Defensa del programa Jóvenes en Paz

26 de diciembre de 2023

Por: John Jairo Blandón Mena

Cada política pública que pretenda materializar el acceso de las poblaciones más vulnerables de la nación a las condiciones de dignidad establecidas en la Constitución Política tiene, como respuesta por parte de las élites colombianas, andanadas de deliberados ataques clasistas, racistas, desinformativos y deslegitimadores. Los sectores defensores del inequitativo statu quo del país se sienten conformes con la sistemática e histórica exclusión de las mujeres, los pueblos étnicos, los campesinos, las víctimas del conflicto armado y, en general, de las personas en situación de extrema pobreza, habitantes de la ruralidad y todos aquellos grupos que la Corte Constitucional ha denominado de especial protección constitucional, por su condición de vulnerabilidad.

En ese contexto, son incontables las políticas sociales de orden nacional desconocidas e inaplicadas por los anteriores gobiernos. Ese actuar omisivo e inconstitucional ha agudizado la situación de inequidad y desigualdad en que se encuentra la mayor parte de la población colombiana. Los indicadores de acceso a derechos de los grupos de especial protección constitucional, año tras año siguen en un estado crítico.

Por eso, en vez de apoyar que por primera vez en la historia republicana del país las mujeres, los habitantes de calle, los jóvenes, los discapacitados, los pueblos étnicos, la población LGTBIQ+ y los habitantes de la Colombia empobrecida, olvidada y distante de los centros de poder, tengan una institucionalidad de rango ministerial, las élites han fijado, por un lado, todo su odio racista dirigido a la persona que encarna la orientación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad; y por el otro, su animadversión exacerbada porque el Estado por primera vez pone su atención y recursos en atender una población que junta suma casi la totalidad de la nación.

Es que, para esas élites, el Estado era para el beneficio de la ínfima minoría privilegiada.

Para circunscribirme a la apología del programa Jóvenes en Paz que propongo en esta columna es clave decir que: de los casi 13 millones de colombianos entre 14 y 28 años, alrededor de la mitad están en extrema pobreza. Hay 3 millones de ese grupo etario que ni estudian ni trabajan, que comparten un panorama de precario acceso a la educación superior y al mercado laboral.

El empobrecimiento, la exclusión, la falta de oportunidades y el abandono del Estado de las juventudes de Colombia los ha dejado a merced de la explotación sexual y laboral, de las dinámicas criminales urbanas y rurales, y muy especialmente, de la desesperanza.

El programa Jóvenes en Paz no es para criminales, pues están excluidos de sus beneficios quienes tengan una sanción penal vigente. Tampoco es para quienes infrinjan la ley, toda vez que, no pueden acceder a él quienes sean sujetos de una orden de captura o de una aprensión por parte de autoridad judicial. Es absolutamente falaz afirmar que es “pagar por no matar”.

Jóvenes en Paz tendrá como destinatarios de la prestación económica a personas entre los 14 y 28 años en uno o varios de estos contextos o condiciones de vulnerabilidad: pobreza extrema, habitantes de la ruralidad, víctimas de explotación sexual, y vinculación o con riesgo de vincularse a dinámicas de criminalidad, violencia o reclutamiento forzado en territorios afectados por la violencia o el conflicto armado.

Por tal razón, reducir el programa a la afirmación según la cual a los jóvenes “se les va a pagar por no matar” es simplemente la contrariedad que les genera a ciertos sectores el que, por primera vez, a los jóvenes olvidados por el Estado se les visibilice para atenderlos institucionalmente, como ordena la constitución. Por otro lado, y no menos importante, es que la transferencia monetaria a los jóvenes solo se concretará si se certifican de manera periódica el cumplimiento de los componentes del programa: el trabajo social y el componente formativo.

El Comité Directivo del Programa Nacional Jóvenes en Paz está conformado por seis ministerios, el Departamento Nacional de Planeación y la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Estos tendrán, con la dirección del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, la orientación técnica y estratégica de esta transcendental e histórica política pública que beneficiará a miles de jóvenes del país. Esta concurrencia interinstitucional asegura la suficiencia técnica de su ejecución.