Por: David Jair Angulo Cabezas[i]

El presente escrito realiza un análisis sobre la forma en que se ha abordado en América Latina el problema de las drogas, para lo cual se propone inicialmente revisar los instrumentos jurídicos que han permitido el diseño de una estructura para la puesta en marcha de políticas institucionales en el marco de la gobernanza regional. Así entonces, en los procesos de globalización actuales no se tienen en cuenta únicamente a los actores del Estado como ocurría anteriormente, sino que dada a las actuales dinámicas de las relaciones internacionales se optado por desarrollar mecanismos de cooperación con otros actores tanto formales como informales para materializar el “objetivo de generar una gobernanza global y regional eficaz” (Dangond, 2014, p. 201).

En ese orden de ideas, para tratar el tema de las drogas, Dangond propone utilizar los conceptos de la gobernanza de la seguridad y los diferentes niveles sistémicos como: nacional, internacional, y transnacional; ya que servirán de base para el planteamiento de las nuevas estrategias para enfrentar el problema de las drogas a nivel global y regional. Por ello se propone en primer lugar, repasar los principales instrumentos globales referentes al tema de las drogas y su incidencia en el desarrollo de la gobernanza global; para luego hablar de las estructuras de gobernanza multilaterales a nivel latinoamericano en materia de lucha contra las drogas y el narcotráfico y, por último, hacer mención al conglomerado de concepciones o propuestas que se han desarrollado en la región sobre la forma como se debe afrontar tal lucha.

Frente al primer punto que se plantea, es menester mencionar que la revisión bibliográfica respecto a los instrumentos y la legislación internacional cobra claramente importancia en los años sesenta, época en la cual se empezó a ver con preocupación el tema de las drogas y narcóticos. Pero es indeleble dejar claro que el consumo de drogas y demás sustancias psicoactivas se presenta desde tiempos remotos, incluso antes de cristo. Escohato (2005) (citado por Dangond, 2014) manifiesta que, “la movilización internacional prohibicionista ganó fuerza en Estados Unidos también a principios del siglo pasado. Alertado por el gran número de adictos a las preparaciones opiáceas y a la morfina, el Congreso americano creó un Comité para estudiar el problema”. Fue así como en el año de 1961 se creó la convención única sobre estupefacientes y demás convenios motivados por la preocupación de la salud pública, donde se tuviera la oportunidad de bridar tratamiento y rehabilitación al drogadicto y disminuir los riesgos de las posibles amenazas transnacionales generadas por las tensiones fronterizas debido al tráfico y la extensión de cultivos ilícitos.

Es en ese sentido que, las principales estructuras de gobernanza multilaterales pueden tener un carácter unilateral, bilateral o multilateral, para el caso de América, es fundamental referir que la primera tiene que ver con los actores estatales determinantes; la segunda se relaciona con los mecanismos de cooperación militar y defensa; la tercera si involucra a las instituciones e instrumentos relativos a temas específicos en los niveles regional y hemisféricos; pero imperioso dejar claro que esta hecatombe sin duda alguna se debe abordar desde estructuras unilaterales, y quien ha liderado el tema desde la década de los setenta ha sido Estados Unidos. País que ha ubicado a la región andina (Perú, Bolivia y Colombia) como los principales productores de marihuana, cocaína y amapola; razón por la cual en su lucha contra los narcóticos y los traficantes de drogas decidió ‘’ayudar’’ a dichos países US$ 2.000.000.00, lo cual le bastó para establecer mecanismos de certificación unilateral donde con criterios políticos calificaba positiva o negativamente a los Estados en su lucha contra los narcóticos.

Pero con la llegada del neoliberalismo y la tolerancia al modelo de libre mercado, los Estados perdieron mucha fuerza en sus intervenciones, lo cual genero una incompatibilidad entre modelo prohibicionista de los Estados Unidos y las intervenciones de los Estados respecto a la regulación del mercado que posibilitaba la circulación de narcóticos, tanto así que Estados Unidos perdió aceptación entre los Estados de América a excepción de Colombia y Perú. En medio del caos surgió el Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas y sus delitos Conexos de 2001, al igual que la Organización de Estados Americanos – OEA-, constituida en Bogotá en 1948, la cual emergió con el propósito de defender las democracias y garantizar la seguridad en la región, y para el año 1986, los Estados latinoamericanos y del Caribe deciden crear el grupo de Río, donde su principal interés es contribuir a la superación de las drogas. Luego, en 1991 surge el Mercado Común del Sur – Mercosur-, para 2008 se constituye la unión de Naciones Suramericanas – Unasur-. Todas las estructuras que se han creado para combatir el flagelo de las drogas y el narcotráfico han sido ineficaces y los instrumentos y la arquitectura orgánica no han cumplido con su propósito de disminuir sustancialmente el consumo y la producción de narcóticos.

Frente a las diferentes concepciones o propuestas que se han desarrollado en la región sobre la forma como se debe afrontar la lucha contra las drogas, es indeleble referir que todos los países del continente han sido afectados en alguna medida por el tráfico de drogas, es decir, ha estado involucrado en alguna parte de la cadena de producción. Unos producen la materia prima, otros son consumidores y casi todos constituyen corredores geográficos para la exportación. En ese sentido, los Estados que más protagonismo han tenido en esa materia son Uruguay, Guatemala, Colombia y México.

Finalmente, se concluye que la ambigüedad metodológica, política y técnica para combatir la droga y con ello la violencia que esta genera, implica sin duda alguna reformular los mecanismos implementados para tal fin, donde se piense con claridad una política pública que integre de manera transversal la despenalización, legalización, descriminalización y la liberación de las drogas, ya que los países más afectados por este fenómeno, son los que han experimentado por mucho tiempo un conflicto interno y la agudización de las problemáticas históricas de exclusión social, cultural, económica y política.

[i] Trabajador Social y Magister en Estudios Políticos, estudioso y apasionado de las políticas públicas, defensor y conocedor de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y de los derechos territoriales de las comunidades étnicas, como también, un facilitador   de   prácticas   de transformación positiva de los conflictos, que permita entre otras cosas, reconstruir el tejido social y fortalecer la organización comunitaria.