El color del poder
Por: Arleison Arcos Rivas
El helicóptero desciende en un despoblado en medio de una de las zonas campestres más apetecidas del país, caracterizada por ser la zona de veraneo y vivienda de quienes más dinero y propiedades han acumulado. Del aparato, sorpresivamente desciende una mujer cuya vestimenta, contextura y rasgos físicos ofusca a quienes todavía no se acostumbran a verla ocupando tan alta dignidad como la que ostenta, en un contexto en el que la textura de la piel suele hacerse coincidir igualmente con el color del poder.
Así podría iniciar una mediocre novela de intriga y drama, con acento político, en la que se cuentan las aventuras y peripecias de una mujer llamada Francia Márquez, electa como primera Vicepresidenta afrodescendiente en Colombia, quien ha sido puesta en la picota pública desde el día en que se aventuró a postularse como candidata presidencial.
Desde ese día, ha enfrentado actos racistas, prácticas discriminatorias, ha recibido improperios e insultos, se han acrecentado las amenazas contra su vida y la de sus familiares. Pese a su merecida imagen y respaldo internacional, ha debido soportar una nutrida andanada de críticas y ataques provenientes de los sectores más recalcitrantes en redes sociales y en la política nacional.
El alboroto avivado cada semana contra Francia Márquez no ocurre por su condición de mujer, pues su antecesora ostentaba tal identidad igualmente. Su diferencia consiste en el color de piel, el origen campesino y la condición económica de la actual Vicepresidenta, desacostumbrada a los escenarios del poder y la influencia política, con los que el clasismo y elitismo colombiano suele vincular su capacidad económica, bien o mal ganada. En Colombia, ser rico de cualquier manera está bien, sin que genere mayores malestares la proveniencia dudosa o delincuencial de lo acumulado. Así se demuestra por el fuerte rumor de riqueza mal habida alrededor de personas que han ocupado altísimos cargos en el ejecutivo.
Pese a que el esquema de seguridad asignado a exgobernantes, sus familias y altas personalidades del Estado, de lejos, uno de los más generosos y costosos del mundo; parece apenas lógico que la figura presidencial y vicepresidencial sean las más resguardadas con cargo al erario, aprovechando todos los recursos necesarios para garantizar su bienestar y preservar su vida. De ahí que se haga evidente que la molestia de muchos, corresponda con la pertenencia racial de quien ostenta el cargo ejecutivo y usa su salario para mudarse a un condominio de alto valor.
Por ello es comprensible el malestar que el sonado alboroto genera a la Vicepresidenta, tildada de arribista por trasladar a su familia a un entorno seguro y desplazarse ocasionalmente a tal sitio en un helicóptero oficial. Este vehículo usado en cinco ocasiones hasta ahora, conviene, luego de que se encontraron explosivos en la vía por la que transitaba con su escolta. El asunto, más allá de lo anecdótico reclama el ejercicio de la dignidad y reconocimiento a las asignaciones de una funcionaria afrodescendiente.
Aunque no resulta prudente el “de malas”, “le guste o no a la elite”, con el que ha reaccionado, pues suena arrogante y enciende la vocinglería que confunde lujo y derroche con vivir sabroso; tal salida se ve proporcional ante el arrecio de críticas por aerotransportarse en un vehículo oficial requerido para su seguridad por autoridad competente, “dependiendo de los viajes y de los movimientos que tenga la vicepresidente o el presidente” y “de acuerdo a la disponibilidad que tenga la Casa Militar”, según informa el director del Departamento Administrativo de la Presidencia.
De hecho, es innecesario seguir respondiendo entrevistas por tal decisión que, debe decirse, corresponde a la evaluación y peritaje del riesgo que corre la funcionaria en sus diferentes recorridos; cuyo esquema de seguridad tiene costos muy por debajo de lo que afectan el erario el de ciudadanos que no ejercen en el momento ninguna función pública.
Más allá del uso de un bien público para preservar la vida y la seguridad de una funcionaria electa en el segundo cargo de importancia para la república, las diversas reacciones en contra son chocantes por el manifiesto clasismo y las salidas racistas con las que se acusa a la Vicepresidenta de dilapidar recursos públicos. En redes sociales, “negra”, “sirvienta”, “pobre engreída”, “mal hablada”, “animal de monte”, se usan intensamente para referirse a la que “el cargo se le subió a la cabeza”; mientras abundan evidencias de uso ilícito, irregular y nepotista de camionetas blindadas, helicópteros y aviones adquiridos por el Estado.
La desproporción en el trato salta a la vista, pues ningún funcionario ha debido antes justificar el uso de bienes públicos para el cumplimiento de sus funciones y el desplazamiento a su sitio de vivienda. ¿Acaso Vicky Dávila ha entrevistado a Álvaro Uribe para indagar por múltiples y millonarios viajes por todo el país, especialmente al Ubérrimo y a Rionegro, que son sitios de residencia?
Sobra decir que, como en cualquier otro caso, se deben atender los principios rectores en el uso y asignación de recursos públicos, a fin de evitar cualquier asomo de malversación, despilfarro o desgreño presupuestal. Sin embargo, es preciso advertir que la batahola levantada en esta ocasión ilumina con fuerza el color del poder que, en Colombia, todavía es monocromático.
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