La Corte Penal Internacional y la Jurisdicción Especial para la Paz han enfrentado desmedidos ataques en los últimos años. Magistrados y jueces han sido expuestos a activas campañas mediáticas de desprestigio, cerco, sanciones y deslegitimación ante la comunidad internacional y nacional. De manera tendenciosa, se han intentado asociar dichas instituciones con supuestas agendas de izquierdas de desestabilización del orden global o se ha intentado socavar la credibilidad en los procesos de justicia que imparten. Sin embargo, la idea de menguar el peso de estas entidades en sus jurisdicciones parece obedecer a un camino decidido de grupos en poder contra la memoria, historia, justicia, verdad y reparación frente a crímenes de lesa humanidad, algunos sostenidos durante décadas.

En este sentido, Trump y Netanyahu son reconocidos ante la comunidad internacional entre los más vocales opositores de la Corte Penal Internacional en la actualidad. No solo han sustraído a los países de la institución durante sus mandatos, al menos en lo más reciente, sino que han proferido calificativos despreciativos de manera reiterada, desmesurada y carente de lenguaje institucional. Por ejemplo, Trump invitó a los países miembros de las Naciones Unidas a retirarse de la CPI ante el pleno de la 81 Asamblea General del organismo. Por su parte, Netanyahu no escatimó esfuerzos en señalar la institución y aunarse a los propósitos de su gran aliado. No obstante, es claro que la férrea lapidación de la CPI busca restar interés y desconocer las denuncias y procesos que esta institución ha venido desarrollando relacionados con genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, violaciones al derecho internacional humanitario y los derechos humanos en diversas regiones del planeta. Quien funge como presidente de los Estados Unidos también precisó, ante medios y al lado del hoy su Secretario de Defensa, Marcos Rubio, su interés en proteger a “Bibi”, Netanyahu, de un juzgamiento ante la CPI por el genocidio cometido contra el pueblo palestino.

Por otro lado, en cuanto al caso colombiano, el surgimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el marco del proceso de paz con las extinguidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, también ha suscitado reacciones adversas por parte de un grupo en poder económico, político y militar del país, generalmente asociado como actor importante del conflicto armado, masacres, destierro, desombligamiento, crímenes de lesa humanidad, etc. Asimismo, parte de la ciudadanía y militancia de estos sectores han sido vehementes en la demostración de su rechazo a la concepción misma de la JEP, sus ejecutorías y ejercicio de impartir justicia en perspectiva transicional. La propaganda ha sido sistemática, como en el caso anterior. De manera calumniosa, magistrados y jueces han sido vinculados con actores armados ilegales y sus dictámenes han sido tomados como “complacientes” y “promoción de impunidad”, desconociendo e impulsando la ignorancia frente las perspectivas de justicia en contextos de infraviolencia y construcción de paz.

De manera que, justamente bajo el lente de la reivindicación de memoria, justicia y verdad, se debe reconocer la libertad de las víctimas sobrevivientes a la guerra armada a disentir y ser críticos frente a las decisiones que las instituciones toman. Sería injusto pretender dictar las reacciones que tendría que tomar un desombligado frente al dolor infligido por uno u otro actor armado. Empero, es igualmente injusto manipular, instrumentalizar, capitalizar y utilizar el dolor o tergiversar las acciones de una institución como la JEP para profundizar odios entre los colombianos, ganar elecciones, probablemente proteger amistades e imponer “el perdón y el olvido”.

La gran responsabilidad que nos asiste es adentrarnos en las comprensiones y dimensiones de la realidad del conflicto nuestro para que, de la mano, logremos forjar un horizonte común como país a partir de fundamentos mínimos. Por ejemplo, debería ser sentido común garantizar en los próximos 10 años el acceso a agua potable de sus ciudadanos. En 10 años también podríamos adelantar la construcción de las instituciones de educación preescolar, básica, media y terciaria necesarias para educar nuestra sociedad. Del mismo modo, dada nuestra triste experiencia violenta, tendríamos que confluir en la idea de la dignidad humana o que ningún pueblo es superior a otro y, menos, puede declarar su destrucción cultural y extinción humana. Esto comprendería el claro posicionamiento ante los numerosos conflictos activos y la defensa de la vida misma.

En conclusión, las agendas de memoria, justicia, verdad y reparación deben estar sobre la mesa en las discusiones como país. Hoy están amenazadas. Lo problemático es que la imposición de mordazas o la connivencia ante genocidios conlleva fácilmente a escenarios de repetición, reproducción y abismo sistemático. Los colombianos y el planeta merecemos hacer un pare ante la crueldad extendida por décadas y festejar la vida hasta convertirla en la desaparecida y siempre buscada alegría colectiva (se opone a la desesperanza como condición, la incertidumbre, el individualismo, la tristeza, la maquinización del humano y la imposibilidad). Por tanto, debe llamar nuestra atención que el nuevo gobierno intente asfixiar a la JEP a través de la combinación de estrategias múltiples como la desfinanciación y las mencionadas previamente. Asimismo, debe ocuparnos que haya una decidida y excesiva voluntad de profundización de las relaciones con Israel, en medio del genocidio, y un impresentable alineamiento de Colombia con las insostenibles propuestas de Trump y Netanyahu contra la CPI. Colombia recientemente se ha retirado del grupo de países que condenó y denunció el genocidio contra el pueblo palestino. Esto debe interrogarnos frente a nuestra propia realidad en tiempos de exacerbación de la violencia en el país y en el planeta.