Por: John Jairo Blandón Mena

La pandemia del Covid-19 que vienen controlando los países que se tomaron en serio el proceso de vacunación, y que, en Colombia, a juzgar por los más de 100 decesos registrados en los últimos tres días, pareciera estarse generando otra curva ascendente en contagios y muertes, agravada por el lento proceso de vacunación, que después de un mes solo contabiliza un millón de colombianos inoculados, ha sido el escenario propicio para que la corrupción enquistada en la institucionalidad del país hiciera metástasis de una forma absolutamente descomunal.

El martes pasado el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana presentó el informe “Un año de Covid-19: ¿Cómo va la transparencia en el manejo de los recursos públicos?”, la conclusión más notoria del estudio fue que el manejo de los casi 30 billones de pesos que el Gobierno Nacional destinó para el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) para atender las necesidades generadas durante la pandemia ha sido opaca y confusa. Aunque, desde el ministerio de Hacienda afirman que casi la totalidad de los recursos se han invertido en la atención de la contingencia; el Observatorio que le hizo trazabilidad al gasto público ejecutado afirmó que solo 7 billones se han desembolsado y han sido efectivamente ejecutados.

De la cuenta del FOME, el gobierno realizó 94 transferencias por un total de 29,7 billones, mayoritariamente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Trabajo y el Departamento para la Prosperidad Social; pero en esas entidades fue técnicamente imposible hacerle seguimiento al gasto porque los dineros entraron a diversas cuentas, incluso algunas creadas antes de la pandemia, y que tienen por objeto el tratamiento de ámbitos distintos. Por tal razón, el observatorio no pudo determinar cuál fue el destino final de esos recursos.

Por otro lado, el FOME no ha centralizado la totalidad de los recursos públicos de la pandemia, desde el Minhacienda se han hecho transferencias a entidades territoriales por valor de 8.5 billones, y alrededor de 130 mandatarios locales han apropiado recursos propios por casi un billón de pesos; buena parte de ese dinero terminó siendo asignado de manera directa en operaciones contractuales, de las cuales muchas vulneraron los principios de la Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal; no es gratuito que el informe en cuestión haya señalado que “no es posible conocer el destino específico de los recursos empleados –peso por peso– persiste la ausencia de un plan de gasto detallado de los billonarios recursos presupuestados”.

Recientemente, el FOME fue alimentado con 10 billones de pesos más, y persisten los mismos interrogantes sobre el manejo de los recursos. En temporada preelectoral, existe un altísimo riesgo, que ya podría estar siendo realidad, que estos dineros terminen aceitando las campañas regionales a las próximas elecciones al Congreso. La Fiscalía ayer confirmó actos graves de corrupción en por lo menos 13 departamentos del país, de los cuales 3 de sus gobernadores están debidamente judicializados; el de San Andrés, por irregularidades en un contrato por 500 millones de pesos para material publicitario suscrito durante la emergencia; el de Putumayo, por detrimento en la compra de 10 ambulancias medicalizadas para el departamento, por 3.460 millones de pesos; y el del Chocó, por un contrato que suscribió de forma directa con una fundación por más de 2.000 millones de pesos para dar charlas preventivas sobre Covid-19 a varias comunidades y adelantar una campaña publicitaria.

La avalancha de dineros para la atención de la pandemia les cayo “de perlas” a las estructuras mafiosas y corruptas al interior de las entidades públicas; mientras, las verdaderas necesidades de los damnificados con la emergencia siguen creciendo: las decenas de miles de empleados que perdieron sus puestos de trabajo, los miles de pequeños y medianos empresarios quebrados, los sectores de la economía liquidados por la crisis; y en general, la clase media y baja en franco proceso de empobrecimiento siguen a la espera de la efectiva atención estatal.

Y, ante este panorama de saqueo al erario, se cocina otra reforma tributaria con las mismas características de las ultimas 10 que se han aprobado: estructural y progresiva, que seguramente extenderá el IVA a los pocos productos de la canasta familiar que aún están exentos y ampliará el impuesto de renta a la clase media trabajadora; medidas que precarizarán más a las clases populares. Pero, la pregunta de fondo, tanto del Observatorio como de cualquier lector desprevenido es ¿Dónde están los más de 20 billones destinados a la pandemia que el Gobierno dice que gastó pero que no aparecen ejecutados?