25 de julio de 2003
El Gobierno actual se propuso presentar en el cuatrienio más de una treintena de reformas a consideración del Congreso de la República. Desde luego, la aprobación de ellas estaba sujeta indudablemente a la existencia de una coalición parlamentaria fuerte. Esos proyectos de cambios constitucionales y legales están sustentados en la propuesta por la que mayoritariamente votaron los colombianos y que llevo a Petro a la Presidencia.
Con la posesión de Petro y su inmensa aprobación popular se configuró una coalición de partidos en el Congreso que le aseguraba al Gobierno el tránsito exitoso y la aprobación de sus reformas. Sin embargo, las colectividades que por décadas se opusieron al cambio, conspiraron para que las reformas, que pretendían ser transformaciones reales, fueran solo retoques cosméticos. Y así tumbaron la reforma política, acortaron la tributaria, torpedearon la de la salud, tumbaron la pensional y laboral: y se aprestan a formar un bloque para que ninguna otra sea aprobada.
Posiblemente lo lograrán. Todo parece indicar que Petro no transará con los partidos la columna medular de sus propuestas. Es que una reforma al sistema de salud que mantenga la nefasta y corrupta intermediación financiera de las EPS es un saludo a la bandera. O una reforma laboral que no restablezca los derechos salariales conculcados a la clase obrera desde 2022 por las leyes uribistas es un insulto a los trabajadores del país. O una reforma pensional que no termine con la especulación de los fondos de pensiones privados y asegure una pensión digna para los viejos venideros y los existentes es impresentable.
Y lo que quedó claro, es que las transformaciones para la nación colombiana más vulnerable no pasan por el Congreso. A menos, hasta que se cumpla lo que alguna vez planteó el excongresista Gustavo Bolívar, de tener la mitad más uno de congresistas progresistas alineados con las propuestas de cambio. La existencia de la coalición partidista no puede ser a costa de presentar reformas que no reforman nada, y que mantienen el estado de injusticia y de inequidad en la población.
Con todo y ello, el cambio no solamente se hace a partir de reformas en el Congreso. Que, dicho sea de paso, no tendrían su eficacia de inmediato. El Gobierno Nacional puede concretar el cambio simplemente gobernando, ejecutando, pasando de la retórica a la acción. En este país presidencialista, Petro puede hacer transformaciones reales desde los instrumentos constitucionales y legales existentes. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Colombia Potencia Mundial de la Vida” tiene la ruta para cambiar el rumbo del país.
Por citar algunos ejemplos, desde el PND está en manos del Gobierno Nacional ejecutar los 8 billones con Juntas de Acción Comunal mediante las Asociaciones Publico Populares (APP) para construir infraestructura y desarrollo social. O la concreción de la reconstrucción de las vías férreas del país. O la construcción de las obras de saneamiento básico en la cuenca de Pacifico y en otras zonas del país. o la edificación de las ciudadelas universitarias a lo largo y ancho de Colombia para avanzar en gratuidad en la educación superior.
La Constitución y las sentencias de la Corte Constitucional dan margen al presidente para que actué en la garantía de derechos. Tal como lo hizo recientemente en La Guajira mediante la ejecución de medidas extraordinarias en materia de salud, educación, e infraestructura. La integración internacional no requiere de reforma, sino que es un mandato de la Carta Política. En suma, el presidente no puede centrar su gobernanza para el cambio del país en la acción parlamentaria respecto a sus reformas, gobernar es posible y transformar el país con los instrumentos con que cuenta el ordenamiento jurídico interno y el internacional de que hace parte Colombia. Ir a las regiones a gobernar, a ejecutar, a hacer es urgente hoy.
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