08 de septiembre de 2022

 

 

Por: Arleison Arcos Rivas

 

 

Mientras los cuatro años de Iván Duque y Martha Lucía Ramírez apenas si califican como periodo de aprendizaje, los primeros 30 días de Gustavo Petro y Francia Márquez avizoran un escenario de transformaciones de tal calado que, con optimismo a la vista, podríamos terminar disfrutando “un país al alcance de nuestros sueños”.

De todas las acciones urgentes que debe encarar este gobierno, las de la paz parecen ser las tareas a las que con mayor diligencia debe aplicarse la totalidad del ejecutivo. Luego de haber intentado hacer trizas la paz, el conflicto armado se ha recrudecido, envalentonando a viejos y nuevos actores armados a lo largo y ancho del país. Estos cuadros, apertrechados desde muy diferentes orillas y matices, acrecientan la conflictividad del país generando zozobra, desplazamiento, descuartizamientos, desapariciones, asesinatos y masacres que ponen en jaque a las autoridades locales, cuya capacidad de actuación frente a dinámicas organizativas de la criminalidad internacional instalada en sus municipios, es limitada.

La complejidad que ha tomado el tráfico humano con fines de esclavización y prostitución, la diversificación del comercio de armas y municiones, el control de los mercados financieros alternos o desregulados y la expansión de cultivos, laboratorios y rutas del tráfico de estupefacientes, agiganta las transformaciones delincuenciales tras nuestros conflictos y complejiza, aún más, la identificación de actores y corporaciones motivadoras de sus exacciones y afrentas a los derechos humanos, como registra el NYT.

De hecho, los nuevos paramilitares no están asociados exclusivamente a desestimular la restitución de tierras ni a ahondar la contrarreforma rural que orientaba sus acciones hasta cierto momento su belicosidad. La guerra tiene ahora, casi exclusivamente, razones monetarias que favorecen alianzas y estrategias cooperadas y corporativas incluso entre antiguos enemigos. También diversifica las líneas de mando de la delincuencia, organizada para disputarse el territorio como ocurre en Buenaventura, o trasnacional para ordenar la muerte y el pique de los contradictores, como lo padecen Cali y Bogotá.   

De ahí que los esfuerzos por asegurar las condiciones para la paz total, que cuentan ya con un proyecto que reforma nuevamente la ley 418, para darle dientes al país en la tramitación de las afectaciones al orden público, ensanchando el radio de acción de quienes puedan obrar como “representantes autorizados expresamente por el Gobierno nacional, con el fin de promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz”.

En ese sentido, la transformación de los cuadros militares y de policía, las propuestas de reforma a la doctrina militar respecto de las acciones bélicas, la modificación del accionar permitido al ESMAD, e incluso la promoción del diálogo entre las autoridades uniformadas y agrupaciones de manifestantes, favorece la construcción de condiciones para que la paz total tenga una base social e institucional sólida.

Junto a la paz, la reforma tributaria anunciada por el gobierno del Pacto Social pretende apuntalar las políticas de igualdad y justicia social con 25,6 billones que deberán aportar los sectores y personas con mayores ingresos.

En un país en el que proliferan las exenciones y exoneraciones, además de una evasión siempre creciente, cuesta creer que una medida fiscal pueda significar fortalecimiento de la capacidad estatal para generar bienestar. No obstante, el que una reforma impositiva pretenda enfrentar las serias problemáticas de pobreza monetaria y extrema, busque una significativa caída de la desigualdad y enfrente el acopio de problemas producidos por el rezago de la infraestructura educativa, el atraso en vías terciarias, la desproporción en la tenencia de la tierra, el disfrute del agua potable y el pago de la deuda, parece sensato.

Una decidida acción contra la evasión, sumada al desmonte gradual de las excesivas prebendas que hoy tienen a los eternos gremios privilegiados poniendo el grito en el cielo y anunciando tragedias, no sólo se compadece con las expectativas de las personas con menores ingresos, sino que se compadece con los esfuerzos que por décadas han tenido que hacer los menos asalariados sobre los que pesa la carga tributaria existente.

El gobierno igualmente deberá enfrentar el serio déficit fiscal que dejan cuatro años de rapiña con el erario. Si es que hasta última hora rasparon la olla, e incluso parece que no quedó más olla que raspar, se impone una fuerte disciplina orientada a ajustar los presupuestos, eliminar gastos suntuarios, erradicar el despilfarro y cortarle el chorro a la corrupción; tarea bastante difícil en un país en el que la trampa entra en vigencia el mismo día de la ley que la regula o pretende enfrentarla.

Estos treinta días también se han presentado anuncios prometedores en materia pensional. Disminuir las semanas de cotización que las mujeres deben cumplir no sólo parece justo sino necesario; al igual que la restitución de las horas extra, nocturnas y recargos, normalizando el horario de la jornada laboral, la cual se había visto afectada por medidas de desregulación.

Varias decisiones del gobierno Petro han resultado sorpresivas. Igualmente lo han sido declaraciones de la vicepresidenta y algunas salidas en falso desde diferentes ministerios; lo que nos deja a la espera de que se normalice la narrativa institucional. Sin embargo, sumados uno a uno, los hechos acumulados en estos treinta días, no sólo generan confianza en el grueso del electorado que sostiene en alto la popularidad del primer gobierno de izquierda en el país. También dejan ver que, de pasar las reformas esperadas, el quiebre con la hegemonía de poder que ha imperado por siglos podría consolidar un nuevo escenario para la democracia colombiana.