24 de junio de 2021

 

Por: Arleison Arcos Rivas

El marcado crecimiento poblacional de las y los jóvenes en Colombia abre la posibilidad a que las próximas elecciones sean definidas casi exclusivamente por su participación en tal contienda, en un enfrentamiento generacional que podría implicar serias transformaciones del mapa político nacional, pese a la deficitaria participación que despierta nuestro ecléctico escenario electoral, medianamente abstencionista.

En un país en el que el voto no es obligatorio, al potencial de inclusión electoral juvenil se suman otros dos factores que resultan interesantes a la hora de visualizar el comportamiento sufragista factible: si las mujeres y ciudadanos con menores ingresos votaran hacia las opciones alternativas, todo podría cambiar; mucho más si, aunados, se deciden a capturar la máquina representativa y ejecutiva con la misma osadía y virulencia como lo expresan en las redes sociales, en plan de reto estratégico, como se plantaron durante el paro nacional en las calles. Dicho de otro modo, la posibilidad real de provocar transformaciones significativas en la decisión electoral nacional pasa por la activación de mujeres, jóvenes y precarizados; es decir, el nuevo pobretariado.

¿Quién vota?

Con cifras del DANE, se cuenta un Distrito y siete Departamentos que han elevado la tasa de envejecimiento de su población mayor de 60 años: Quindío (70,43), Caldas (69,34), Valle del Cauca (60,28), Risaralda (59,54), Tolima (52,08), Nariño (50,82), Bogotá (50,17), Boyacá (50,13).

Al mismo tiempo, Antioquia (48,73) Santander (44,23), Vichada (10,76), Amazonas (14,31), La Guajira (14,41), Guainía (15,11), Vaupés (16,84), Chocó (20,40), Arauca (20,40), Casanare (20,55), Guaviare (20,72) y Cesar (22,03), expresan una progresión juvenil creciente. Agregados, se suman 12 millones de jóvenes entre 18 y 30 años, que podrían entrar a tomar partido en la contienda electoral, toda vez que representan el 43% de la población nacional.

En Colombia, la cifra de mujeres es un 3% mayoritaria frente a la de hombres. Sin embargo, hay una mayor proporción de estos ejerciendo el voto, especialmente en entornos urbanos. El crecimiento de la población juvenil con formación media y superior contribuye igualmente a esperar una elevada participación informada en futuros comicios, especialmente por el comportamiento generacional asociado a su mayor vinculación a redes sociales y fuentes alternativas de información; pese a que contra ello juega la falta de credibilidad en el proceso electoral (29% entre quienes se ubican en el rango de edad de 18 a 26 años).

Jóvenes, mediaedad y viejos configuran en el país un variopinto escenario en el que la población con mayor edad ha venido asegurando los resultados electorales nacionales registrados; contrario a lo que ocurre con el voto joven en las elecciones locales. Rompiendo el cerco cercano, se puede establecer una distribución etaria del electorado que permita su comprensión, apuntando a diferenciar a nobeles votantes, votantes experimentados y votantes veteranos, usando las cifras recogidas por el DANE. Así, encontramos una nutrida incorporación de posibles nuevos votantes que, si inscribieran su cédula y se motivaran para hacerse contar constituirían el mayor número entre quienes generarían temblores en la composición del electorado nacional.

¿Con quién votar?

Si se considera el factor socioeconómico como factor motivacional, es increíblemente mayor la cifra de personas con bajos ingresos que se acerca a las urnas, evidenciando ser el sector poblacional con menor abstención en procesos electorales. De acuerdo con la MOE, Mientras el 8,1 de los votos expresados en 2018 corresponden a personas con ingresos superiores a 4 salarios mínimos; el 14,7 de sufragios proviene de quienes perciben menos de dos salarios mínimos y el 28,6 del electorado se contabiliza entre quienes ganan menos de 1 salario mínimo.

Siendo que los resultados evidencian continuidad en las opciones electorales afines a la derecha y el eufemístico centro, debe suponerse entonces que tales alternativas logran mover con mayor facilidad al electorado popular por vías y estrategias diferentes a las que utilizan las opciones de izquierda y alternativas que no alcanzan tal adhesión. No obstante, el notorio incremento de la votación nacional por una opción de izquierda en la segunda vuelta de la elección presidencial en 2018 constituye un campanazo de alerta frente a lo que podría ocurrir al vincular factores interseccionales en un proceso de abigarramiento ideológico y con opciones en competencia claramente diferenciadas.

Curiosamente, en las urnas no tiene asidero la afirmación de que quienes han pasado por la escuela pública reciben adoctrinamiento en lugar de educación, pues el 22,4 de votantes cuenta con formación primaria, el 41% de votantes han terminado el bachillerato, el 17,2 cuenta con formación técnica o tecnológica y el 16,1 con título universitario. Si la afirmación contra el supuesto adoctrinamiento por parte del magisterio afiliado a FECODE resultara consistente, las fuerzas oficialistas se verían seriamente imposibilitadas para capturar el voto popular, y no es lo que las cifras evidencian. No obstante, los resultados electorales de 2018 sí permiten identificar un marcado realinderamiento desde la derecha hacia la izquierda, evidente en el descenso del favoritismo de la derecha del 63,1 al 49,3 en la escala contrastada por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, sin que se rompa todavía la percepción conservadurista del electorado nacional.

El ocaso de los partidos devino en el país en la instalación de microempresas electoreras de diverso orden que, sin apego a estructuras ni procesos de concertación, se apuntalan sobre el cacicazgo individual y la proliferación de avales para procesos electorales vecinales, municipales, departamentales y nacionales. Pese a que no han desaparecido del mapa electoral la vinculación o no a un partido suele sopesarse con bastante cuidado. Desde el más pequeño edil hasta el encumbrado candidato presidencial, calculan la conveniencia de vincularse a una u otra determinada organización política o aceptar su apoyo; con más diligencia en tanto se cuente con mayor visibilidad y exposición que afecte la captura del electorado cautivo.

De ahí que haya ganado mayor protagonismo la aparición de autoconvocados y oportunistas que, so pretexto de liderazgos cívicos o para posar de independientes, acuden a las firmas para registrar sus candidaturas, pese a que luego reciban la adhesión de diferentes organizaciones electoreras y políticas. La acomodaticia opacidad de las coaliciones, de lo cual ya hemos escrito en diáspora.com.co, antes que concitar el interés participativo de los nuevos votantes pone en peligro su vinculación en la contienda al percibir como mera componenda electorera el juego de sumarse a “los mismos con las mismas”.  

¿Por quién votar?

Perdido el encanto de los partidos, el eterno resplandor del líder carismático acapara buena parte de la exposición mediática y la expresión de los imaginarios políticos en el país, convirtiendo en antagonistas a figuras que, con objetividad, resultarían imposibles de equipar. Desde muy distintas orillas y con muy diferentes hojas de vida, Gustavo Petro y Álvaro Uribe capturan con frecuencia las tendencias en redes sociales y la información que privilegian los medios privados de mayor audiencia. Junto a estos, aparecen figuras de mediano orden como Francia Márquez, Ángela Robledo, Camilo Romero, Roy Barreras, Jorge Robledo, Sergio Fajardo y otros reincidentes en el propósito de hacerse elegir. En suma, una larga lista de interesados en contar como precandidatos, etiqueta que se ha convertido en un título que suma en el palmarés de aspiraciones políticas.

Si bien los gustos y hábitos en cada segmento electoral pueden variar tras cada elección, resulta frecuente que las poblaciones expresen tendencias valorativas asociadas a su participación en las urnas, como se interpreta al aplicar el denominado “índice de predisposición política”. De ahí que un conglomerado juvenil inscribiendo su cédula y manifestándose altamente dispuesto a participar en los siguientes comicios no sólo ponga en alerta a las fuerzas más conservadoras de la sociedad, sino que constituye una bocanada de aire fresco a las aspiraciones alternativas e incluso centristas que podrían concitar coaliciones programáticas que resulten seductoras para ese electorado.

En su contra tenemos que no basta que se cuente con la disponibilidad protocolaria institucional para contarles en mesas de votación dispuestas según el cronograma electoral. Al momento de decidir si acudir o no a las urnas pesa firmemente el cuestionamiento a los partidos y estructuras de movilización convencionales, como quedó visto en la reacción juvenil contra el Comité de Paro, en sus mensajes deslindándose de izquierdas y derechas, y en su férreo cuestionamiento a la inexistente agenda nacional de consenso, a la precaria inclusión de los públicos nuevos y jóvenes en las mesas de diálogo y negociación y en su negativa a ser contados y contarse bajo alguna identificación partidista.

Con las evidencias que arroja la neuropolítica y los nuevos estudios sobre el comportamiento electoral, queda claro que el voto no es un acto intrínseco ni casi natural en las democracias. De ahí que, si la aspiración a provocar transformaciones pasa por la captura del electorado femenino, joven y empobrecido, debe consolidarse un proceso motivacional sin precedentes en la historia política del país, cuyo efecto logre agruparles en las urnas con furor. De lo contrario, en lugar de animarse a acudir masivamente, tanto su composición fronteriza como los asuntos políticos anotados podrían desestimular su participación y elevar el desencanto abstencionista.

En la consolidación de un electorado alternativo no puede olvidarse que las generaciones de autoconvocados no han sido estimuladas a permanecer activas, organizarse y contar con formas de representación sostenidas en el tiempo, pese a que su nutrido número debería convertirse en un monumental factor electoral que ponga a temblar a quienes les han postergado en la toma de decisiones políticas.