Genocidio a excombatientes y estocada a la Paz

Por: John Jairo Blandón Mena

Llegó el pasado sábado a Bogotá desde el municipio de Mesetas (Meta) la primera caravana conformada por 250 excombatientes de las FARC, que se movilizan en protesta por el exterminio sistemático de sus compañeros y por la falta de voluntad política del Gobierno en la implementación de los acuerdos suscritos con esa organización. Y, hasta antier domingo, siguieron arribando otras delegaciones desde los distintos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ubicados en diferentes partes de la geografía nacional, para unirse en un acto de protesta en la Plaza de Bolívar. 

Es un hecho inédito en la historia del país, que cientos de excombatientes de una guerrilla alzada en armas en contra del establecimiento, decidan movilizarse en el marco de la Constitución para exigir el cumplimiento del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto, dentro del cual, precisamente, se encuentran las garantías de protección a la propia vida de los firmantes hoy movilizados.

236 excombatientes acogidos al proceso han sido asesinados desde que Juan Manuel Santos, por un lado, y Rodrigo Londoño Echeverri “Timochenko” por el otro, estamparon sus firmas sobre el acuerdo el pasado 24 de noviembre de 2016. Al igual que, con los líderes sociales, los defensores de derechos humanos y los reclamantes de tierras, los otrora miembros de las FARC en armas vienen siendo desaparecidos en un proceso solamente comparado con el inicio del genocidio de la Unión Patriótica.

El Gobierno y la Fiscalía, en la misma línea de acción, han calificado que no hay sistematicidad en estos hechos, tal como lo expresan para las masacres (que ya van 70 este año), y para los homicidios de líderes sociales (que ya van 238 en lo que va corrido de 2020). Por un lado, Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización, afirma que desde el Gobierno se está haciendo “lo que corresponde para proteger e incrementar los niveles de protección de los excombatientes”; y por su parte, la Fiscalía creó un grupo de investigadores para esclarecer estos homicidios, que de manera expedita ha expresado recientemente que en estos eventos se presenta “una multicausalidad en los crímenes  y que no se ha detectado un patrón específico sobre los responsables o móviles de los asesinatos”; lo que casi equivaldría a decir, como en su tiempo lo señaló el exministro de Defensa Luis Carlos Villegas refriéndose a las muertes de líderes sociales, que los asesinatos son por “líos de faldas”.

Desde luego, que se equivocan deliberadamente unos y otros, estos homicidios son premeditados y hacen parte de un plan orquestado para aniquilar la implementación de la Paz. El asesinato del excombatiente Dimar Torres, el 19 de abril de 2019 por parte de militares que aceptaron sus cargos y ya fueron condenados, es una prueba que hay sectores oscuros en la oficialidad, que deberían ser investigados por esos hechos sistemáticos, situación que no ocurrirá mientras la Fiscalía sea un apéndice del Gobierno.

Mientras todo esto ocurre, los acuerdos están más en el camino de pulverizarse que de implementarse, y al parecer, el cometido uribista y misión impuesta a Duque de “hacerlos trizas” es más una realidad que una ficción. Solo pongo como ejemplos algunos hechos para evidenciarlo, la pretensión de la bancada oficialista en el Congreso durante las discusiones del presupuesto de dejar desfinanciada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La no inserción de alrededor del 80% de los excombatientes en algún proyecto productivo. El enfoque más en la erradicación que en la sustitución que convirtió en un fiasco el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), dejando a más de 100.000 familias que estaban dentro del programa sin soluciones. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETS) solo se han concretado en documentos técnicos y se han limitado a desarrollar obras pequeñas que no generan transformación en los territorios azotados por la violencia del conflicto, y no han avanzado en la entrega y formalización de la tierra de los campesinos que continúan padeciendo sus condiciones históricas de empobrecimiento. Lo anterior sin ahondar, en la expansión de las estructuras paramilitares a las antiguas zonas controladas por las FARC, y la total desprotección a las expresiones de oposición política, criminalizadas a lo largo y ancho del país.

Por eso, mientras los sectores que han azuzado la guerra se empeñan en perpetuarla, hoy, con la propuesta de un referendo planteado por Álvaro Uribe Vélez, en el que plantea fundamentalmente derogar la maltrecha JEP, única garantía del esclarecimiento (parcial, por la no concurrencia de los civiles y agentes del Estado) de los hechos acontecidos durante el conflicto armado; debemos los sectores que defendemos la Paz responder con contundencia y legitimidad en movilización social para evitar que continúen corriendo los ríos de sangre en campos y ciudades de Colombia.

Imagen tomada del entierro de desmovilizado Alexander Parra en Mesetas, Meta. (CRÉDITO OBLIGATORIO: Partido Farc)