Por: John Jairo Blandón Mena

«Nos quitaron el agua y prácticamente nos está matando la sed»

Miembro de la comunidad Wayúu

Documental “El río que se robaron” de Gonzalo Guillén

Los Wayúu son la comunidad indígena más numerosa del país con una población de 380.460 de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, según la caracterización de la Organización Indígena de Colombia (ONIC) están ubicados mayoritariamente en la península de La Guajira y ocupan un área de más de un millón de hectáreas, las cuales están localizadas en el resguardo de la Alta y Media Guajira, ocho resguardos más ubicados en el sur y la Media Guajira y la reserva de Carraipía. Este pueblo de origen Arawak con presencia milenaria en lo que es hoy territorio venezolano y colombiano logró pervivir a la sangrienta conquista europea y a los posteriores intentos de sometimiento por parte de los gobiernos criollos durante buena parte del siglo XIX. Sin embargo; en las últimas décadas la explotación petrolera, la apertura de la mina del carbón en el Cerrejón y el puerto marítimo de la alta Guajira han representado la consolidación de un proyecto etnocida oficial en contra los Wayúu. 

Sin lugar a dudas; el padecimiento más notorio que evidencia el etnocidio es la sistemática muerte de niños Wayúu como consecuencia directa de la desnutrición. En audiencia pública que realizó la Corte Constitucional en 2017 en el marco del proceso que finalizó con la expedición de la sentencia T-302 que tuteló los derechos a la salud, al agua y a la alimentación de los niños y niñas del pueblo Wayúu, se expresó por parte de la entidad que en esos últimos ocho años 4.770 infantes de esa comunidad habían perdido la vida por causas asociadas a una deficitaria o inadecuada alimentación. Los decesos están directamente asociados a una responsabilidad estatal concretada en la omisión de las entidades públicas en la entrega de los suministros del Programa de Alimentación Escolar, y de los complementos nutricionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en las zonas más distantes de los centros poblados. De igual manera; y en mayor medida, por la falta de acceso al agua como consecuencia de la ausencia del mantenimiento a pozos, molinos y jagüeyes y la inexistencia de proyectos para asegurar un acceso continuo al agua potable.

La pérdida de las fuentes hídricas territoriales para el pueblo Wayúu es una situación que advino en las últimas décadas a causa de decisiones estatales para favorecer a multinacionales mineras y apuntalar el proyecto etnocida que se está planteando. El periodista investigativo Gonzalo Guillen en 2015 produjo el documental “El río que se robaron”, en el que denunció como el gobierno colombiano represó el rio Ranchería en inmediaciones del Cerrejón, para que sus aguas sirvieran a la operación de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo y a grandes extensiones de tierra en cabeza de terratenientes ganaderos.

Ese represamiento impidió que el cauce del río más importante de la región abasteciera los suministros del líquido vital que por cientos de años habían proveído a esta comunidad ancestral. La denuncia audiovisual fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en 2015 profirió medidas cautelares en favor de las comunidades, condenando al Estado colombiano a la protección de la vida e integridad personal de los niños de esta comunidad indígena, garantizando el acceso al agua, a la alimentación y a la salud. Hasta la fecha, las medidas cautelares han sido inobservadas por la institucionalidad colombiana; prueba de ello es la continuidad por centenares en las muertes de los niños y niñas durante los años subsiguientes al pronunciamiento judicial internacional.

Recientemente; la ONG de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) en asocio con el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins publicaron un informe sobre los Wayúu, que es por decirlo menos, escalofriante. Señala el documento que el común denominador de este pueblo, al que llamo resiliente, es la inseguridad alimentaria e hídrica, el acceso precario a la atención en salud y una profunda corrupción facilitada por la débil estructura institucional existente en la región. Los indicadores presentados deberían poner en alarma al Estado, sí aquí como tanto lo cacarean prevaleciera la garantía de los derechos humanos. La mortalidad infantil es 6 veces mayor al promedio nacional, solo el 4% de la población Wayúu tiene acceso a agua limpia, el 77% de las familias tiene una inadecuada alimentación en cantidad y calidad; y los centros médicos están tan distantes de los territorios que muchos menores con desnutrición crónica no sobreviven al trayecto por horas atravesando grandes extensiones de desierto. Este panorama se ha agravado en tiempo de pandemia, toda vez que, ante la carencia de agua, y consecuentemente, de higiene básica, sumado a la inexistencia de atención en salud especializada en los territorios indígenas, la propagación del virus tiene todas las condiciones para ser efectiva. Ya la ONG Nación Wayúu afirmó que durante la pandemia han muerto 21 niños de esa comunidad indígena a causa de desnutrición e infección respiratoria aguda; los más recientes murieron la semana antepasada de física hambre en las comunidades de Muralen y Watsuamana en el municipio de Manaure.

No hay que olvidar, que el pueblo Wayúu ha sido también víctima histórica del conflicto armado. Una de las peores matanzas que ha tenido lugar en las últimas décadas en Colombia fue la “Masacre de Bahía Portete”, en la que según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación grupos paramilitares entre el 18 y el 20 de abril de 2004 sacaron de sus casas a Margoth Fince Epinayú, a Rosa Cecilia Fince y a Rubén Epinayú y las torturaron y asesinaron. Diana Fince Uriana, Reina Fince Pushaina y una tercera que no ha sido identificada, nunca más aparecieron. Los paramilitares comandados por alias “Jorge 40” cortaron las cabezas de las matronas Wayúu, sin importar su edad y el respeto que tenían en su comunidad, y las clavaron en estacas a las puertas de los ranchos en presencia de todos. Hoy la presencia de grupos armados tanto legales como ilegales es parte del paisaje de la región; y sin consolidarse una dominación de ninguno de ellos, la población está en medio del conflicto.

Para agregar al tenebroso escenario; las comunidades indígenas vienen denunciando en los últimos meses el irreparable daño ambiental que viene generando la explotación gasífera que adelanta la multinacional Turkish Petroleum Company. Los turcos con la venia de los gobiernos nacional y local, y con una irregular consulta previa a las comunidades vienen expoliando el gas enterrado en el subsuelo de Cucurumaná, territorio Wayúu del resguardo de la Alta y Media Guajira del Distrito de Riohacha. En la misma línea, la Procuraduría solicitó al Estado que garantice los derechos de las comunidades Wayúu que se verían afectadas por el proyecto conocido como “Colectora” adelantado por el consorcio privado Grupo Energía Bogotá, y que desarrollaría fuentes no convencionales de energías renovables; según el Ministerio Público el proyecto ya empezó a andar sin que las comunidades fueran consultadas y con irregularidades en las licencias. Es de anotar; que la multinacional portuguesa EDP construye otros dos proyectos similares en Maicao y Uribía.

Mientras todo esto ocurre; los Wayúu fiel a su historia milenaria, siguen siendo como los denomino el informe de HRW un “Pueblo Resiliente” en medio de un Estado con un proyecto etnocida en su contra.