Por: John Jairo Blandón Mena

Dedico esta columna a los jóvenes colombianos. Pero no a buena parte de los del sur de Cali o Medellín, y del norte de Bogotá o Barranquilla, sino a los casi 5 millones que dice el DANE están en condición de pobreza monetaria en Colombia. Según la no tan ponderada agencia estatal, de los aproximadamente 11 millones de personas entre 14 y 26 años que hay en el país, cerca de la mitad tienen ingresos por debajo de los $331.688 mensuales. Incluso, dentro de ese rango, un número cada vez más creciente se ubica dentro de la indigencia o pobreza extrema, que se define como la sobrevivencia con menos de $145.004 en un mes.

El panorama para los jóvenes aquí es absolutamente desesperanzador. Y quienes han gobernado el país lo han hecho de espaldas a sus realidades. El trino del mes pasado del precandidato presidencial Iván Marulanda, en el que llamó “contaminación ambiental” a las opiniones políticas de los jóvenes, es diciente del lugar que ellos han ocupado en la agenda pública.

En materia educativa según cifras oficiales, el 52% acceden a la formación técnica, tecnológica o universitaria. Sin embargo, hasta una cuarta parte se ve obligada a desertar y no termina sus estudios por factores primordialmente económicos. Los que logran culminar se chocan con la altísima precariedad laboral que azota a más de 4 millones de jóvenes y el desempleo a 1.6 millones.

El esfuerzo de los jóvenes que terminan sus estudios superiores no lo retribuye la sociedad que no les ofrece ni empleos ni salarios profesionales. Una mujer de 24 años en uno de los puntos de resistencia en Cali, expresó ante los periodistas del noticiero CM&, que sus títulos de pregrado y maestría no le han servido para laborar en los últimos tres años, y hoy se debate entre comer y pagar sus deudas con el ICETEX. Y, a nivel macro, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dijo recientemente que en nuestro país una persona pobre tardaría 11 generaciones para superar el empobrecimiento. Así acuda a la educación como vehículo de ascenso social.

El estallido social que se expresa en las actuales movilizaciones era inminente y necesario ante semejante debacle, agudizada o mejor generada por una institucionalidad erigida para el mantenimiento del statu quo. Con un Estado corrupto que no conversa con las necesidades de los jóvenes. Y en un panorama, en el que la ilegalidad y la violencia parecen ser los únicos caminos que tienen cientos de miles de juveniles para gestionar su vida.  La nación está en deuda con los jóvenes. En Colombia, alrededor de la mitad de esta población tiene incertidumbre por su proyecto de vida en el país y preferirían radicarse en el extranjero (encuestadora Gallup).

Así como, la situación para los niños y adolescentes es dramática según lo reveló el informe de la ONG Save the Children en materia de empobrecimiento, desplazamiento, embarazo adolescente, homicidios e instrumentalización para la guerra. Los jóvenes son ese eslabón perdido que no tienen institucionalidad en Colombia que se ocupe de manera diferencial de sus padecimientos.

El actual Gobierno, tanto como los anteriores, ha despreciado a la juventud. Ahora propuso el expresidente Álvaro Uribe Vélez una agenda de 8 puntos para los jóvenes que seguro el subpresidente acogerá. Su pretensión es desactivar el paro, no generar una esperanza colectiva en los jóvenes del país.

Las soluciones para los jóvenes solo se construyen en el dialogo con ellos. Y eso no se puede esperar de un presidente que en las tantas movilizaciones que han hecho en el trienio que lleva en el poder nunca se ha reunido con los sectores estudiantiles. Prefirió discutir la reforma tributaria con Tomas y Jerónimo Uribe en la Casa de Nari e ignorar a los tantos sectores populares que le propusieron formulas reales y concretas a la situación fiscal del país, agravada no por el Covid-19 sino por la corrupción.

Las reivindicaciones que necesitan los jóvenes y las nuevas generaciones no se conquistan en una negociación exprés con el Gobierno. Con un Comité de Paro excluyente que no está integrado por los verdaderos actores que han sustentado la movilización y hasta han puesto las victimas mortales. Es indigna cualquier representación individual que ajustándose al juego del establecimiento asuma la vocería espuria de sectores que tienen voz propia.

Se ha ganado mucho. Se está construyendo una conciencia popular y social necesarias para los cambios estructurales que vienen, y que no se edificarán mientras haya un gobierno antipopular e ilegitimo como el actual. La lucha continua y en diversos ámbitos, incluido el electoral.