El gobierno de Abelardo de la Espriella ha dejado en claro que nada quiere saber de educación. La andanada mística con la que ha designado ya a dos ministras, así lo indica.

La primera que acaba de renunciar, Viviane Morales, deja la imagen de una mujer evangélica, fanática, antiderechos y homofóbica, cuyos dramas personales son una ordalía reveladora de las contradicciones entre sus convicciones religiosas y el ejercicio de la función pública.

La sucesora, mucho más urticante, es Ilva Myriam Hoyos. Su trayectoria en la Procuraduría y en el ejercicio profesional como asesora jurídica del Episcopado la dibuja ultraconservadora; tan fanática, antiderechos, homofóbica, y anticuada como la anterior.

Las dos son la antípoda de lo que debería ser quien rija los destinos de un Ministerio de Educación en una sociedad democrática; cuyas funciones exigen apertura plural, respeto a la diferencia, comprensión dinámica de la sociedad, y una concepción de la educación fundada en la garantía de derechos, en la libertad de pensamiento, en la autonomía ética de los individuos, todo ello contrario a la impostura de los dogmas de fe.

Por sobre el perfil académico y técnico que debería caracterizar a quien dirija la política educativa, el actual mandatario ha privilegiado a quienes se muestren prestas a inspeccionar y controlar el funcionamiento de la escuela pública con sujeción a postulados morales y religiosos, eligiendo a dos mujeres desafectas de la ecuanimidad y ponderación que deberían imponerse en esa cartera; tal vez la más importante para el futuro de la democracia en esta nación.

Colombia, un país con hondas brechas sociales, políticas y económicas, abiertamente desigual e inequitativo, debería contar con un ministerio que haga de la educación el soporte de las trasformaciones digitales y tecnológicas que apuntalen el progreso del país, contando en sus aulas con conectividad, dispositivos funcionales, acceso a herramientas para el desarrollo de la inteligencia, adaptaciones curriculares que favorezcan el enlace entre la apropiación de las humanidades, el uso ético del saber y la vinculación creativa y pertinente en la dinámica productiva.

En su lugar, el acumulado deficitario en la escuela pública evidencia rezagos en procesos lectores y comprensivos, debilidades en el desarrollo del pensamiento matemático y científico, desapropiación tecnológica y contracción del pensamiento crítico y resolutivo; con marcados y desprolijos resultados en pruebas nacionales e internacionales. De repeso, tanto en primera infancia como en la educación básica, media y universitaria crece la inquietud por el bajonazo en las tasas de natalidad, reduciendo la matrícula escolar sin que se sostenga un fuerte debate nacional en torno a la cobertura educativa y las relaciones técnicas en el aula.

Pese al volumen tan significativo de retos por abordar, el debate público está concentrado en alimentar fantasmas en la formación escolar. Titulares grandilocuentes evidencian que a este gobierno le interesa más adoctrinar que educar. La obcecación en torno a la eufemística ideología de género crece, tanto como los anuncios de ridículas batallas culturales que pretenden disputar valores, restituir a Dios y satanizar autores supuestamente protagónicos en “contenidos educativos” cuya presentación hace mucho tiempo responden a la autonomía escolar, en un país sin currículo nacional estandarizado.

El desplazamiento de los asuntos de importancia sustancial para la política educativa por una insulsa agenda moral y religiosa resulta problemático y lamentable. Mientras se reclaman recursos, tecnologías e infraestructuras acordes con las necesidades del siglo XXI, siendo que incluso las y los docentes financian de su propio bolsillo la creciente formación posgraduada que caracteriza al gremio, el primer mes del gobierno no ha representado la concreción de una política seria y sustentable que haga frente a las realidades demográficas y económicas que deberían importar en la construcción de la tan anunciada “patria milagro”. En su lugar molesta la insistencia en convertir al Estado en vitrina de convicciones particulares que pretenden regir el decurso de la sociedad.

La escuela debe seguir siendo protagónica en las definiciones políticas y no un campo de batalla de prejuicios y mandatos. No por nada, su papel como soporte en la formación de ciudadanas y ciudadanos pensantes, capaces de disentir y decidir libremente está en cuestionamiento, en momentos en los que las falsas noticias, la segmentación informativa, la manipulación algorítmica, la polarización discursiva, la proliferación de discursos de odio y la instrumentalización ideológica, ponen en riesgo la apropiación de saberes y el disfrute de los acumulados culturales que constituyen patrimonio de la humanidad.

Si el cuestionamiento a la saliente ministra puso al país a debatir en torno a la prestación pública del servicio educativo, ante una reforma que abre la puerta a la privatización so pretexto de apoyo y colaboración en la administración educativa, los antecedentes de quien llega preocupan por su manifiesta inclinación en implantar la doctrina de la fe católica como programa de gobierno.

La escuela no puede ser una fábrica de creyentes, ni constituye el lugar de la militancia ideológica, ni debe convertirse en un espacio para la difusión dogmática, ni ha de ser definida bajo la imposición de arbitrariedades.  Su papel, en una sociedad democrática, estriba en la formación de ciudadanas y ciudadanos libres, autónomos y retadores de cualquier sujeción o subordinación política, religiosa o ideológica, capaces de enfrentar las tareas sociales de su generación; sin adoctrinamiento alguno.