Fábrica de Empalmes, S.A.

21 de diciembre de 2023

Por: Arleison Arcos Rivas

Más que un ejercicio de actuación diligente, los empalmes parecieran un producto prefabricado y chatarra, diseñado para el consumo de información masiva, antes que para respaldar con meticulosidad la conducción de los asuntos públicos y los contenidos de los nuevos planes de desarrollo territorial.

Tal como John Jairo Blandón informa en “empalmes confusos”, reciente columna en DIASPORA.COM.CO, debería imponerse un “carácter técnico y no político” al proceso de entrega de informe de gestión de modo que, al tenor de la ley 995 de 2005, su carácter transparente, minucioso y detallado ligue y armonice las ejecutorias pasadas con las acciones por venir, especialmente en las administraciones locales.

La ley obliga a “titulares y representantes legales, así como los particulares que administren fondos o bienes del Estado [para que] presenten al separarse de sus cargos o al finalizar la administración, según el caso, un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados”. Sin embargo, pese a contar con orientaciones para un empalme exitoso, un proceso institucional que debería llevarse con la mayor disciplina y pulcritud, cada vez más genera resquemores corporativos y alimenta malquerencias partidistas y politiqueras.

Aunque la entrega del cargo se entiende como un “proceso de interés público, de cumplimiento obligatorio y formal, que deberá efectuarse por escrito, mediante acta de informe de gestión”, por lo que se impone la obligación de entregar, recibir y dejar acta constante “sobre el estado en que se encuentran los asuntos y recursos”, las redes y medios se nutren con informaciones tendenciosas, calumniosas, hirientes y antojadizas que develan el carácter caprichoso con el que se adelanta este trámite.

Además de las injurias y expresiones ignominiosas con las que se despiden, son recibidos, o ingresan las y los mandatarios locales, crece la preocupación por el carácter pendenciero, politiquero y antitécnico de las entregas de cargo; evidenciando que a los asuntos públicos se los trata como si fueran cuestiones de la cosa nostra, con tratos de compadrazgo mafioso, cuando el gobernante entrante es de la familia clientelar,  mientras se recela y se desconfía cuando quien llega no pertenece a la casa saliente, ni manifiesta interés cooperante con las maquinarias electoreras, contratistas y rentistas.

Resulta tan escandalosa la omisión, el ocultamiento, la alteración, el encubrimiento, el doblaje contable, y un inusitado número de afrentas y menoscabo de la fe pública en los procesos de entrega, que su sola denuncia debería ser suficiente para que actúen las autoridades disciplinarias, fiscales y judiciales; toda vez que constituyen delitos registrados y cometidos en escritos y documentos públicos, afectando de manera gravísima las funciones encomendadas por la Constitución y la ley a quienes administran bienes estatales, toman decisiones ejecutivas en nombre del público, y definen políticas que comprometen el futuro de la ciudadanía y del ente territorial.

Peor aún, diferentes coordinaciones de empalme y electos salen a los medios a anunciar acciones contra administradores dejantes que se niegan a suministrar información requerida, la esconden o la fraccionan irregularmente, encendiendo la cólera de los equipos receptores, generando suspicacia sobre los oferentes de información, y alimentando la maledicencia e incertidumbre en la percepción de la ciudadanía.

De hecho, que en cada nuevo ciclo administrativo se eleven las alarmas solicitando auditorías fiscales, exponiendo hechos delictivos, sustracción documental, daño en los archivos, mal funcionamiento de equipos especializados, desaparición de claves, desaparición de informes o reportes previos, e irregularidades expuestas en “libros blancos”, revela las maniobras elusivas y voluntaristas con las que se maneja la información pública, en contra del querer público, a pesar del imperativo de “mantener permanentemente actualizados sus registros, controles y demás documentación relativa a su gestión”.  

Mientras las salientes se excusan, las administraciones entrantes acusan. Alegatos de malversación, despilfarro, déficit, sobrecostos, compromisos de vigencias, desatención tributaria, nóminas paralelas, crecimiento del gasto, burocratización, entre muchos otros, sobreabundan en las quejas y denuncias que anteceden a la posesión de los entrantes.  Entre tanto, los órganos de control, cuya vigilancia debería ser permanente y aplicarse al cuidado riguroso de lo público, ni siquiera hacen pronunciamientos o advertencias que aporten luz en medio de los claroscuros del tirafloje, cuando no rifirrafe por la defensa o percepción de la gestión informada, así la ley le asigne tal potestad.

Por ello los procesos de entrega deberían ser públicos, realizarse en audiencias temáticas informadas y transmitidos por todo medio local o regional disponible, de manera que la mayor cobertura haga énfasis en el sometimiento de los actuantes al rigor profesional, técnico y operativo con el que debe realizarse la función pública, con diligencia y sin menoscabo alguno de los fines del Estado.

Con igual propósito, la administración entrante debe tener mayor responsabilidad a la hora designar a los miembros de la comisión de empalme, elevando la idoneidad y experiencia técnica o administrativa de quienes designa, para que ello sirva de garantía al quehacer público. Tal talante aporta a que no sólo se detecten irregularidades de la administración saliente, sino que también se ponderan los hechos relevantes, alcances y realizaciones que se hilan con la promesa de gobierno, favoreciendo el relacionamiento amistoso con el personal humano que continúa, el reconocimiento de los mejores procesos y servicios en desarrollo, y la oportuna y debida entrega de los bienes y recursos disponibles.

Romper con la fabricación de empalmes resultará imposible mientras se siga considerando que al ejecutivo se llega para avasallar, someter y domeñar desde la posición gobernante, haciéndose a lo público como si fuera un negocio privado o corporativo, a desgreño del querer popular manifiesto en los procesos electorales.

empalmes

Sobre el autor

Arleison Arcos Rivas. Activista afrodescendiente. Defensor de la vida, el territorio y la educación pública. Directivo, Docente e investigador social. Licenciado en Filosofía. Especialista en Políticas Públicas. Magister en Ciencia Política. Magister en Gobierno y Gestión Pública. Doctor en Educación. Cdto. en el doctorado en Ciencias Humanas y Sociales. Es autor y coautor de varios libros y artículos en torno a los estudios de la afrodescendencia. Rector de la IE Santa Fe – Cali.
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