Por: Gustavo A. Santana Perlaza[1]

Al conocer el decreto 380 del 12 de abril de 2021 expedido por el Gobierno Nacional, por el cual se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente, en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea. Recordé la conversación que tuvimos en el marco de la campaña #RompiendoEtiquetas con el intelectual militante Santiago Arboleda Quiñones, en la que denunciaba y demostraba como Colombia ha reconocido la existencia de un conflicto armado y ha silenciado la guerra química contra unas gentes y territorios. Comúnmente llamada fumigación; eufemismo que reduce el impacto mortal.

La política nacional desde finales de los años 80 justifica la intervención química en ciertos territorios, donde hacen presencia (a gran escala) los cultivos ilícitos. Primero los cultivos de marihuana, ahora los cultivos de coca principalmente. Todo esto,  bajo la premisa de afectar y acabar con el narcotráfico en Colombia. En el año 1999 durante las presidencias de Andrés Pastrana (Colombia) y Bill Clinton (Estados Unidos), la guerra química se agudiza a través del acuerdo bilateral «Plan Colombia», con el que se pretendía combatir las drogas ilícitas y el crimen organizado, para así contribuir a la reactivación económica y la consecución de la paz en Colombia, al tiempo que se fortalece el control sobre la oferta de drogas ilícitas en las calles norteamericanas.

Durante 15 años del cumplimiento del pacto mortífero, según un análisis del periódico el Espectador, se redujo menos de 20 por ciento de los cultivos de coca, pese a que se fumigaron más de 1,5 millones de hectáreas. Cifras que decantan el fracaso de una política de muerte que afectó radicalmente los espacios de vida en las periferias. El glifosato es el herbicida utilizado por el Estado, a pesar de las advertencias de la Organización Mundial de Salud -OMS- que afirma ser probable cancerígeno. En este sentido, ecologistas y científicos confirman que este químico tiene efectos adversos sobre la salud humana y animal y el medio ambiente.

La exposición de los seres humanos al glifosato «ha sido vinculada a varios efectos crónicos: reproductivos (defectos de nacimiento), cáncer, neurológicos (incluso implicado en causar el mal de Parkinson) y Muerte. El glifosato también puede lixiviarse hacia aguas superficiales y subterráneas, donde puede dañar la vida silvestre y, posiblemente, terminar en el agua potable», indica la organización ecologista internacional Greenpeace en Colombia.

El Pacífico sur colombiano fue uno de los territorios más afectados por la aspersión área del glifosato, sin ninguna compasión regaron el mortal químico en las quebradas, ríos, cultivos de pancoger, viviendas, y personas que se encontraran junto al cultivo. El objetivo del arma química del Estado colombiano es arrasar con todo lo que representa las zonas cocaleras, eso incluye las personas que habitan estas geografías.

La minería ilegal con el mercurio, la precarización de las existencias, las fuerzas militares, el glifosato administrado por el Estado, al igual que la matanza por el dominio de la economía de la muerte han transgredido la dignidad de miles de hombres y mujeres mayormente afrodescendientes en la cuenta del Litoral, propiciando secuelas que difícilmente se podrán borrar; destierro, masacres, violaciones, empobrecimiento, asesinatos, secuestro, deshumanizaciones, ríos contaminados, tierras infértiles, afectaciones ecosistémicas, destrucción del territorio y quienes lo habitan.

Santiago Arboleda para nombrar, comprender y denunciar los daños magnos causados a los cuerpos y territorios racializados en Colombia, acuña la categoría de «ecogenoetnocidio» con la que pone en relieve de manera integral y prolongada los delitos que destruyen los sistemas de vida, ritualidades, relatos, dignidades y la ligazón de los y las afrocolombianas. En esta perspectiva, se vislumbra ampliamente las afectaciones consagradas en daños territoriales, daños físicos y daños culturales en el Pacífico sur.

Por tanto, después de 5 años de la suspensión de la guerra química contra los espacios de vida de la población afro e indígena en el Pacífico sur. Digo contra el espacio de vida porque las evidencias empíricas y las dinámicas del narcotráfico demuestran que el negocio no ha sufrido ningún quebranto, sino que sigue floreciendo y bañando de sangre nuestra cuenca. En este marco, la reactivación de la guerra química del poder gubernamental se vincula positivamente a las transformaciones aceleradas alrededor del horizonte desigual-mortífero que se viene consolidando día a día, con el que inauguran el necropoder imperante que viene de todos los lados y frentes destruyendo las poblaciones ribereñas del Pacífico sur.

El decreto 380 del 12 de abril de 2021 del Gobierno Nacional, es una declaración pública de muerte; destrucción estructural del ecosistema en el que se articula el poder paralegal, económico y legal: «narcomaquina» (Reguillo, 2011), tres fuerzas políticas que se juntan para cumplir el mismo objetivo de vulnerar, poner en riesgo la vida y matar. Eliminar lo vivo.

Por lo anterior e intranquilo de lo que se aproxima, me sumo a la oleada de colombianos/nas que rechazan radicalmente las prácticas químicas de muerte que pretende resucitar el Estado. Promovida a partir de marcaciones racistas, clasistas que expone a la muerte a los entornos y poblaciones etnizadas y empobrecidas de este país de manera consciente, ya que científica y empíricamente está demostrado que la aspersión aérea del glifosato no es la solución para la erradicación de los cultivos de coca, sino que, llegara a incrementar el dolor y el sufrimiento de paisanos y paisanas obligadas a intentar vivir en medio de un necromundo.

Hoy, un grueso del sector cocalero primeramente del Pacífico nariñense, clama el cumplimiento de los acuerdos de la Habana, específicamente los lineamientos de la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos como estrategias para intentar revertir el accionar narcotraficante, pero, como históricamente se ha evidenciado, la institucionalidad sistemáticamente niega, ignora y violenta todas las demandas y el sentipensar de los que habitamos los territorios excluidos del proyecto Estado-Nación.

¿Quiénes se benefician con la aspersión área del glifosato? ¿vale la pena seguir con la política de guerra y muerte contra el “narcotráfico”? ¿no es más fácil legalizar?

[1] Administrativo de la Universidad del Quindío. Trabajador social, maestrante en estudios culturales latinoamericanos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.