Por: John Jairo Blandón Mena

El sistema de salud del departamento del Chocó está en un estado absolutamente crítico, y sus fallas estructurales, tal como lo ha evidenciado la historia reciente, no las resuelve una intervención centralista, la última de la Superintendencia de Salud que duro más de nueve años sobre el único hospital nivel 2 del departamento, el San Francisco de Asís, no solucionó las falencias administrativas, técnicas, científicas, financieras y jurídicas que hacen que la operación de ese centro médico sea precaria en todos sus órdenes. Y, que ese hospital sea el único referente de atención para los 534.000 habitantes del Chocó es uno de los problemas de fondo, pues, no hay en los 29 municipios por fuera de la capital, un centro médico de segundo o tercer nivel que evite que los pacientes se sigan muriendo en las carreteras y en los ríos.

Yendo más al trasfondo del problema, no es posible que funcione el sistema de salud en un departamento que solo cuenta con 1 médico por cada 5.000 habitantes, un promedio muy por debajo del nacional (1,8 x cada 1.000), y ni que decir, del de los países OCDE (3,3 x cada 1.000), donde Colombia ocupa el penúltimo lugar en ese indicador. Pero más allá del dato estadístico, esto se traduce en comunidades enteras que no cuentan con asistencia de un profesional médico. Al hospital Eduardo Santos (con medida cautelar recientemente levantada por la Supersalud por malos manejos presupuestales), ubicado en Itsmina, el segundo municipio en importancia del departamento, llegan pacientes provenientes de toda la región del San Juan (Condoto, Río Iró, Nóvita, Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Medio San Juan y Sipí), con todo, el mal llamado hospital, que es más bien un centro de salud de atención primaria, debe remitir los enfermos a Quibdó y en los casos más graves a Medellín, Bogotá, Cali o alguna ciudad del interior. Y, las remisiones son para los pocos que tienen la forma de asumirlas por cuenta propia, pues el mal manejado sistema de salud no cuenta con los recursos para garantizar este derecho de manera universal.

Indudablemente, la corrupción es el cáncer en el sistema de salud colombiano, casos como el “cartel de la hemofilia”, el desfalco de Saludcoop, o más recientemente, los audios filtrados por la Red de Veedurías Ciudadanas al actual Supersalud que demuestran irregularidades en la contratación de esa entidad, son prueba junto con otros tantísimos hechos -no acontecidos en el Chocó- que la salud en Colombia opera como un sistema mafioso. Sin embargo, estas prácticas criminales son más lesivas en territorios como el Chocó que arrastran históricamente con un abandono estatal a todo nivel, y en el que precisamente, la ausencia de institucionalidad permite o cohonesta desde los más altos niveles centralistas, que ocurran hechos de corrupción que pasan desapercibidos intencionalmente por la óptica de órganos de control fiscal, disciplinario y penal para usufructo de algunos cuantos ocultos por fuera del territorito chocoano.

Un ejemplo claro de la aparición de esas mafias comunes a lo largo y ancho del país fue el entramado de corrupción que durante el periodo del exgobernador Efrén Palacios saqueó la salud chocoana mediante contratos de suministro de medicamentos de alto costo suscritos con farmacias lugareñas y externas, y de los cuales, la intención era apropiarse de 2.200 millones de pesos que iban a parar a quienes financiaron desde adentro y desde afuera la campaña electoral. No es distinto, al modus operandi, del saqueo a la salud de Córdoba o Magdalena, con su icónico hospital Julio Méndez Barreneche, liquidado en siete oportunidades por la Supersalud por ser la caja menor de los exgobernadores Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes de Zúñiga, sobrino y tía que se sucedieron la gobernación de ese departamento.

Es necesario reiterar, que, aunque la corrupción es un mal nacional enquistado en la acción estatal, y que tal como lo señala acertadamente el analista político antioqueño Gilberto Tobón Sanín “El país está diseñado para robar”, infortunadamente, este mal afecta de manera más letal e irreparable a las comunidades como las del Chocó, que tienen que sumarle a ello, su histórico abandono y olvido por parte de las élites racistas que desde siempre han direccionado desde Bogotá los destinos de Colombia.

Y en un país diseñado para robar, las soluciones pasan por el rediseño y la restructuración de ese país. Eso inicia con las elecciones, pero no termina ahí.