22 de marzo de 2023

Por: John Jairo Blandón Mena

El drama humanitario que padecen las comunidades afectadas por la confrontación armada en media geografía colombiana es insostenible en el tiempo. Alrededor de 50 estructuras armadas ilegales en el país (según informe de La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional) disputándose a sangre y fuego el control de las rentas territoriales, las rutas del narcotráfico y hasta la contratación pública hacen que el camino de la paz total esté lleno de tantos obstáculos, que de sueño podría convertirse en una utopía.

El rechazo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) del cese al fuego decretado por el presidente en las vísperas del inicio del presente año, sumado a la reciente suspensión del mismo con el Clan del Golfo por parte del ejecutivo son el preludio que la paz total podría ser más un deseo de las mayorías que una posible realidad. Lo cierto, es que una propuesta de tanta magnitud ha sido manejada inadecuadamente por el Gobierno Nacional.

La inexistencia de una ley de sometimiento a la justicia para grupos armados sin reconocimiento político, hace improbable la negociación con esas estructuras. Desde luego, que no habrá ningún tipo de acuerdo que conlleve a desescalar su accionar violento, sin conocer previamente las consecuencias del reconocimiento de sus delitos y el alcance que tendría lo acordado en ese ámbito. Aunque el proyecto de ley está ya radicado en el Congreso de la Republica, era necesario primero tener el marco jurídico antes de iniciar con la ruta de negociación.

Por otro lado, la indefinición del procedimiento para acercarse a las estructuras armadas ilegales y de los titulares de esa responsabilidad por parte de la institucionalidad desencadenó en transacciones mafiosas al interior de las cárceles para otorgar eventuales beneficios a procesados y condenados por delitos asociados al narcotráfico. No ha habido la suficiente claridad en la manera en que van a coexistir las múltiples mesas de negociación a nivel regional y nacional, y con los diversos grupos que han mostrado su disposición. El equipo negociador con el ELN es plenamente conocido, pero ¿habrá otros grupos, así de numerosos, con las demás estructuras armadas? 

El expresidente Juan Manuel Santos, afirmó en una entrevista radial, creo que, con suficiente razón, que la no implementación integral de los acuerdos con las FARC no permitirá que otros grupos suscriban nuevos pactos con el Estado. Y en eso, aunque el Gobierno Nacional tiene la disposición de avanzar, es necesario que se ponga de cara al país el rol de la nueva Unidad de Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Esa que puede ser la institución con el nombre más largo en el Estado, no puede ser concebida como una institución burocrática más, sino como el ente encargado de materializar lo que su propio nombre describe.

Esperemos que el debate de control político al que ha sido citado el alto comisionado para la paz sirva para encauzar su accionar. Hay voces desde la propia coalición oficialista que reclaman al presidente intervención inmediata a la ejecución de la política de paz. Entretanto, la generosidad gubernamental plasmada en el Proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia debería ser asumido por los diferentes grupos, sería su última oportunidad para saldar sus cuentas y darle un profundo respiro de paz a Colombia.