18 de diciembre de 2023
El acto de entrega informada de la administración de una entidad territorial por parte de los mandatarios salientes a los entrantes es una obligación legal de carácter técnico y no político. Los informes y actas de gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos deben presentarse de conformidad con la ley, y son documentos que revisten interés público. Por tal razón, la falta de veracidad y transparencia tanto en quien los expide como en quien los recibe y tergiversa ante la ciudadanía, debería constituir una falta disciplinaria aplicable a esos servidores públicos.
Lo que está aconteciendo con el empalme de Medellín es, por decirlo menos, un irrespeto a los habitantes de esa ciudad.
Por un lado, Federico Gutiérrez, el alcalde electo expresa por los medios que la actual administración dejará la ciudad con un déficit de 2 billones de pesos. Entretanto, el alcalde encargado niega esa aseveración y afirma que entregará el distrito con un superávit histórico de más de 400 mil millones de pesos. Así, mientras el entrante anuncia grandes escándalos de corrupción, el saliente los niega y exhibe su gestión y la de su antecesor Daniel Quintero como intachables y transparentes.
Por su lado, la ciudadanía medellinense polarizada y desinformada desde la misma institucionalidad desconoce si están frente a un robo histórico del erario o ante la terminación de una ejemplar gestión administrativa. Los órganos de control no han contribuido a aclarar la narrativa de uno y otro sector; y, en consecuencia, han omitido disciplinar a quienes participan del empalme, siendo que, tanto los que entregan como los que reciben, están en cumplimiento de atribuciones públicas disciplinables.
Semejante situación ocurre en Cali.
Mientras el señor Jorge Iván Ospina, quien ya no puede ocultar los sistemáticos hechos de corrupción denunciados en su administración, expide comunicados oficiales expresando que el empalme fue un éxito y que se entregaron satisfactoriamente las gestiones de su gobierno para que el burgomaestre electo las continúe, Alejandro Eder expresó que según los resultados que recibió de su equipo de empalme. conformado por alrededor de 350 delegados, “Cali está en cuidados intensivos”. Refiriéndose de manera muy diplomática a la sindicación de corruptela, señaló que “Cali está quebrada (…) y hay prácticas que tienen que erradicarse”.
En la misma línea, a la Ciudad de los Parques se la están robando integralmente, según el alcalde electo Jaime Andrés Beltrán. En rueda de prensa la semana pasada mencionó 50 casos de corrupción por los que el actual gobernante dejará desfalcada a la ciudad en varios miles de millones de pesos. Adicionalmente, apuntó que “la Alcaldía de Bucaramanga es un desorden. No hay dolientes en los procesos. La administración no coincide con la gestión”.
Estas declaraciones fueron calificadas por Juan Carlos Cárdenas, alcalde de la ciudad como un espectáculo y, de paso, anunció que denunciará por injuria y calumnia al señor Beltrán, quien estrenará su cuatrienio con esa causa penal. Por su lado, los bumangueses como los medellinenses están en la mitad de este tira y afloje, sin saber en términos reales cómo se entrega y se reciben las arcan de su urbe.
Podría seguir describiendo situaciones lamentables en varios de los empalmes de entidades territoriales, que en vez de ser un proceso técnico y jurídico se tornaron en escenarios de disputas politiqueras que dejan a la ciudadanía sin herramientas para conocer el estado real de la administración de sus ciudades y departamentos.
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