05 de enero de 2023
Por: John Jairo Blandón Mena
A juzgar por las declaraciones de algunos funcionarios del gobierno, hasta a ellos mismos los tomó por sorpresa el anuncio de año nuevo de Gustavo Petro sobre el cese al fuego bilateral del Estado con cinco grupos armados ilegales. Sin duda alguna, la medida es audaz, y por el enorme riesgo que implica demuestra que la principal apuesta del presidente será la paz total. Lo cierto es que de materializarse lo pretendido con la decisión, los territorios del país tendrán un respiro en medio del escenario de violencia y crisis humanitaria que atraviesan por el recrudecimiento del conflicto.
Y como es usual cuando se plantean o ejecutan acciones de paz para la nación, los mayores críticos terminan siendo quienes no padecen los efectos de la confrontación. Entretanto, los habitantes de las regiones más golpeadas por estos grupos armados manifiestan su entera satisfacción con el escenario que se vislumbra con el cese al fuego bilateral, porque naturalmente, sí se cumple, se reducirán las hostilidades en sus territorios.
Sin embargo, no se pueden minimizar los enormes riesgos a la seguridad que este cese al fuego generará. Los grupos armados no estarán localizados en territorios específicos, lo cual dificultará las acciones de verificación. Por otro lado, las confrontaciones entre estructuras al margen de la ley por el control de las rentas criminales asociadas al territorio no quedan dirimidas con esta determinación, lo que probablemente se expresará en la continuidad del fuego cruzado, principal causante de los confinamientos de las comunidades.
Ante esto, el Gobierno y los actores armados por fuera de la ley convinieron un protocolo detallado que terminará recogido en un decreto presidencial. Los garantes de la verificación del cumplimiento del cese al fuego tienen una tarea esencial para garantizar que ese protocolo sea una realidad. La mejor manera de demostrar la supuesta voluntad de paz de todas las partes es el respeto por las condiciones verificables del cese al fuego.
Cualquier violación a lo pactado dejaría moribunda la posibilidad de construir la paz y acuerdos socio jurídicos con estos grupos. Buena parte de la opinión pública, la oposición política y los conocidos enemigos de la paz (adentro y afuera) estarán al acecho ante cualquier incumplimiento para destruir los nacientes esfuerzos de construir otros caminos de pacificación para la Colombia profunda.
Para utilizar el lenguaje del poker, el gobierno está haciendo un “All in”; esto es, apostando todas las fichas desde el inicio. De cumplirse a cabalidad las condiciones pactadas en el cese al fuego bilateral, sería la mayor ganancia en términos de vidas humanas y de dignidad para la nación. El otro escenario desataría una espiral de violencia aún mas desesperanzadora que la actual.
La Paz Total no es un embeleco del presidente, ni una pretensión y un discurso utópico desde el gobierno. Esto es ni más ni menos, que una exigencia constitucional y el mandato que los votantes por Gustavo Petro le ordenaron que materializara.
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