20 de octubre de 2021

Por: John Jairo Blandón Mena

A los más de 1.200 colombianos que aparecieron en los Panama Papers hace cuatros años con cuentas y compañías offshore en paraísos fiscales, hay que sumarle ahora, los 588 nombres entre personas naturales y jurídicas que revelaron los Pandora Papers en la misma condición. Y, aunque en muchos de estos casos pudiéramos estar frente a la comisión de graves delitos, especialmente enriquecimiento ilícito, lavado de activos o defraudación y evasión tributaria. Aquí pareciera que ni a la Fiscalía ni a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) les significó mucho.  Por un lado, el fiscal tan acostumbrado a shows mediáticos para todo, no pronunció ni una sola palabra frente a los Pandora Papers. Y por otro, el director de la DIAN que apareció en ese listado con una sociedad en Delaware, con una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres, delegó la investigación en Luis Carlos Quevedo, director de Fiscalización de la entidad, quien tiene abiertos en la Fiscalía seis procesos por varios delitos, entre ellos, enriquecimiento ilícito.

Aquí, mientras a un propietario obrero le embargan su vivienda por no pagar el predial, a un pequeño comerciante quebrado le cobran onerosos intereses por la dilación en el pago del impuesto de industria y comercio o, a un asalariado multa por no presentar su declaración de renta, las personas y empresas más enriquecidas del país con maniobras entre licitas e ilícitas ponen sus capitales hechos en Colombia en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Curazao, Aruba, Bahamas, Bermudas, Chipre y tantos otros paraísos fiscales para no pagar un solo peso en el lugar donde consiguieron entre licita e ilícitamente sus riquezas. No obstante, la DIAN mejora y tecnifica los instrumentos y procedimientos para perseguir y sancionar a los pequeños contribuyentes; pero, frente a las grandes riquezas sigue siendo una entidad obsoleta, cuya inefectividad raya con la complicidad.

Capítulo aparte merecen los servidores públicos que aparecen en estos entramados. ¿Son ricos de familia o se enriquecieron en el servicio público?, ¿si son ricos de familia, por qué no se dedicaron a administrar sus negocios y su riqueza? Son preguntas sencillas que generan varias reflexiones. Ningún salario en el Estado da para que un funcionario se haga rico. Ningún salario en el Estado es mayor a lo que generaría mensualmente el simple interés bancario de cualquier riqueza de las reveladas por los Pandora Papers; por tal razón, si estas personas llegaron a las instituciones por vocación de servicio ¿Por qué no lo hicieron desde una fundación o simplemente desde la filantropía? O, lo que es más importante, todos los servidores públicos en cualquier nivel deben diligenciar como prerrequisito a su vinculación la declaración juramentada de bienes y rentas ¿no es una causal de pérdida del empleo omitir información relacionada al patrimonio de quien fungirá en un cargo público? Seguramente, la vicepresidenta olvidó consignar en esa declaración que tuvo una sociedad en Panamá y un negocio en Islas Británicas. Lo olvidó, al igual que hizo con el hecho de contarle al país que tuvo un hermano preso por narcotráfico en Estados Unidos, y esperó a que un periodista independiente lo revelara para salir ella a contarlo.

Es gravísimo que se mencionen varios funcionarios y exfuncionarios públicos en esos documentos. Hay una cantidad grande de enriquecidos y millonarios actuando como ministros, jueces, gobernantes y embajadores (como el embajador de Colombia en China y expresidente de Ferrovías que tiene participación en 3 compañías en las Islas Vírgenes Británicas). Lo que cualquier colombiano piensa, es que buena parte de los 50 billones de pesos que dice la Contraloría se pierden aquí anualmente por corrupción, terminan alojados en paraísos fiscales mientras la nación sigue siendo una de las más desiguales del planeta.