Por: Diana Lorena Montaño Riasco

Nuestros primeros 12 días de cada año, son un tesoro para las tradiciones de comunidades rurales, en tanto marca los pronósticos sobre el devenir de experiencias del año entrante. A este método tradicional de predicción, se le llama cabañuelas, usado antiguamente para predecir el clima, actualmente extendido para presagiar el transcurrir de nuestra cotidianidad cada nuevo año.  A propósito de esta tradición, es irrefutable reconocer que las cabañuelas del 2021 muestran a la sociedad colombiana en estado de emergencia social en que nos encontraremos, dada la desatención de la garantía de la vida en las niñas, adolescentes y mujeres que arrastra el país históricamente, aunado a la abrumante y terrorífica situación que se ha mostrado la pandemia del COVID 19, tal como lo muestra Infobae “En lo que va del año, apenas 12 días, ya se han registrado 13 feminicidios y tres de los casos corresponden a víctimas que no tenían más de 15 años”[i]. Así, a esta calamidad pública, se le suma la visibilización de las victimas menores de edad, quienes están siendo asesinadas sistemáticamente, quedando en la impunidad la mayoría de sus casos, recordemos que en el 2019 “la cifra de homicidios fue de 708. La mayoría de ellos tenía entre 15 y 17 años.”[ii]

Las cifras son preocupantes, sin embargo, no ha habido lugar a una actuación gubernamental ágil y oportuna para afrontar esta situación de feminicidios e infanticidios en Colombia, siendo tan contundente la amenaza de la vulneración del ejercicio y goce de los derechos humanos de las víctimas. Además, los factores estructurales que generan este tipo de violencias permanecen intactos y sin contemplar medidas públicas, jurídicas y mediáticas para romper con los patrones y estereotipos productos del sistema patriarcal que promueve la prevalencia de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Por otra parte, la estructura gubernamental colombiana, insiste en señalar que las acciones que afectan la integridad de las victimas corresponden a acciones individuales, que no son responsabilidad del sistema Estatal, por ende, las acciones para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, continúa siendo limitada y parcializada desde las miradas de las autoridades locales o departamentales, con la jurisdicción para adelantar las investigaciones al respecto.

Para la muestra, en el actual caso de asesinato y abuso sexual a la menor de 11 años, Maira Alejandra Orobio Solís, oriunda de Guapi – Cauca, cuyo cuerpo fue encontrado en los predios de la fundación Hogar Santa Mónica el pasado 10 de enero, se ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para la captura de los responsables del feminicidio e infanticidio, con el propósito de ampliar las oportunidades de esclarecer el hecho. No obstante, a la fecha no se han hecho públicas las decisiones frente a la situación del municipio en materia de estas violencias, y menos aún se ha dado un pronunciamiento con respecto a la revelación de que “hay cierta sistematicidad en la persistencia de violaciones a niñas y jóvenes en nuestro municipio”[iii] según se manifestó en el comunicado del Vicariato Apostólico del municipio. 

De manera que, en Guapi Cauca no es la primera situación que acontece en donde se apaga la vida de un menor o de una mujer, el silencio frente a estos hechos sistemáticos por parte de organismos gubernamentales como la policía y la fiscalía, deja al desnudo, la impunidad en el acceso a la justicia de las víctimas de estas violencias en la investigación penal que se da en estas zonas rurales, que cuentan con precarias o ninguna estructura de acceso a la justicia, herramientas para adelantar investigaciones completas, sancionar a los responsables y reparar las víctimas, tal y como lo solicita la CIDH.

En definitiva, las cabañuelas sociales son contundentes, se requieren definir medidas especiales prácticas, específicas y concretas para proteger los derechos de las mujeres con prioridad, dado que se amenaza de forma grave la existencia de las niñas, adolescentes y mujeres por minuto en Colombia. Así que, entremos en Estado de Emergencia Social Ya, y enfrentemos esta histórica y brutal pandemia patriarcal, de una vez por todas.

[i] En los primeros doce días de 2021 en Colombia ya han asesinado a trece mujeres y niñas – Infobae

[ii] Preocupantes cifras de asesinatos de menores en Colombia en enero – Delitos – Justicia – ELTIEMPO.COM

[iii] Hallan cadáver de niña de 11 años con signos de abuso y tortura, Cauca (pulzo.com)