15 de diciembre de 2021

Por: John Jairo Blandón Mena

Es difícil encontrar en cualquier parte del mundo playas de arena blanca y el mar color turquesa como en el corregimiento de Barú en Cartagena. Este lugar es rico en belleza natural; y los emporios turísticos, clubes náuticos, condominios y hospedajes que se han levantado alrededor también se han hecho ricos a partir de esa majestuosidad con que natura dotó este paraje. Sin embargo, tal como se diría por el empobrecimiento de sus gentes que Buenaventura es un puerto sin comunidad, en igual sentido, Barú es una playa turística sin comunidad.

En Barú, las múltiples estructuras hoteleras cuentan con todos los servicios públicos, e inclusive, de manera inexplicable a la luz de la Constitución con playas privadas. Pero las comunidades mayoritariamente afrodescendientes que llevan más de 200 años habitando ese territorio carecen de acueducto y alcantarillado. Pero, ni ahora ni antes les ha parecido anormal a quienes gobiernan Cartagena que a menos de tres kilómetros de algunos de los mejores hoteles del país como el Decameron Barú, que cuentan con un excelente sistema de suministro de agua y de disposición de aguas residuales haya una comunidad de más de 4.000 personas sufriendo por la falta del líquido vital, que tienen que transportar diariamente en tanques y baldes desde las piletas donde almacenan el impotable agua traída en embarcaciones desde Cartagena.

Y vuelvo a las playas privadas. ¿Acaso el artículo 82 constitucional no prescribe que los bienes de uso público deben destinarse al uso común que prevalece sobre el interés particular? La Dirección General Marítima (DIMAR) autoridad competente para regular el uso y el goce por parte de particulares de las zonas de playa ha desconocido una disposición de hace 37 años contenida en el decreto 2324 de 1984, que no por vieja ha perdido vigencia, y es que las concesiones, permisos o licencias a particulares no generan derecho de titularidad sobre las playas. Aquí la ocupación de particulares de manera privativa de zonas de playa es un asunto al que hay que ponerle el foco por constituir una vulneración al patrimonio público de los colombianos.

La radiografía del racismo, del clasismo y del desgobierno histórico en Colombia muestra como en Barú se levantan grandes cadenas hoteleras en medio de un pueblo empobrecido, sediento y con hambre que intenta sobrevivir en informalidad del turismo desordenado que les ofrece la única playa publica que tiene Barú que es Playa Blanca (aclaro que decir “playa privada” es absolutamente contradictorio; porque toda playa debe ser pública). Y ahí, en la majestuosa Playa Blanca no hay una sola gota de agua potable, los lugareños atienden a los turistas en medio de las más precarias condiciones, mientras observan desde allí como a poca distancia se levantan en las mismas playas que han habitado ancestralmente enormes moles de cemento a los que sí pudo la institucionalidad llevarles agua, alcantarillado, energía eléctrica y dignidad.

Y aunque el Estado no podido llevarle agua a la comunidad de Barú (aunque sí a los hoteles) el expresidente Santos inauguró en 2015 en ese corregimiento “Puerto Bahía” con una inversión de 700 millones de dólares, para sacar el petróleo que se refina en Cartagena. Y éste que es uno de los puertos más modernos del país y por los que transitan buques de gran calado que sacan e ingresan la riqueza que no ha impactado a Barú, convierte a este bello paraje natural como a Buenaventura en otro “puerto sin comunidad”.