El 20 de septiembre de 2026, la muerte de Donovan Balanta Paz, en el sector de Caracolí, en los límites entre Ciudad Bolívar y Soacha, volvió a poner sobre la mesa una pregunta que Colombia no puede seguir aplazando: ¿qué ocurre cuando los prejuicios raciales, el uso de la fuerza y la actuación de las instituciones de seguridad ejercen la fuerza policial en territorios donde habitan comunidades negras y jóvenes de sectores populares?

Donovan, de acuerdo con los reportes periodísticos, tenía 34 años, era padre de dos hijos, trabajaba en una empresa farmacéutica y estudiaba criminalística. Su muerte se produjo después de un procedimiento policial en el que se utilizó no solo la fuerza física sino además un dispositivo de descargas eléctricas, conocido como taser. La Policía informó que sufrió una afectación repentina de salud en la estación de Cazucá y que fue trasladado a un centro hospitalario. La familia, por su parte, denuncia golpes, descargas eléctricas repetidas y un uso excesivo de la fuerza. La causa exacta de la muerte y las responsabilidades individuales deben ser establecidas por las investigaciones correspondientes.

Este caso no puede ser tratado como una noticia más de sucesos. Tampoco es jurídicamente responsable anticipar una condena sin que se establezcan los hechos y las responsabilidades. Pero sí es legítimo y necesario preguntarnos si lo ocurrido expresa un problema más profundo: la persistencia del racismo estructural y la necesidad de garantizar que las personas afrocolombianas reciban protección efectiva frente a cualquier forma de violencia institucional.

 

El caso Donovan Balanta: una muerte que exige verdad, no explicaciones apresuradas

Las imágenes difundidas del procedimiento y los testimonios de familiares han generado preocupación por la forma en que se desarrolló la intervención policial. Según las denuncias recogidas por El Espectador, Donovan habría sido golpeado y sometido a varias descargas eléctricas después de ser reducido. La Policía, en cambio, ha informado que el ciudadano presentó una afectación repentina en la estación y que fue trasladado para recibir atención médica. La investigación debe esclarecer la secuencia completa de los hechos, el uso de la fuerza, la atención recibida y las circunstancias fácticas médico-legales del fallecimiento.

En este punto, la sociedad tiene derecho a exigir una investigación independiente, exhaustiva y transparente. No basta con anunciar una indagación disciplinaria. No basta con separar temporalmente a los funcionarios de sus cargos. Es necesario conocer qué sucedió, quién tomó las decisiones, cuáles fueron los protocolos aplicados, si la fuerza empleada fue necesaria y proporcional, y si hubo omisiones en la atención posterior.

La Policía Nacional informó que siete uniformados que participaron en el procedimiento fueron apartados de sus cargos mientras se adelantan las investigaciones. Esa medida es relevante como actuación administrativa, pero no determina por sí sola la responsabilidad disciplinaria o penal de los funcionarios.

El derecho a la verdad pertenece a la familia de Donovan, pero también a la sociedad. Una investigación rigurosa no debe orientarse a proteger la imagen de una institución ni a confirmar anticipadamente la versión de quienes denuncian. Debe esclarecer los hechos con pruebas, debido proceso y garantías para los familiares y testigos.

 

Racismo estructural: más allá del prejuicio individual

Hablar de racismo estructural no significa afirmar que toda actuación policial contra una persona afrocolombiana sea necesariamente racista. Significa reconocer que las instituciones pueden operar dentro de una sociedad atravesada por desigualdades históricas, estereotipos y prácticas discriminatorias, y que esas condiciones deben ser examinadas cuando una intervención estatal afecta de manera grave los derechos de una persona afrodescendiente.

El problema aparece cuando determinados cuerpos, territorios o identidades son asociados de manera sistemática con el peligro, la delincuencia o la amenaza. En esos contextos, un joven afrocolombiano puede ser sometido a una sospecha que no se fundamenta en su conducta concreta, sino en prejuicios vinculados con su apariencia, su lugar de residencia o su pertenencia étnico-racial.

La familia de Donovan ha denunciado que los estereotipos raciales influyeron en el trato recibido. Organizaciones y liderazgos afro de la zona también han señalado otras denuncias de presunto maltrato y discriminación policial contra jóvenes afrodescendientes. Estas afirmaciones deben ser investigadas y documentadas; no deben presentarse como hechos judicialmente probados sin una decisión que los establezca. Pero estos elementos deben ayudar a profundizar sobre un posible comporatmiento sistemático en contra de jóvenes afrocolombianos cuando se ven enfrengtados a las autoridades policiales.

 

Bogotá y Soacha: territorios que no pueden ser tratados como fronteras de derechos

El caso de Donovan tiene una particularidad institucional que merece especial atención. El procedimiento ocurrió en el sector de Caracolí, en los límites entre Ciudad Bolívar y Soacha, y participaron uniformados adscritos a la Policía de Soacha. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó que el Distrito apoyaría las investigaciones y que había solicitado acelerar el esclarecimiento de los hechos. También señaló que la autoridad debe ejercerse, pero que los abusos deben ser sancionados.

Las fronteras administrativas no pueden convertirse en fronteras de desprotección de los derechos humanos. Las personas que habitan en sectores limítrofes tienen derecho a saber qué autoridad interviene, bajo qué competencias, como se articulan, con qué protocolos y ante quién deben acudir cuando se presenta un abuso.

 

De Anderson Arboleda a Donovan Balanta: la memoria de una violencia que reclama respuestas

La muerte de Donovan ocurre en un país que ya conoce denuncias de violencia policial contra personas afrocolombianas. En mayo de 2020, Anderson Arboleda, joven afrocolombiano de Puerto Tejada, Cauca, murió después de una agresión policial denunciada. La Defensoría del Pueblo incorporó su caso en un informe sobre discriminación racial y perfilamiento, en el que examinó situaciones de violencia y discriminación contra población afrodescendiente.

La comparación entre ambos casos no permite afirmar automáticamente que exista una misma conducta criminal o un patrón judicialmente establecido. Sin embargo, sí permite formular una inquietud política y social: ¿cuántas veces las comunidades negras han tenido que denunciar abusos antes de que las instituciones reconozcan la necesidad de transformar sus prácticas? ¿siempre las comunidades y sus organizaciones deben movilizarse para denuncuar y ser escuchadas?

La memoria de las víctimas no debe ser utilizada únicamente para reclamar justicia después de una muerte. Debe servir para prevenir nuevas violaciones de derechos. Cada caso debe dejar lecciones sobre aplicación de la ley, protocolos, supervisión, formación, control institucional, sanción y reparación.

La sociedad colombiana no puede conformarse con que las investigaciones se abran después de que una familia pierde a uno de sus integrantes. La prevención debe ser una obligación permanente, por eso es importante que los programas de capacitación sobre derechos étnicos con enfoque diferencial debe ser una política permanente de implementación al interior de la Polícia Nacional e instituciones del gobierno nacional y local.

 

La justicia no puede depender del color de la piel

El artículo 13 de la Constitución Política establece la igualdad ante la ley y ordena al Estado promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Este mandato tiene un significado particular para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que han enfrentado históricamente discriminación étnica, exclusión y desigualdades en el acceso a derechos.

La igualdad no se garantiza únicamente con normas que prohíben la discriminación. También requiere que las instituciones examinen sus prácticas, corrijan los patrones de exclusión y establezcan mecanismos de control cuando sus agentes pueden vulnerar derechos fundamentales.

En el ámbito policial, esto significa que la autoridad debe ejercerse dentro de la Constitución, la ley y los estándares de derechos humanos. La seguridad ciudadana y la protección de la vida no son objetivos contradictorios. La autoridad legítima se fortalece cuando actúa con límites claros, transparencia y responsabilidad.

 

La separación de los uniformados no es el final de la investigación

La decisión de separar de sus cargos a los siete uniformados relacionados con el procedimiento de Donovan Balanta constituye una actuación anunciada por la Policía mientras avanzan las investigaciones. No equivale a una condena y debe distinguirse de las decisiones que puedan adoptar la Fiscalía, la justicia penal o las autoridades disciplinarias.

La responsabilidad institucional debe medirse por la calidad de las investigaciones, no únicamente por la rapidez de los anuncios iniciales.

La Fiscalía debe establecer si existe mérito para una investigación penal y determinar las conductas que correspondan. Las autoridades disciplinarias deben examinar el comportamiento de los funcionarios conforme a las reglas aplicables. Medicina Legal debe aportar los elementos científicos necesarios para esclarecer la causa de la muerte y su posible relación con el procedimiento.

La familia, por su parte, debe contar con garantías de acceso a la información, participación en el proceso y protección frente a posibles amenazas o represalias. Los testigos también requieren condiciones de seguridad que permitan declarar sin temor.

No se trata de exigir una condena anticipada. Se trata de exigir que la justicia funcione, y por sobre todo para que hechos como este no se repitan en dimesión en una desproporción como evidencian distintos registros por la “violencia” como lo registran imágenes que circulan en redes sociales.

 

¿Dónde están las estadísticas sobre la violencia policial contra jóvenes afrocolombianos?

Uno de los principales obstáculos para comprender el racismo estructural en Colombia es la insuficiencia de información pública desagregada. Si el Estado no registra adecuadamente la pertenencia étnico-racial de las víctimas de violencia policial, resulta difícil establecer si existen impactos diferenciados y evaluar la efectividad de las medidas de prevención.

El problema estadístico tiene consecuencias políticas. Lo que no se registra de manera adecuada puede quedar fuera de las prioridades de investigación, de los programas de prevención y de los mecanismos de rendición de cuentas.

Colombia necesita avanzar hacia un sistema de información que permita examinar, con garantías de privacidad y protección de datos, las denuncias de violencia policial, las muertes bajo custodia, los controles y requisas, las lesiones y los resultados de las investigaciones. La pertenencia étnico-racial debe tratarse con criterios metodológicos, consentimiento cuando corresponda y respeto por la autodeterminación de las personas y comunidades.

No se puede afirmar que existe una tasa determinada de muertes de jóvenes afrocolombianos a manos de la Policía sin contar con una base estadística verificable. Pero tampoco es aceptable que la falta de información se convierta en una razón para no investigar posibles desigualdades.

 

Nota final: la vida de Donovan no puede convertirse en una cifra más

La muerte de Donovan Balanta Paz exige verdad, justicia y una investigación rigurosa. Exige que las autoridades establezcan qué ocurrió durante el procedimiento policial, si hubo un uso indebido de la fuerza, cuáles fueron las circunstancias de su fallecimiento y qué responsabilidades corresponden.

No basta con afirmar que todos somos iguales ante la ley si, en la práctica, algunas comunidades enfrentan mayores obstáculos para ser tratadas con dignidad y respeto, para acceder a la justicia o para lograr que sus denuncias sean investigadas con la debida diligencia.

La vida de un joven afrocolombiano tiene el mismo valor que la vida de cualquier otra persona. Su dignidad no puede depender del barrio donde vive, de su apariencia, de su situación económica ni de los prejuicios que puedan existir en una institución.

La seguridad ciudadana debe proteger a las comunidades, no convertirlas en espacios donde la fuerza estatal opere sin controles suficientes y uso desmedido. La autoridad no pierde legitimidad cuando se somete a la ley; la fortalece, encontrando respaldo en el conjunto de la sociedad.

Donovan Balanta merece que la verdad sea establecida. Su familia merece justicia. Y las comunidades afrocolombianas merecen que el Estado no espere una nueva muerte para reconocer que la prevención del racismo afro y la protección de la vida son obligaciones inaplazables, y este hecho lo demuestra con suma claridad.

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Henri Tenorio Segura: Abogado. Especialista en Derecho Público Ciencia y Sociología Política. Consultor y Asesor Legal. Experto en Legislación Afrocolombiana y Étnica