11 de abril de 2024

Por: Arleison Arcos Rivas

Las elites y rentistas tras el negocio de la salud se imaginaron que, gracias a la irregular postura de la Comisión VII del Senado, que decidió archivar sin discutir siquiera el proyecto gubernamental de reforma a la salud, o cualquier alternativa que la sustituyera, podrían seguir alimentando la vaquita de las EPS. Sin embargo, la prolongada intermediación de estas entidades, no sólo ha distorsionado el panorama de la política en salud; también ha evidenciado que ese negocio padece de una enfermedad incurable, como se demuestra por las numerosas liquidaciones ocurridas en las décadas anteriores, así como por la inminencia de las intervenciones ordenadas por el actual Superintendente de Salud.

El creciente déficit reflejado en los indicadores financieros de pérdidas sostenidas que compromete el aseguramiento del sistema tanto como la garantía de prestación del Plan Obligatorio de Salud [POS], ha llevado al cierre de una quincena de ellas en los últimos cinco años, así como a la intervención tanto de Administradoras del Régimen Subsidiado [ARS] como a Entidades Promotoras de Salud [EPS] que, para muchos usuarios, apenas si constituyen empresas prestadoras de servicios.

De manera grave, recientemente se ha informado incluso sobre la desaparición de las reservas técnicas a las que les obliga la ley, complejizando el panorama en los indicadores de calidad, desempeño y solvencia de estas entidades, seriamente cuestionadas por el comportamiento con sus usuarios, la deficiente administración, el descuido en sus finanzas, y el bajonazo en el posicionamiento comparado de la gran mayoría. Más allá del conocido diagnóstico que anima la reforma, la intermediación en manos de las EPS ha resultado desfavorable, como se ha demostrado en diferentes estudios y análisis del desempeño de las empresas del sector, acumulando tutelas, sanciones, carcelazos de sus gerentes, y ordenes de intervención o liquidación.

Gestadas para administrar los recursos del sistema de protección en salud y los pagos por servicios prestados, el manifiesto incumplimiento en los procesos de aseguramiento, las prácticas ventajosas de apalancamiento y financiación de prestadoras de salud, centros de diagnósticos y clínicas especializadas que les pertenecen, y la marcada desatención en el amparo a sus destinatarios afiliados; cada componente del sistema que depende de ellas, supura.

Como ya hemos mencionado varios columnistas de DIASPORA.com.co, el notorio descuido de las estrategias de prevención, cargó al sistema con una enorme solicitud de servicios, demandados por imparables acciones judiciales, que fueron atendidos por hospitales y clínicas a las que nadie les pagó, recibieron pagos parciales a destiempo, o condenaron a gravosos trámites legales. Igual cosa ocurre con operadores farmacéuticos responsables de la distribución y asignación de medicamentos, obligados a declararse en quiebra ante los permanentes incumplimientos de quienes deberían asumir sus responsabilidades presupuestales.

El que apenas 5 prestadoras sean identificadas entre las que cumplen con la previsión e inversión de las reservas técnicas y, de las originales, apenas queden poco más de 25 según la ADRES, evidencia el grave deterioro de estos organismos, cuyo listado regional está disponible para consulta.

Las profundas fisuras y distorsiones acumuladas en el tiempo, incluidas inversiones dudosas, falsos informes y contabilidad evasiva, evidencian la inconveniencia de perpetuar a un intermediario innecesario en el sistema, pues las EPS actualmente existentes ni operan como aseguradoras ni armonizan los diferentes niveles del sistema, hundiendo al sistema en billonarias pérdidas.

Como ha sido informado el país, la comisión de seguimiento de la Sentencia T-760, registra marcadas negatividades y desproporciones que hacen patente la inviabilidad del modelo de cobertura, administración y aseguramiento en manos de las actuales entidades, con soporte en la notoriedad de los autos con los que la Corte Constitucional busca incidir en tamaña incompetencia.

Si lo que se espera mejorar es la salud de las y los colombianos, los organismos decisores tendrán que concentrarse en el diseño de un modelo que lo garantice, sin que prime la voracidad financiera y corporativa evidenciada hasta ahora por las empresas colombianas y extranjeras que han venido administrando las empresas de salud.

La permanente intervención de la Supersalud, la ingente operación judicial ordenando medicamentos, procedimientos y cumplimientos, la notoria imposición sancionatoria y la urgencia de las intervenciones y necesarios cierres incluso viabilizados y sustentados en decisiones de los jueces, reclama la definición de un verdadero sistema, como se ha insistido infructuosamente en lo que va de este gobierno, que se ha empeñado en hacerlo posible.

De hecho, quienes acusan al Presidente Petro de defender un sistema de salud vigente en 1960, olvidan el carácter garantista y preventivo en el operaban los viejos regímenes, antes de que las políticas neoliberales impusieran la mercadotecnia y el carácter rentista y corporativo en la prestación de servicios esenciales para el sostenimiento de la vida. Olvidan también que no son nuevas ni pocas ni baladíes las críticas provenientes de todos los frentes, incluso aquellos que, por ojeriza, disculpan hoy buena parte de las contradicciones y poquedades que otrora promovieron transformar.

Desde su nombre, en principio se esperaba que el país contara con robustas Entidades Promotoras de Salud, no con simples empresas que han convertido la protección del derecho a la salud en un funesto y mortal negocio.