25 de enero de 2024

Por: Arleison Arcos Rivas

[con inmenso agradecimiento a las mujeres que leyeron, corrigieron y aportaron conceptos y párrafos para esta nota]

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La intensificación de feminicidios en Colombia deja claro que de amor nadie se muere. A la hora de encarar la proliferación de este fenómeno delincuencial, resalta la horripilante cifra de 525 feminicidios documentados por el Reporte Dinámico que registra el Observatorio Colombiano de Feminicidios.

Tal magnitud evidencia que no se trata de un asunto de gente enferma, ni resulta plausible camuflarlo como desamor. Menos aún, puede aceptarse la indecorosa afirmación de que se trata de líos de faldas o, bajo viejos atavismos, aceptar que ocurre bajo los efectos de la ira e intenso dolor, como solían abogar los defensores en los estrados judiciales.

Se deduce de las cifras que las mujeres están padeciendo por lo menos un feminicidio cada día, sin que resulte evidente que las autoridades responsables de la investigación y juzgamiento hayan implementado acciones eficaces para atender con diligencia las múltiples denuncias ni para proteger a quienes urgen medidas preventivas, como suele ocurrir en la antesala a la ocurrencia de un hecho luctuoso en el que las mujeres son disminuidas y cosificadas.

Peor aún: la situación podría ser mucho más dramática, si se considera la presunción de que muchos eventos violentos ni siquiera son reportados o denunciados, extendiendo la alarma por lo que ocultan las cifras de desapariciones de mujeres en el país. Como se ha reportado en varias columnas de DIÁSPORA, por parte de Diana Lorena Montaño y John Jairo Blandón y Jacqueline Jaceguai, Colombia es un país feminicida, en permanente estado de emergencia por la desatención al escalamiento de este crimen.

Las macabras imágenes de mujeres atormentadas y perseguidas por hombres con intención de perpetrar un crimen que se solaza en multiplicidad de formas delictivas de acoso, tortura, consumación criminal y desmembramiento, se multiplican hasta extenderse a la casi totalidad del territorio nacional.

Convertidas en cosa, bien o propiedad y ciudadanas de segunda, cada feminicidio refleja ultrajes, humillaciones y desprecio por la estima, la dignidad, la autonomía y la vida de las mujeres, sin que se encuentren en condiciones fácticas para disfrutar a plenitud y con garantías, su vida íntima, familiar, sexual, sentimental o conyugal.

Niñas, jóvenes, embarazadas, cónyuges, exparejas, madres, abuelas caen diariamente y año tras año, sin que encontremos como sociedad alternativas disuasorias y fórmulas penales rigurosas que contengan la voracidad depredadora de quienes, inusitados delincuentes o veteranos criminales con denuncias antecedentes e incluso condenas, encuentran y explotan fisuras y beneficios sistémicos para acometer contra ellas diferentes formas escalonadas de violencias.

No bastan los mensajes dolidos y las declaraciones apesadumbradas cada que ocurre un crimen, cual más execrable que el anterior. Tal como lo demandan las organizaciones especializadas y acompañantes, resulta perentorio que la escuela, la sociedad, las entidades públicas, sumadas a las organizaciones de la sociedad civil ofrezcan atención oportuna, establezcan rutas diligentes y accesibles y, sobre todo, garanticen formas de actuación diligente y eficaz.

Aunque el trabajo del Ministerio de la Igualdad y su viceministerio de las mujeres apenas empieza, urge una labor decidida de todas las autoridades judiciales, de bienestar familiar, culturales y responsables de políticas de géneros y salud mental, para que se decidan y encaren las implicaciones multidimensionales, interseccionales e intersectoriales que impactan en la educación, promoción, prevención, evitabilidad y no proliferación.

Tanto en los consejos de política social como en las dependencias orientadas al cuidado de la diversidad sexual, las identidades de género y a los derechos de las mujeres se hace necesario que mejoren las cifras y estadísticas de ocurrencia, atención y acompañamiento que hoy ni siquiera cuentan con un estimativo único o centralizado.

Un sistema integrado de observación, monitoreo y tramitación de denuncias podría contribuir a prevenir y desestimular la frecuencia con la que se registran nuevos feminicidios, hasta disminuir radicalmente sus manifestaciones.

De igual manera, salta a la vista la urgencia de que en las instituciones educativas se implementen estrategias formativas y culturales encaminadas a promover derechos sexuales y reproductivos, tal como está propuesto en los hilos conductores del programa de Educación para la Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía – PESCC, retando los estereotipos sobre los que cabalga el machismo imperante y su enorme incidencia en el desencadenamiento violento y criminal de las múltiples violencias contra las mujeres, niñas y niños y diversidades sexuales.

Si en la escuela se ha enseñado la desigualdad sexual y la minusvaloración entre géneros, hoy apremia que se puedan aprender nuevos hábitos, prácticas y principios que dignifiquen, humanicen y transformen las comprensiones sobre la valía de las mujeres, en una sociedad en la que todavía se supone la supremacía masculina.

Dado que de amor nadie se muere, ahondar en experiencias de intervención educativa en torno a las violencias basadas en el género, convoca a permear los vínculos entre amistades y compañías de clase, las prácticas de amoríos, lances y noviazgos, las dinámicas sexuales asociadas a la expresión de la juventud, y las disposiciones corporales, anímicas y psicológicas relacionadas con la riqueza de la corporalidad y sus implicancias éticas, influyentes en la precarización de la vida íntima, la impunidad en las transgresiones y maltratos y la ocurrencia de acciones indolentes y violentas, con las que se va armando el expediente de futuros feminicidas.