionalmente, debe ser el aparato judicial el esclarecedor de estos hechos homicidas, pero en este caso, el actual fiscal tiene una posición que esgrimió el pasado diciembre, cuando fungía como cabeza de la consejería citada, y es que en Colombia no se puede hablar de sistematicidad en los homicidios de los líderes sociales, por cuanto, cada uno tiene su particularidad. Esta concepción absolutamente contraria a la realidad del país, y que ha sido desvirtuada por reiterados estudios jurídicos, como el de “Acciones de protección y prevención para los defensores de Derechos Humanos en Colombia” adelantado por la Comisión Colombiana de Juristas y coordinado por el sociólogo Camilo Bonilla, que indicó la existencia de la sistematicidad que niega el actual fiscal y varios funcionarios del gobierno, en la concurrencia de cinco factores en los eventos criminales: 1. La naturaleza del fenómeno, 2. el tipo de víctimas, 3. el tipo de victimarios, 4. el modus operandi y; 5. la espacialidad de los crímenes. Concluyó la serísima indagación, que en 343 casos que fueron analizados entre 2016 y 2018 se encontraron esas coincidencias, que determinarían para cualquier operador judicial que en Colombia estamos ante la eliminación sistemática violenta de los líderes sociales.  

La razón de este genocidio en palabras de Francia Elena Márquez Mina, reconocida defensora de los derechos de las comunidades afrocolombianas en el Norte del Cauca, y quien en mayo de 2019 sufrió un atentado con granadas y armas de fuego cuando se encontraba en el municipio de Santander de Quilichao junto a otros activistas y líderes sociales, es la defensa del territorio y la participación directa en los procesos de construcción de paz. Sin duda alguna, la negación de este gobierno a implementar los acuerdos de paz, especialmente, en lo relacionado a la reforma rural integral, a la participación política y a la resolución del problema de  los cultivos de uso ilícito han puesto una sentencia de muerte a quienes en los territorios ejercen desde su liderazgo oposición a proyectos extractivitas y expoliadores, denuncia a autoridades locales, procesos de restitución de tierras, acciones de sustitución de cultivos, defensa de derechos de poblaciones vulnerables y promoción del proceso de paz.

A todo lo anterior subyace, una importante ausencia estatal en los otrora espacios ocupados por la FARC, la presencia oficial se restringe a lo militar y represivo, y tal como lo informó Alberto Brunori, representante de Derechos Humanos de la ONU en el país, el avance para establecer una mayor presencia de autoridades civiles en las zonas de confrontación ha sido lento. Esa omisión irresponsable del establecimiento, al igual, que la probada responsabilidad de las fuerzas militares en numerosos casos de violencia en contra de civiles han sido factores, que sumados a la operación de estructuras criminales imponiendo su ley en los territorios han venido aniquilando los liderazgos sociales y comunitarios.

Adenda: Hace poco se cumplió un año del asesinato de la líder social y comunitaria María del Pilar Hurtado en Tierralta (Córdoba); quien luego de ser asesinada, su cadáver quedó en la calle y su hijo de nueve años se volcó en llanto sobre él en una escena dantesca. Hasta ahora, el único pronunciamiento al respecto ha sido una sanción disciplinaria al alcalde de Tierralta (Córdoba) por parte de la Procuraduría por omisiones en el control del orden público de la municipalidad que habrían facilitado el crimen.