2 de noviembre de 2023

Por: Arleison Arcos Rivas

En Colombia, gobernar la opinión ha resultado imposible. Así parece, luego de que, por varias semanas anteriores a las elecciones, tanto la Procuradora Margarita Cabello, como el Fiscal Francisco Barbosa, ocuparon los micrófonos y cámaras de los medios corporativos difundiendo mensajes alarmantes con los que anunciaban elecciones impetuosas, cargadas de afrentas al poder decisional ciudadano, temores que jamás se configuraron.

Desde anuncios de que actores armados estaban imponiendo candidatos para las elecciones regionales, que resultaron falsos, hasta cifras insidiosas elevando a “más de a mitad del país” las manipulables alertas de riesgo electoral. Incluso se anticiparon a calificar cono fracaso la estrategia gubernamental para recompensar a quienes denunciaran actos de corrupción electoral.

En un país turbulento, con un conflicto armado que no cesa y actores multicriminales dispuestos a meter su mano al servicio del mejor postor, provocar sobresaltos desinformativos no resulta sensato. Menos, cuando la misión de estos organismos nacionales es vigilar, investigar y acusar a quienes incumplan, violen o alteren las garantías constitucionales, legales y reglamentarias que atenten contra los intereses colectivos; asegurando, además, la acción preventiva y efectiva de los organismos y funcionarios públicos.

Por supuesto que son intolerables, desproporcionados e injustos, los hechos violentos que generaron muertes en Gamarra, así como las amenazas, ataques y asesinatos de candidatos en diferentes territorios, por motivos que las autoridades deben esclarecer. Sin embargo, resulta descabellado fiscalizar al gobierno utilizando la capacidad de influencia de las altas instancias estatales para despotricar y alterar la percepción pública respecto de los problemas reales del país.

Descuidando sus obligaciones constitucionales, los funcionarios mencionados se han mostrado frecuentemente exaltados y desacomedidos, calificando y conceptuando irrespetuosamente, sin que sean percibidos como sujetos mesurados que aplican y reclaman sindéresis en sus participaciones comunicativas, de modo que aporten a la seguridad, tranquilidad y orden que resultan garantes de los derechos y obligaciones de las y los nacionales y residentes en el país.

Queda en evidencia el Fiscal General de la Nación cuando sale a los medios a opinar con timo, mezclando en sus declaraciones diferentes asuntos para tirar sus frecuentes sablazos al gobernante. Curiosamente, contrario a lo que pretendía, sus propias palabras le dejan mal parado, pues en pleno día de elecciones aseguró que ve “una sensación de impunidad, de que la gente cree que puede hacer lo que se le da la gana en el país, la gente cree que en Colombia es posible delinquir y después sentarse en una mesa y discutir las condiciones del sometimiento, pero no del delincuente sino de las autoridades”.  Queriendo hacer quedar mal a la actual administración nacional, acrecentó la opinión sobre la impopularidad de un fiscal acusado de no perseguir a la delincuencia por andar dedicado a la preparación de su próxima candidatura.

En el mismo talante, la Procuradora General de la Nación ha salido insistentemente a anunciar en radio, prensa, televisión y plataformas premoniciones y conjeturas que, una vez pasadas las elecciones, no les han valido mayor reconocimiento a las autoridades electorales ni al gobierno. De hecho, de modo mezquino afirmó que “decir que fue un proceso electoral totalmente en paz, no es del todo cierto”, siendo indiscutible que hemos superado los balances nefastos de otrora, cuando no podía llegar el material electoral a ciertos territorios, no se abrían puestos de votación, ni se realizaban las elecciones por atentados, boicot, e incluso amenazas a los jurados.

Más que evidente, el papel de todas las ramas de la fuerza pública en eventos de tanta magnitud como un certamen electoral debe extremarse para proveer seguridad al elector y a quienes se candidatizan, conteniendo y eliminando toda amenaza al querer público. Tal vez por hacerlo bien, en esta ocasión, los actos violentos y las situaciones de constreñimiento al elector por parte de actores armados, menguaron. De hecho, si se revisan las noticias de comicios anteriores, sobresalen el crimen dantesco ocurrido en Gamarra y el asesinato de un candidato; asuntos que, si bien enlutan a sus querientes y empañan el proceso decisional, quedan a la espera de la actuación diligente de la Fiscalía.

Lo patético del proceso electoral que hemos vivido es que, tanto el Fiscal como la Procuradora han resultado mediocres para contener la voracidad de las casas políticas locales y regionales. Siendo manifiesta la actitud decidida de los clanes clientelares y agencias electorales interesados en acaparar, a altos costos, la torta burocrática y presupuestal, la labor preventiva, de vigilancia, persecutoria y sancionatoria de estos dos organismos resulta pálida hasta ahora, sin que los medios parezcan interesados en afinar sus críticas por tan bajos resultados.

Más allá de que las y los funcionarios puedan opinar, lo que debería resultar coherente es que acudan a los medios para consolidar la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Sin embargo, en nada resulta responsable, para el gobierno de las opiniones, que las mismas acudan a las creencias infundadas y las posturas intolerables, con piso ideológico, antes que soportadas en la atenta solvencia del buen juicio.