6 de octubre de 2022
Por: Arleison Arcos Rivas
Los desafueros y la impertinencia de la derecha opositora en Colombia resultan rayanas con la estulticia y la mendacidad. Ante la decidida reactivación de los diálogos para negociar la paz con el ELN, las declaraciones de Paloma Valencia elevan una talanquera de cese al fuego unilateral que resultaría infranqueable con esa guerrilla, mientras la incendiaria senadora María Fernanda Cabal insiste no en el diálogo sino en el combate a esa agrupación. Ante la evidencia, queda claro que la oposición sigue jugando a hacer trizas la paz, tal como insistieron en hacer cuando fueron gobierno, mientras la nueva administración se empeña con ahínco en hacer trizas la guerra.
El primer movimiento en ese propósito, insiste en una sana institucionalidad para la paz. Desde su curul como Senador, Gustavo Petro defendió la necesidad de que el país avanzara hacia una rigurosa implementación de los acuerdos de paz con las extintas FARC, compromiso incumplido por el mandatario Iván Duque. De igual manera, como Presidenta del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, Francia Márquez planteó la urgencia de desinstalar la guerra y “pasar la página de la violencia” en el país. Hoy, con todas las evidencias de lentitud, desatención, desajustes, omisiones, raponeos y ligerezas en el manejo de los recursos para la paz, se anuncia una reingeniería completa a las instituciones ejecutoras de los proyectos que se han implementado y que han sido objeto de fuertes señalamientos por corrupción.
De hecho, un informe del Monitor Ciudadano de la Corrupción lanzado por Transparencia Colombia, identifica desde 2020 serios riesgos de podredumbre en la implementación de los acuerdos de paz, especialmente en los PDET y PNIS, afectados por la acción purulenta de una red de funcionarios cacos, de diferentes entidades estatales, que se habrían apropiado de más de 500.000 millones de pesos. según denuncias hechas por Valeria Santos y Sebastian Nohra, periodistas de la Revista Cambio.
Recomponer la ejecución de los recursos que con avidez capturó la anterior administración en diferentes escenarios internacionales, recuperar lo que se pueda de lo robado y reinvertir lo poco que queda disponible, parece urgente para apuntalar acciones de varios de los capítulos pendientes por desarrollar en los Acuerdos, entre ellos, el capítulo étnico, que esta semana ha recibido el espaldarazo de la administración Biden, con nuevos recursos para su implementación en favor de las víctimas.
El segundo gran movimiento para hacer trizas la guerra en el gobierno del Cambio se ha concentrado en distensionar las relaciones con guerrillas y grupos armados organizados, buscando diferentes escenarios para avanzar hacia la paz total.
Con el ELN, se ha firmado esta semana un acuerdo por el que se decide reinstalar la Mesa de conversación con sus respectivas delegaciones, retomando los avances en la agenda del 2016 que quedaron en el congelador al que los sometió el gobierno Duque. En la primera semana de noviembre se debe concreta la nueva ronda de diálogos, con una significativa participación de la sociedad en este proceso de “cambios que necesita Colombia para construir la paz”.
La derecha ha elevado nuevamente pastosas críticas contra el gobierno venezolano que figura como garante, junto a Noruega y Cuba, insistiendo en tildar de dictador al Presidente Nicolás Maduro. Esta es una postura que en nada contribuye a canalizar el nuevo aliento que el país espera darle a la salida negociada del conflicto armado, pues lo que se impone es agilizar la negociación de la dejación de armas y la reincorporación de las guerrillas al ahondamiento de la democracia, mientras se instalan los requeridos procedimientos de verdad, justicia, reparación, no repetición y memoria, tal como ocurre hoy con el antiguo Secretariado de las FARC.
Un tercer eje sobre el que se construye la operación hacer trizas la guerra resultará mucho más complejo y requerirá del gobierno Petro – Márquez y su Comisionado de Paz dotes de meticulosos cirujanos, dado que deberán diseñarse estrategias novedosas para dialogar y establecer compromisos de sometimiento integral a la justicia, con ofertas flexibles de acogimiento y dejación de acciones criminales, mercenarias, e incluso asociadas al tráfico de narcóticos por parte de disidencias, grupos armados organizados, paramilitares y narcotraficantes que han manifestado su intención de acogerse al llamado de paz total.
Si bien ayer mismo empezó la discusión de las propuestas de modificación a la ley 418, presentando los mecanismos con los que se espera afinar la política gubernamental de paz y avanzar hacia la rendición y capitulación de una enrevesada pluralidad de agrupaciones armadas al margen de la ley con presencia en diferentes territorios del país, queda por verse en qué condiciones y bajo qué acuerdos políticos deberá establecerse el margen de interacción de los equipos que parlamentarán con estas organizaciones.
Este asunto no es nada fácil, pues deberán evitarse situaciones escandalosas que se han presentado en otras ocasiones en las que diferentes criminales han aprovechado el contexto de las discusiones para asentar pactos y acuerdos irregulares como los de El Ralito, desarmar a ficticias unidades beligerantes como la “Cacica Gaitana” que metió en líos judiciales a Luís Carlos Restrepo, y sonados despropósitos en procesos de sometimiento a la justicia, como el de Pablo Escobar Gaviria.
Enfrentar el enrarecimiento que el narcotráfico genera en estos prometidos diálogos, no será cosa menor, como quiera que ese negocio pesa significativamente en la economía nacional, opera en dinámicas transaccionales internacionales, se expresa en facciones multicrimen irregulares que no persiguen fines comunes, y congrega a fuerzas violentas de muy distinto orden, nacionales y trasnacionales.
En últimas, el propósito de poner a punto los diferentes componentes de la paz total implicará del gobierno, del legislativo, de los gremios, de las corporaciones y del conjunto de la sociedad colombiana el levantamiento de compromisos sociales, políticos y económicos que hagan sostenible lo pactado, conjurando de una vez por todas la guerra que, ojalá, parece que podría hacerse trizas en Colombia.
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