Desigualdad digital en Colombia

Por: John Jairo Blandón Mena

Desde hace más de una década, organismos multilaterales de Derechos Humanos vienen postulando la necesidad que los Estados erijan el acceso a la información como un derecho humano fundamental. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2015 proclamó un documento vinculante para las naciones partes, donde estableció que el acceso a la información resulta esencial para el funcionamiento democrático de los pueblos y para el bienestar de toda persona; y desde luego, para que ese cometido se haga realidad es necesario la disponibilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todos los sectores de la sociedad.

Colombia, en la Ley 1341 de 2009 (artículo 2, numeral 7) estableció lo que el legislador denominó “El derecho a la comunicación, la información y los servicios básicos de las TIC”, y a renglón seguido prescribió, que el Estado propiciara a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones básicas.

Sin duda, este texto normativo había pasado desapercibido y sin ningún escrutinio público hasta llegada la pandemia, y con ella la necesidad de todos los sectores del país de continuar su acción vía internet. La suspensión de la presencialidad en la industria, el comercio, y especialmente en la academia desnudó nuestra realidad digital, y, hay que decirlo con todas las letras, que esta ley, desarrollo, entre otros, de los artículos 20 y 67 de la Constitución, es absolutamente letra muerta, veremos los porqués.

Según datos del propio ministerio de las TIC, en el país cerca de 21,7 millones de personas cuentan con internet, mientras que 23,8 no tienen garantizado ese derecho, es decir, de 10 colombianos 6 no cuentan con acceso a la red. Adicionalmente, para los que tienen el privilegio (no el derecho), la velocidad de internet en el país es en promedio de 3,4 megas reales, mientras, que la mayoría de países europeos están en promedios muy superiores a 30, y comparativamente en la región, Colombia está muy por debajo de Chile, Perú, Panamá, México, Uruguay, Costa Rica y hasta Belice. Y aunque, este tema hace que la conectividad sea lenta, especialmente, durante la pandemia y en horas de mucho tráfico, el asunto medular sigue siendo que más de medio país ni siquiera tiene acceso a esa lánguida conexión.

Las consecuencias de la desconexión de la mitad de la nación a la red mundial, además de configurar una vulneración a la integralidad de sus derechos fundamentales, por la vinculación existente hoy entre internet con prácticamente todas las actividades cotidianas: estudiar, pedir una cita médica, acceder a la información del acontecer local y mundial, comunicarse con los suyos y hasta entretenerse, se torna fundamentalmente, en una condición que determina el empobrecimiento y la marginalidad.

Durante la pandemia, en ciudades como Medellín, alrededor de 9.000 estudiantes han desertado del sistema educativo en los niveles de preescolar, primaria y bachillerato por causas asociadas a la carencia de conectividad y/o medios tecnológicos para adelantar las actividades formativas virtualizadas completamente. Este factor ha generado que las desigualdades sociales se agudicen, tal como lo expresa la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) “En sectores como El Poblado (zona de estrato económico alto), los estudiantes ya tienen conectividad casi del 100 por ciento, pero en barrios populares la conectividad es muy reducida, no llega a un 60 por ciento”. Hoy mismo, las autoridades de Cali se expresaron en ese mismo sentido, y los más afectados son los estudiantes de las comunas del distrito de Aguablanca, uno de los sectores más marginales y empobrecidos de la ciudad.

En la agenda del movimiento social y popular tiene que estar en primer orden la demanda por la concreción de este derecho, en la actualidad, la brecha digital, la falta de acceso a la información, y en general, a la internet, precariza los procesos formativos, debilita el acceso a los bienes y servicios y asegura un empobrecimiento de los segmentos más vulnerables de la sociedad, y todas estas condiciones juntas son el camino perfecto para la perpetuación de las élites en el poder.

Imagen tomada de UN News

Sobre el autor

Doctor en Educación de la Universidad Católica Luis Amigó. Magíster en Educación del Tecnológico de Monterrey. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Especialista en Métodos de Enseñanza Virtual de la Universidad Católica del Norte. Especialista en Estudios Afrolatinoamericanos y Caribeños de Clacso. Abogado de la Universidad Católica Luis Amigó.   Se ha desempeñado como docente universitario. Coordinador del Equipo de Trabajo de Medellín en el Proceso de Comunidades Negras (PCN). Coautor de libro: Debates sobre conflictos raciales y construcciones afrolibertarias. Editorial Poder Negro. 2015.
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