Por: Arleison Arcos Rivas

En una escena de la serie “Escobar”, popular en un país en el que el nombre de un narcotraficante es permanentemente antecedido del respetuoso y distinguido vocablo “Don”, evidencia de que han sido encumbrados por muchas personas de diferentes estratos como ilustres señores y ejemplo de pujanza, emprendimiento e influencia; el protagonista se reúne con la plana mayor de los carteles y les alecciona sobre las bondades de meterse directamente al mundo de la política indicándoles que “nosotros vamos a tener la posibilidad de entrar a manejar el país a nuestro antojo, acomodarlo a nuestra medida. Vamos a poder manipular las leyes para llevarlas a nuestro favor” y les persuade poniendo nombre a tal capacidad: “eso se llama, señores, el poder absoluto”. 

Más allá de la escena televisiva, su contenido evidencia que en Colombia el narcotráfico no ha sido un mero asunto de emprendimiento empresarial con fines de lucro personal, así esa actividad productiva sea considerada ilegal. Pocas dudas quedan de la penetración, influencia, control y dominio de actores ilegales y corruptos, antes de los tiempos del “capo de capos” y ahora en la política nacional; apostando por su incorporación a los movimientos políticos y cargos gubernamentales, o financiando el proceso electoral con recursos de actividades ilícitas para controlar la acción institucional, moldear las leyes y asegurarse la actuación gubernamental a su necesidad. El efecto acumulado, en todo caso, es el socavamiento de cualquier idea de elecciones libres en la eufemística “democracia más antigua de la región”.

Mucho antes de la aparición de los carteles de Medellín y Cali, los gringos de los Cuerpos de Paz, empresarios estadounidenses y sus aliados colombianos, estimularon la “bonanza marimbera” con la que el gobierno de Alfonso López llenó de dólares los bancos públicos colombianos, los cuales eran cambiados sin restricción alguna en la denominada “ventanilla siniestra” con la que se fortalecieron, a manos llenas, buena parte de los comerciantes e industriales que recibieron tales divisas sin mayores miramientos ni prevenciones morales.

En el intermedio, en los gobiernos de Turbay Ayala, Betancur y Barco se aprecia la influencia creciente del narcotráfico ingresando al país enormes cantidades de divisas que inicialmente “animan la economía” y luego, al establecer mecanismos de cooperación con Estados Unidos y protagonizar el enfrentamiento abierto con el gobierno, “distorsionan los indicadores económicos”. Son los tiempos en que se registran las iniciativas políticas de Carlos Lehder y su Movimiento Nacional Latino que proclamaba marihuana para la gente y cocaína para ordeñar a los ricos y Pablo Escobar se hace elegir Representante a la Cámara; mientras del otro lado del negocio y de la guerra, los ganaderos auspiciadores del proyecto paramilitar crearían el fugaz Movimiento de Renovación Nacional (“te quiero por Colombia y te adoro por MORENA”), con el que pretendían formalizar su escalamiento gubernamental directo, con el ya fallecido “Ernesto Báez”, a la cabeza.

Entre 1980 y 2000 una pluralidad de casos reflejan cómo los periodistas de uno y otro medio presentaban a los narcotraficantes y a sus aliados políticos como si fueran los nuevos Robín Hood de la tragicomedia nacional, revelando la parte de responsabilidad que les corresponde en la instalación de los nexos flexibles entre coca, paramilitarismo y política en Colombia; mientras sacerdotes, militares, policías, penalistas, industriales, comerciantes, ganaderos, banqueros, políticos y combos de todo tipo les rendían pleitesía, actuaban como lobistas y relacionistas públicos (los influencers de la época), servían de testaferros o les prestaban diversidad de servicios y acciones de “repatriación” de sus capitales con infinidad de prácticas de lavado e incorporación de estrategias de muerte y terror para afianzar su poderío.

El nivel de penetración del narcotráfico y su dinero se encuentra tras el estímulo a la apertura y diversificación económica estimulada en el gobierno de Cesar Gaviria, quien fuera candidato luego de que una confluencia de actores institucionales y paraestatales perpetrara el asesinato de Luís Carlos Galán Sarmiento. A tal punto veremos crecer los aportes de los señores de la coca en la actividad política municipal y departamental, que los mismos van escalando con el Cartel de Cali hacia los aportes directos a la Campaña presidencial de Ernesto Samper, denunciados con los narcocasetes que el futuro presidente Andrés Pastrana ventilaría en el escándalo del proceso ocho mil.

Pastrana, poco después, comprometerá a la nación en la instalación del Plan Colombia como una guerra para combatir a la guerrilla y al narcotráfico. Sin embargo, la mayor tecnificación, extensión y cualificación de cultivos, laboratorios, rutas y conexiones internacionales, no sólo evidencia el fracaso de dicho plan, sino la connivencia de “asesores” extranjeros, autoridades policiales y altos mandos militares con quienes deberían haber sido perseguidos y resultaron protegidos por destacamentos estatales y por la instalación de actores paramilitares; tal como el país ya conoce con ingentes investigaciones, sentencias y procesos abiertos a él mismo y al séquito de personas cercanas vinculadas a los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez.

En una sumatoria de exacciones sin par, no terminamos de dimensionar todavía el factor desinstitucionalizador y criminal de ese proyecto de extrema derecha que ha perdurado por dos décadas en Colombia, capturando al Estado y poniendo a sus instituciones en manos de políticos, funcionarios, gobernantes, jueces, magistrados, oficiales de la policía y las fuerzas armadas sindicados y condenados por participar, financiar o permitir acciones aliadas con paramilitares y narcotraficantes, de manera directa o por actuaciones marcadamente ilegales por las que responden ante la justicia múltiples figuras en su línea jerárquica, sin que avancen los procesos contra el cerebro de tales operaciones.

La parapolítica se configura como una acción intencionada de cooptación institucional que no sólo evidencia la financiación ilegal de buena parte del congreso con dineros de la droga y el control territorial del paramilitarismo, sino que extiende la capacidad de los políticos electos a la contraventa de votos, a la captura del aparato burocrático, al control legislativo y al control del erario. Como evidencia, los medios registran de modo frecuente sobre una significativa cantidad de procesos que comprometen a autores determinadores de delitos y patrocinadores de clanes y carteles asociados a la contratación pública, a la apropiación presupuestal, a la evasión de impuestos y al negociado irregular de activos estatales y a la instalación de la trampa en diferentes entidades públicas; contando con la aquiescencia y participación corruptora de comerciantes, industriales, banqueros y empresarios.

Al mismo tiempo, la penetración paramilitar consolidó en diferentes partes del país a nuevos grupos de narcotraficantes, gestando una confluencia entre armas y cocaína que ha puesto en riesgo la sostenibilidad ambiental de los territorios ancestrales y reservorios bióticos, amenaza la seguridad de las comunidades y atenta contra la vida de denunciantes, reclamantes de tierras y defensores de derechos, que hacen frente a grupos ilegales de diverso orden y procedencia nacional e internacional.

Estando en esas nos sorprenden el escándalo de Odebrecht que desnudó la manera como figuras presidenciales, autoridades electas, servidores públicos, agrupaciones políticas, candidatos y empresarios se confabularon para torcer los procesos contractuales y financiar campañas electorales favorables al poder mafioso y corrupto de esa multinacional, y otras que han sido denunciadas en otras regiones mientras siguen en silencio en Colombia.

Para cerrar este rápido registro, el actual gobierno de Colombia y las autoridades de fiscalización han guardado silencio y no han adelantado procesos frente a las denuncias de corrupción y compraventa de votos filtrada por Aida Merlano; así como tampoco se ha dado cuenta de la denominada Ñeñepolítica en la financiación de la campaña presidencial de Iván Duque; casos recientes que evidencian la manera como en estas cuatro décadas se ha instalado, afirmado y consolidado la presencia desinstitucionalizadora, mafiosa del narcotráfico y sus tentáculos potenciadores del enriquecimiento ilícito, el copamiento comercial, la penetración mercantil, el lavado de activos y el empoderamiento de cuadros emergentes y consolidados en la vida social, política y económica del país; es decir, la encarnación del proyecto absolutista narconstitucional anunciado por Escobar.