Fiscalía con agenda política

Por: John Jairo Blandón Mena

La Fiscalía General de la Nación con tan solo 29 años de existencia en Colombia, transita por uno de sus peores periodos, superando los funestos de Luis Camilo Osorio, quien como cabeza del ente acusador favoreció con sus actuaciones al paramilitarismo (hechos por los que cursa una investigación en la Comisión de “Absoluciones” del Congreso de la República), o la de Mario Iguarán Arana, que, según un cable filtrado por WikiLeaks y corroborado por declaraciones de Salvatore Mancuso, su elección como fiscal fue comprada por 2.67 millones de dólares por grupos paramilitares, o inclusive, la de Néstor Humberto Martínez, quien tuvo que renunciar a mitad de su periodo por la presión popular, a causa de sus evidentes conflictos de intereses, por haber sido abogado y asesor en las artimañas y tretas que él bien conoce, de personas y empresas con eventual responsabilidad penal en varios de los casos neurálgicos de la entidad en su momento y ahora: de El Grupo Aval (Dueño de Episol, sociedad que participó directamente en el contrato con Odebrecht) y del empresario Carlos Mattos.

El actual fiscal, desde antes de posesionarse, cuando fungía como Consejero de Duque para los Derechos Humanos, negó la existencia de una sistemática eliminación de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las FARC en Colombia, a pesar que, en lo corrido del actual gobierno, entre los unos y los otros ya suman más de 500 decesos. Ahora, siendo Fiscal General, continúa negando la sistematicidad de esos homicidios, y los resultados en su esclarecimiento son precarios; razón por la cual, de las más de cinco centenas de asesinatos, la justicia solo ha proferido 33 sentencias condenatorias, según informe de la propia entidad del pasado 20 de agosto.

De las 267 personas asesinadas en 67 masacres este año, el señor Francisco Barbosa Delgado no ha musitado, salvo cuando hace unas semanas se comprometió ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en que tendría para muy pronto resultados en investigaciones sobre masacres en Colombia. Anunciando investigaciones exhaustivas se pasa la entidad, y cada vez, la barbarie cobra más muertos y la impunidad campea.  Entretanto, para lo que sí es eficaz la cabeza del órgano de investigación criminal, es para reafirmar y ser portavoz de la diatriba gubernamental. El fiscal viene postulando de manera oficial, sin soporte probatorio y como servil del gobierno, que las marchas populares vienen siendo infiltradas por el terrorismo, y que hay grupos armados organizados reclutando jóvenes para alterar el orden público durante las movilizaciones populares de estos días. Declaraciones que, ponen en altísimo riesgo a quienes se movilizarán con justas razones por tantos hechos que acontecen, empezando por las masacres pasadas por alto en la Fiscalía.

Pero sin duda alguna; el reciente papelón de la entidad que demuestra su genuflexión a los intereses del establecimiento y no al de la justicia tuvo lugar en la audiencia para solicitar la libertad de Álvaro Uribe Vélez. Las varias horas de intervención del fiscal Gabriel Jaimes las dedicó a cuestionar y deslegitimar la labor de la Corte Suprema de Justicia en el caso, a sustituir el papel de los abogados defensores del procesado, a clamar por la libertad de su defendido (no investigado), y a realizar una petición exótica sin absolutamente ningún sustento jurídico, como fue la de declarar nula en la audiencia toda la actuación surtida por la Corte. Dicha postulación fue tan absolutamente extravagante, que le valió un llamado de atención de la Jueza por su desproporción, y que puso en evidencia que la Fiscalía General de la Nación antepone al cumplimiento de su cometido constitucional, la satisfacción de los intereses gubernamentales.

Así las cosas, con un gobierno con intenciones de derruir los cimientos de la construcción de paz, y ante una justicia subordinada no al orden constitucional y legal sino a la agenda política en el poder, nos toca a los sectores populares movilizarnos, tal como lo hace la Minga Indígena, social y Popular, y llegar a acuerdos humanitarios como los que se intentan en algunos territorios étnicos, en procura de generar consensos mínimos que eviten la continuidad de las matanzas en campos y ciudades.

Foto tomada de abcpolitica.com

Sobre el autor

Abogado de la Universidad Católica Luis Amigó. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Especialista en Métodos de Enseñanza Virtual de la Universidad Católica del Norte. Especialista en Estudios Afrolatinoamericanos y Caribeños de Clacso. Magíster en Educación del Tecnológico de Monterrey. Y actualmente Candidato a Doctor en Educación de la Universidad Católica Luis Amigó. Se ha desempeñado como docente universitario. Coordinador del Equipo de Trabajo de Medellín en el Proceso de Comunidades Negras (PCN). Coautor de libro: Debates sobre conflictos raciales y construcciones afrolibertarias. Editorial Poder Negro. 2015.
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