23 de agosto de 2026

 

 

Por: Pablo Muñoz Rojo[i]

 

 

Los que llevan años diciendo que no quieren saber nada del Estado, ¿qué se les pasa por la cabeza estos días?

Un Estado fuerte no es una abstracción. Un Estado fuerte implica inversión pública en equipos de emergencia, rescate y bomberos; personal sanitario suficiente; hospitales y centros médicos preparados y habilitados; sistemas de alerta, prevención, coordinación y respuesta; profesionales formados y recursos disponibles cuando más falta hacen. Todo eso es inversión pública. Y todo eso es, precisamente, de lo que carece Colombia.

La gestión, preparación y prevención de los desastres naturales que no podemos controlar a corto o medio plazo dependen de decisiones políticas y de inversión pública. Dependen de que nuestras vidas no estén sometidas a la lógica de los negocios de otros. Dependen de que exista una estructura colectiva capaz de responder cuando una persona lo pierde todo. Para eso está el Estado, para garantizar la vida.

Porque cuando no hay médicos suficientes, cuando faltan profesionales, equipos, hospitales preparados y un sistema de emergencias con capacidad de respuesta, lo que queda es la filantropía y el trabajo del pueblo. Y convertir esa imagen en algo heroico, en una demostración romántica de solidaridad, puede terminar ocultando algo mucho más incómodo, que la gente se está organizando porque no le queda otra. Hay algo profundamente valioso en ver a miles de personas movilizarse, rescatar, donar, buscar desaparecidos, llevar alimentos y poner su propio cuerpo al servicio de los demás. Eso habla de nuestra capacidad humana para cuidar y organizarnos. Pero también evidencia una ausencia.

Cuando una sociedad tiene que suplir con solidaridad aquello que debería garantizar una estructura pública, no estamos ante una demostración del fracaso del Estado. Estamos ante la consecuencia de haberlo debilitado, desfinanciado o dejado sin capacidad suficiente. La solidaridad no puede convertirse en la coartada de la dejadez institucional. Que el pueblo se organice para ayudar no demuestra que no necesitemos al Estado, demuestra que, cuando las instituciones no llegan, la gente se ve obligada a ocupar su lugar. Esa incapacidad del Estado transforma a cada persona particular en un héroe nacional.

Quizás ahí está una de las mayores contradicciones de estas tragedias. Celebramos como actos extraordinarios cosas que deberían formar parte de una respuesta pública normal. Aplaudimos que una persona arriesgue su vida para rescatar a otra, que una comunidad se organice para conseguir alimentos, que vecinos pongan sus vehículos a disposición de quienes buscan a sus familiares o que la ciudadanía reúna recursos para cubrir necesidades básicas. Todo eso merece reconocimiento. Pero no debería ser la condición necesaria para sobrevivir.

Cuando una sociedad necesita héroes para hacer funcionar aquello que debería estar garantizado por derechos, no estamos únicamente ante una muestra de solidaridad, estamos ante la evidencia de una falla estructural. El problema no es que exista una ciudadanía solidaria. El problema es que esa solidaridad tenga que ocupar constantemente el espacio que dejan vacío las instituciones.

Una sociedad justa no puede depender de que determinadas personas tengan la valentía, el tiempo o los recursos para salvar a otras. No podemos construir un modelo donde la posibilidad de recibir ayuda dependa de encontrar un héroe o una heroína. Los derechos no pueden depender de la excepcionalidad de la gente común. Deben estar garantizados por estructuras colectivas y sostenibles.

Durante años se nos ha repetido que el Estado debe intervenir menos, que los impuestos son demasiado altos, que cada individuo debe responsabilizarse de su propio futuro, que los servicios públicos son ineficientes y que el mercado asigna mejor los recursos. Pero cuando llega una catástrofe nadie pregunta cuánto vale el mercado. Se pregunta dónde están los bomberos, dónde están los médicos, dónde están los hospitales, dónde están los equipos de rescate y dónde están los recursos públicos. Ahí aparece una de las mayores incongruencias del discurso de quienes defienden un Estado pequeño. Cuando la vida está en juego, incluso quienes han defendido reducir lo público necesitan de aquello que previamente contribuyeron a debilitar. Lo vemos hoy con el terremoto en Colombia en el que se establece la retórica de que se salve quien tenga la plata y los medios.

Y hay algo todavía más importante. Un desastre natural no afecta a todo el mundo de la misma manera. El terremoto puede ser el mismo, pero las consecuencias no lo son. Y estamos siendo testigos de ello. No es lo mismo perder una vivienda cuando tienes ahorros, seguros y otra propiedad que perderla cuando esa vivienda era todo lo que tenías. No es lo mismo necesitar transporte urgente cuando puedes pagar cualquier precio que cuando no tienes dinero ni para el transporte cotidiano. No es lo mismo reconstruir una empresa que reconstruir una vida.

La naturaleza puede producir el desastre, pero la desigualdad determina quién está más expuesto, quién puede protegerse, quién recibe ayuda primero, así como el enfoque mediático y quién tarda años en recuperarse. Por eso la gestión de una catástrofe también es está marcada por el capitalismo racial.

El terremoto ha vuelto a constatar algo que conocemos demasiado bien, sobre todo quienes lo padecen, el racismo estructural también se expresa en el territorio. La distribución geográfica y la organización histórica del trabajo también están atravesadas por la racialidad. No todos los territorios han recibido históricamente la misma inversión pública. No todas las geografías han tenido las mismas infraestructuras, los mismos hospitales, las mismas vías de comunicación, los mismos sistemas de emergencia ni la misma capacidad institucional. Y no es casualidad que muchos de los territorios históricamente más abandonados por el Estado sean también territorios profundamente racializados.

Y cuando ocurre una catástrofe como esta, esa desigualdad histórica acumulada se traduce en vidas. Por eso no basta con decir que el terremoto fue una tragedia natural. Hay que preguntarse por qué sus consecuencias son tan diferentes según dónde se nace, dónde se vive y qué población habita ese territorio. Porque un terremoto puede ser natural, pero la vulnerabilidad no lo es. La vulnerabilidad se construye políticamente.

Se construye cuando durante décadas se invierte menos, cuando determinadas geografías son consideradas periféricas, prescindibles o secundarias, y cuando el Estado llega tarde, llega poco o directamente no llega. Y en Colombia esa historia tiene también una dimensión étnico-racial innegable. Hay una jerarquización histórica de los territorios y de las vidas que los habitan. Y esa jerarquización queda constatada tras el terremoto en todas sus aristas.

Por eso hablar de prevención y respuesta también es hablar de racismo estructural. Porque prevenir también es redistribuir. El terremoto no ha creado las desigualdades. Las ha vuelto visibles ante tantos ojos ciegos. En todo caso, lo que ha hecho es agudizarlas. Las brechas mañana serán más grandes de lo que eran ayer.

Y mientras miles de personas se movilizan para salvar vidas, el mercado sigue funcionando. Personas que necesitan desplazarse para buscar a familiares desaparecidos pueden encontrarse con precios disparados en las diferentes plataformas. Materiales, productos e insumos necesarios pueden encarecerse precisamente cuando más falta hacen. Y así lo está denunciando mucha gente. La emergencia se convierte así en una oportunidad para algunos. Los de siempre.

A las pocas horas de una tragedia, quienes buscaban a sus familiares no deberían tener que preguntarse si pueden pagar el transporte para llegar hasta ellos. Quien necesita un material indispensable para rescatar no debería encontrarse con que su precio se ha multiplicado porque la demanda ha aumentado. Esta es la consecuencia de dejar que el mercado funcione libremente al transformar una necesidad urgente y dejarla a merced de quien pueda aprovecharse de ella.

En todo esto el papel del Estado es clave, sobre todo bajo los modelos de las democracias liberales. Se tiene que impedir que alguien pueda enriquecerse aprovechándose de la desesperación de los demás y garantizar que reconstruir una vida no dependa de cuánto dinero tengas.

También tendremos que hablar de quién pagará todo esto. Porque después de cada desastre aparece inevitablemente la factura de la reconstrucción. Y ahí debemos estar atentos. No puede volver a ocurrir que quienes menos tienen sean quienes terminen pagando proporcionalmente más por reconstruir lo que una sociedad entera necesita. Si queremos un Estado capaz de salvar vidas, habrá que financiarlo. Y quienes más tienen deben aportar mucho más.

Las grandes fortunas, las grandes empresas y quienes concentran una parte desproporcionada de la riqueza (representación de la blanquitud) no pueden limitar su responsabilidad a hacer donaciones cuando llega una tragedia. Una donación es voluntaria. La solidaridad puede ser voluntaria. Pero sostener los derechos y los servicios públicos no puede depender de la caridad. Tiene que ser una obligación. Para eso existe la política fiscal. Para eso existe el Estado, no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta democrática.

Porque un hospital no puede depender de la generosidad de un millonario. Un cuerpo de bomberos no puede financiarse mediante una campaña de donaciones. Un sistema de emergencias no puede funcionar esperando que la ciudadanía haga una colecta cada vez que ocurre una desgracia. Eso no es solidaridad. Eso es precariedad institucional. Y la precariedad institucional mata.

Con la pandemia se nos dijo que saldríamos más fuertes, que habíamos aprendido las lecciones y que nada volvería a ser igual. Sin embargo, pasó la emergencia y esa supuesta lección no se tradujo en la inversión pública necesaria para mejorar nuestros sistemas de prevención y respuesta. Más bien ocurrió lo contrario. Hemos seguido avanzando hacia unos servicios cada vez más precarizados y privatizados, en los que la capacidad de protegernos depende progresivamente de cuánto puede pagar cada persona. La batalla es ideológica.

Por eso cabe preguntarse qué nos hace pensar que después de este terremoto será diferente. Si una pandemia que puso al mundo entero frente a la fragilidad de nuestros sistemas públicos no fue suficiente para cambiar el rumbo, no parece razonable esperar que esta tragedia produzca por sí sola una transformación política. Y menos en la coyuntura en la que nos encontramos.

El Gobierno de ultraderecha que acaba de iniciar su mandato, pocos días antes del terremoto, parte de una posición ideológica que se encuentra en las antípodas de la defensa de un Estado fuerte, redistributivo y capaz de garantizar servicios públicos universales. No parece que un desastre como este vaya a cambiar de repente esa concepción política. No somos ingenuos y sabemos que su base ideológica es la del capital. Precisamente por eso, más que esperar que la tragedia produzca un cambio de rumbo, tenemos que exigirlo políticamente.

Tenemos que disputar un modelo de país en el que la inversión pública destinada a cuidarnos no sea considerada un gasto prescindible, sino una de las obligaciones fundamentales de cualquier Estado que pretenda garantizar la vida de sus ciudadanos. Porque prevenir también es hacer política. Decidir dónde se construyen hospitales, dónde se instalan equipos de emergencia, qué territorios reciben infraestructuras, qué recursos se destinan a la prevención o qué capacidad tienen los servicios públicos para responder ante una catástrofe son decisiones políticas construidas bajo marcos ideológicos concretos. Y esas decisiones nunca son neutrales. Determinan qué vidas están más protegidas y cuáles quedan más expuestas. Cuáles merecen ser cuidades y cuáles no. Cuáles son rentables y cuáles no.

Por eso la reconstrucción que vendrá después de este terremoto no puede limitarse a reparar edificios y carreteras. Tiene que servir para cuestionar las desigualdades territoriales, económicas, sociales y étnico-raciales que han hecho que determinadas poblaciones estén históricamente más expuestas al abandono institucional.

Quizá no podamos evitar que la tierra vuelva a temblar, que llegue otra inundación o que el cambio climático nos enfrente a nuevos retos. Lo que sí podemos decidir es qué sociedad queremos tener cuando eso ocurra. Podemos seguir avanzando hacia un modelo en el que la protección dependa de la capacidad individual de pagar, en el que los territorios racializados continúen esperando y en el que la solidaridad de la ciudadanía tenga que cubrir las ausencias del Estado, o podemos construir un modelo basado en la redistribución de la riqueza, en servicios públicos fuertes y en un Estado que proyecte y garantice que nuestra posibilidad de sobrevivir a una tragedia no dependa de nuestra cuenta bancaria, de nuestro lugar de nacimiento o de nuestra racialidad.

Tras la desesperanza, la rabia y el desasosiego debe estar nuestra capacidad de exigir, de organizarnos y de disputar políticamente el modelo de sociedad que queremos. Porque la solidaridad del pueblo puede salvar vidas en una emergencia, pero solo un Estado garante puede conseguir que esas vidas estén protegidas antes de que la emergencia llegue.

Todo a su tiempo. Pero que la desgracia del pueblo no sea el beneficio de nadie. Y que nadie tenga que ser héroe de su propia historia.

 

 

[i] Pablo Muñoz Rojo nació en Madrid (1990). Es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desarrollado su labor investigadora en Madrid como Cartagena de Indias, donde reside actualmente.

Su trabajo se enmarca en una mirada crítica hacia las estructuras de poder contemporáneas, especialmente aquellas que sostienen el capitalismo racial y las jerarquías coloniales que organizan el mundo. Desde un compromiso con el antirracismo político orienta sus esfuerzos hacia la construcción de análisis críticos, herramientas colectivas y espacios de reflexión que contribuyan al horizonte abolicionista y a la transformación social.

Ha participado en eventos académicos nacionales e internacionales, colaborado organizaciones de la sociedad civil tanto en España como en Colombia, y mantenido un diálogo constante entre investigación, lo institucional y lo comunitario. Sus líneas de investigación se centran en el racismo, las migraciones y los Estados africanos. Además, colabora con el diario El Salto (España) y con el portal El Laberinto del Minotauro (Cartagena de Indias).

Es autor de Si es un problema de racismo (Editorial Diwan) y Baloncesto y racismo. Una historia indisociable (Editorial Catarata), así como coautor de ¿Te puedo tocar el pelo? De la negación al exotismo: experiencias en torno al pelo afro, publicado en su primera edición colombiana por la Editorial Proyecto Sin Límites.