Por: Diana Lorena Montaño Riasco

“No me sigan dividiendo para negarme oportunidades”, repetían manifestantes frente al Departamento Nacional de Estadística (DANE) en el 2019 durante la protesta por la desaparición de más de un millón trecientas mil personas autorreconocidas en el 2005 como negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.  Frente a esta situación, el subdirector del DANE, Ricardo Valencia, expresó que reconocían “los problemas del Censo en la aplicación de la pregunta, (…) problemas operativos y de omisión en la realización de la pregunta”[i]. Sin embargo, el borramiento de un 30,8% de la población afrocolombiana censada en el 2005, no puede adjudicarse inocentemente a un error operativo humano, sino que debe ser reconocido como parte de las estrategias de eliminación sistemática de la existencia de la comunidad negra dentro de la nación colombiana, casi que como una política de exterminio, la cual ha sido denominada por el movimiento afrocolombiano como un “genocidio estadístico.”

En Colombia las reformas censales para mostrar el volumen y características demográficas de la población afrodescendiente se dieron a razón de las presiones del movimiento social afrocolombiano y la influencia de entidades internacionales de cooperación que condicionaron sus préstamos a la inclusión de instrumentos y prácticas censales para hacer visible esta población en el país. Así, se volvió parte de la agenda política colombiana saber cuántos miembros de estas comunidades se encontraban en el territorio nacional, caracterizarlos y establecer sus lugares de vivienda y nivel de acceso a servicios públicos básicos. Por ello, se han adelantado censos en 1993, 2005 y 2018, lamentablemente han tenido enormes limitaciones logísticas, técnicas y no han cumplido a cabalidad las recomendaciones del movimiento afrocolombiano.

De tal manera, en el censo de 1993 el 1,5% de los colombianos se auto reconocieron como afrocolombianos; en el 2005 lo hicieron el 10%; y para el 2018 se redujo la cifra a un 6%. Conviene subrayar, que el declive en el reconocimiento étnico – racial en el último censo recuerda algunas estrategias latinoamericanas en boga entre 1870 y 1940 en el que, en los conteos de la población afrodescendiente, se consolido una herramienta para mostrar el avance racial a través del mestizaje y mantener estas poblaciones como una minoría demográfica. De modo que, los “errores estadísticos” no sólo son producto de dificultades operativas, sino que son factores residuales de la ideología del mestizaje, concretizada en políticas de blanqueamiento promovidas por la elite política latinoamericana desde tiempos coloniales. Concretamente, esta política ha incidido directamente desde el periodo colonial (1550) hasta los tiempos de la república, por ejemplo, “en el siglo XVI se contaba a las personas esclavizadas con fines tributarios, y en 1843 por su aptitud o inutilidad en el trabajo”[ii]; luego, simplemente ya no hubo más información sobre las personas esclavizadas, y mucho menos de sus familias hasta 1993.

No paro de pensar en lo que se esconde detrás de una cifra ocultada, eclipsada u omitida en materia censal, dado que “los censos de población y habitación desempeñan un papel fundamental en la administración pública”[iii], y con ello, en la gestión de recursos económicos para garantizar la distribución y asignación de fondos públicos en la creación de obras de infraestructura, programas sociales, mejoras en la inversión en salud y educación y ampliación del acceso a servicios básicos. Estos “errores censales adrede” han sido a lo largo de la historia la táctica para ocultar la desigualdad e inequidad afrontada por las personas africanas esclavizadas y sus descendientes en Colombia, y con ello, evitar la concreción de políticas sociales que mejoren la calidad de vida de esta población. Toda una estratagema digna de un estado racista y capitalista.

Esta realidad debe importar no sólo a los afrocolombianos sino a la población colombiana en general, en tanto, con el etnocidio censal están en juego los derechos colectivos de las comunidades afrocolombianas, su autonomía y su pervivencia, y con ello, las garantías de bienestar social que ostentan los colombianos. Dado, que esa reducción del 30,8% también concierne a una reducción de la población colombiana, y tal como se indicó en el portal Razón Pública “No es cierto que los errores o demoras en un censo no afecten los demás datos: una diferencia del 10% en la población cambia drásticamente el ingreso per cápita así como la tasa de desempleo, porque cambian los llamados “factores de expansión” (o el peso relativo de cada ciudad, región o zona censal)”[iv]. En mi opinión, vienen cambios drásticos en los indicadores económicos del país, que se verán reflejados en la disminución del ingreso per cápita, en tanto la población ha sido reducida. Así las cosas, nos encontramos en un país con menor riqueza, poca garantía de bienestar social para sus habitantes, y proclive a caer en tiempos de inestabilidad económica, es casi como vivir un país portátil, “en donde ya nada sorprende, viva el crimen indultado o un charlatán presidente”[v]

[i] Noticias Uno https://youtu.be/c4Z2nGDzbQ8

[ii] Rueda, José Olinto. Síntesis de la historia de los censos en Colombia 1550 – 1985

[iii] https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/Population-and-Housing-Censuses/Series_M67Rev2-S.pdf

[iv] https://razonpublica.com/problemas-del-dane-y-censo-2018-como-mejorar-para-el-futuro/

[v] Canción País Portátil de Rubén Blades https://youtu.be/EX_M7MOKaO8