23 de febrero de 2023

Por: Arleison Arcos Rivas

Por increíble que parezca, luego de treinta años de férreas críticas al modelo nacido con la ley 100, los enemigos de la reforma a la salud, en lugar de ahondar en la discusión de la propuesta por el actual gobierno, o presentar un modelo sustitutivo apropiado, se han venido lanza en ristre contra el intento de la Ministra Corcho de implementar una transformación de gran calado en el sistema.

Ante la socialización que la ministra hizo de este proyecto gubernamental, ha quedado claro que las principales críticas provienen de quienes han sostenido tres décadas de un jugoso negocio que no ha satisfecho las necesidades y garantías del sistema de salud para el conjunto de las y los colombianos, recubierto del hito de afiliación y cobertura como indicadores del aseguramiento en salud, desatendiendo a los usuarios.

Varias son las voces que al momento participan de este altisonante, distorsionando lo propuesto, bajo el argumento de que se debe “construir sobre lo construido”, en lugar de arrasar con todo lo que funciona, según dicen.

Las agremiaciones defensoras de las EPS

Si bien Sura, Sanitas, Nueva y Salud Total han ganado mayor reconocimiento por sus servicios y por la gestión del riesgo en salud, en general las Entidades Promotoras de Salud no han cumplido con tan noble propósito societal. Muy por lo contrario, han sido responsables de la grave crisis del sistema, toda vez que no han sido garantes de la prestación de servicios obligatorios, pese a que administran los recursos de los usuarios por la vía de las cotizaciones, copagos y cuotas moderadoras. Han intentado incluso, sin éxito, cobrar multas por inasistencia a las citas médicas, siendo que aplican criterios de retraso desfavorables para los pacientes que llegan a minutos de su llamado, pero muy ventajosas para el negocio al asignarlas con muy poco tiempo para que ocurra una verdadera atención competente e integral en salud.

Ante la inminencia de su extinción las EPS agremiadas en la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – ACEMI, han emprendido una campaña mediática y de incidencia en el Congreso sostenida sobre el argumento de que, “dada la complejidad del Sistema de Salud, preocupa una transformación tan incompleta confusa e improvisada”. Sin embargo, poco o nada dicen respecto de los problemas de recobros dudosos, administración irregular, descuido tecnológico, limitadas especializaciones y afectaciones a la atención humanizada de sus afiliados.

Los administradores de la puerta giratoria

Ha llamado poderosamente la atención el grito herido manifestado por exministros, exsuperintendentes y otros exfuncionarios que por décadas han aceitado la puerta giratoria que les permite entrar a la administración estatal y salir o retornar a gerencias empresariales y presidencias gremiales, incluso practicando el deporte de caer parado cuando se ha sido objeto de sanciones, destituciones o señalamientos de los organismos de control y fiscalización.

Resulta interesante advertir la postura de exministros que ponen el acento de sus críticas a la reforma que extingue a las EPS, mientras reconocen que “hay problemas, retos y dificultades que todavía hay que afrontar en especial en la fragmentación de la atención, la oportunidad en algunos servicios especializados, la dificultad de acceso en las zonas rurales, los regímenes de contratación de recursos humanos y la sostenibilidad financiera del sistema”, asuntos contemplados en la propuesta de la Ministra Corcho.

En buena medida, la reforma resulta polémica precisamente porque en tres décadas estos exfuncionarios favorecieron el funcionamiento del sistema a desgreño de las garantías en salud. El país debe recordar que, aun en las propuestas por gobiernos afectos a la existencia de las EPS, se han levantado serias críticas a su manejo financiero, a la desatención básica, a la demora en la tramitación de requerimientos médicos, a la precaria red de especialistas, e incluso a la inocuidad de muchos medicamentos cubiertos por el POS, sin que estos asuntos queden solucionados, obligando a la presentación de numerosas tutelas por parte de la ciudadanía, y obligando a los jueces a pronunciarse reiteradamente en demanda del cumplimiento de sus fallos, incluso con carcelazos a gerentes y ministros. 

La jauría de corruptos

En Colombia, satisfacer los requerimientos de atención y tratamiento de las personas enfermas no ha sido una prioridad de las organizaciones hospitalarias e instituciones universitarias responsables de la formación de especialistas. Si así lo fuera, el déficit en servicios especializados, la desatención y descuido en las citas médicas, el trámite oportuno y sin intermediarios en los requerimientos médicos, las deficiencias en dotación e infraestructura que la pandemia desnudó, serían cosa del pasado.

El núcleo de la reforma implica dotar al país de Centros de Atención Primaria territorializados, en un lapso razonable y considerando el alto costo de tal operación.  Por ello, la consolidación de una red hospitalaria que racionalice lo existente y fortalezca nuevas inversiones, redes y alianzas públicas y privadas, requiere dotar a la superintendencia, al Consejo Nacional en Salud de nexos con los organismos de control y fiscalización para desarrollar herramientas que bloqueen de raíz la posibilidad de que la administración y la prestación de servicios pueda ser cooptada por las familias clientelares que han conformado clanes y carteles por todo el país.

Primero el negocio

El país necesita una reforma que adopte un sistema de prestación y aseguramiento en salud verdaderamente garantista, con mayor acento en la promoción y la prevención, blindado contra las formas de la politiquería y la corrupción imperante. De ahí que lo importante en esta discusión no sea la insistencia en perpetuar o no las EPS, sino hasta dónde esta reforma puede contribuir a curar las enfermedades del sistema de salud que convirtieron un derecho en negocio y transformaron al enfermo en mercancía. Tal como quedó en evidencia con la anodina confrontación de la semana anterior, el debate técnico e informado no marcha, como sí lo hacen las salidas veintijulieras y desinformadoras.

Seguramente habrá que moderar las pretensiones de instalar un sistema enteramente público en la administración de los servicios de salud, disminuyendo el conjunto de nuevas instituciones que requerirá su operación; especialmente porque con algunas se corre el riesgo de adentrarse en la dinámica estatutaria del sector. De igual manera, deberá establecerse un riguroso criterio de cubrimiento a los riesgos del aseguramiento, limitando las pretensiones de trasladar al aparato estatal todas las funciones complejas en la administración del sistema.

Es cierto que del Congreso no saldrá una ley calcada de la propuesta gubernamental que reforma la administración en salud. De ahí que haya que diezmar las ejecutorias del intenso y mediático lobby de las empresas, corporaciones y organizaciones que expresan intereses gremiales, elevan murallas y cavan túneles, buscando bloquear o que se desplomen las expectativas gubernamentales de cambios en el sistema.

Entre el tira y afloje parlamentario, los sindicatos y asociaciones médicas y hospitalarias, las organizaciones de usuarios y las diferentes expresiones de la sociedad civil interesadas en que la reforma tenga éxito, tendrán que perseverar en la intencionalidad de mejorar el sistema, fortalecer sus prestaciones, atender las demandas impostergables y acrecentar las condiciones y resultados en beneficio y garantía del derecho a la salud, contra el que se levantan los enemigos de la reforma.