Gratuidad asfixiante

10 de marzo de 2022

Por: Arleison Arcos Rivas

La política de gratuidad, en lugar de contribuir al mejoramiento de las escuelas, las está asfixiando. Concebida como una política de “exención del pago de derechos académicos y servicios complementarios”, que prohíbe cobros por ese concepto en la educación pública, asigna directamente a los Fondos de Servicios Educativos – FSE, recursos provenientes del Sistema General de Participaciones.

Contra la calidad y la oportunidad, Planeación Nacional, El Mineducación en cabeza de María Victoria Angulo e Iván Duque, han disminuido sustancialmente los recursos consignados a los FSE, cuenta con la que tienen que enfrentar las contingencias de sufragar la precariedad en las instituciones educativas públicas; afectando significativamente las condiciones para avanzar en calidad educativa y garantizar el derecho a la educación en Colombia.

Como si fuera poco, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, el gobierno nacional tomó una medida que impacta negativamente la administración del fondo pues decidió que para 2022 “se descuentan los recursos del SGP Educación Calidad Gratuidad no comprometidos a 31 de diciembre de 2021”. En otras palabras, lo que ocurrirá es que la platica que las 8200 instituciones no hayan gastado a 31 de diciembre, reservada para atender urgencias al inicio del nuevo año escolar, considerando el desajuste temporal en el giro, acaba de ser disminuida del giro que la nación les haga a las instituciones educativas. Tal medida se está aplicando sin consideración alguna por la benevolencia de que tal previsión se adicionaba a los recursos del balance, hasta ahora; lo que es considerado por el Estado como indicador de negligencia administrativa. ¡Hágame el….favor!

El asunto no es menor, puesto que a las instituciones educativas no se les consignan los nuevos recursos el primer día de cada año, sino entre marzo y mayo, lo que ha obligado a los rectores Consejos Directivos a considerar una reserva para el funcionamiento en el primer trimestre, pues les está prohibido solicitar remisiones o comprometer recursos que no han ingresado a su cuenta.

De manera grosera, por tal decisión, los recursos de gratuidad que las instituciones educativas reciben, quedaron sometidos a una doble, continua y drástica disminución, pues en los últimos cuatro años, en lugar de aumentar, tales recursos han sido intencionalmente menguados por la fórmula que se usa para distribuirlos.

Desde el año 2012, cuando se hizo el primer giro a las escuelas, en diferentes entes territoriales se ha convertido en el único aporte directo destinado a la financiación de la actividades escolares; pese a que el mismo decreto establece la concurrencia por la que “la destinación de los recursos de gratuidad educativa deberá hacerse teniendo en cuenta las políticas, programas y proyectos en materia educativa contemplados en el plan de desarrollo de la respectiva entidad territorial y en coordinación con esta”. Debe decirse igualmente que tal concurrencia tendría que ocurrir porque los entes territoriales reciben igualmente aportes del SGP por estudiante matriculado en cada institución educativa, los cuales deberían estar destinados a la calidad educativa.

Si la política estatal de gratuidad educativa dificulta la administración del Fondo de Servicios Educativos al disminuir sistemáticamente sus recursos, todo discurso de mejoramiento de la calidad no sólo palidece sino que resulta insufrible; pues, en la práctica concreta de repartir los precarios recursos destinados directamente, las y los Rectores deben recomendar a sus Consejos Directivos la destinación de un buen porcentaje de los mismos a actividades de mantenimiento e inversiones para el mejoramiento locativo de las diferentes sedes a su encargo, terminando por invertir en arreglo de baterías sanitarias, mejoramiento de techos, reparaciones hidráulicas o adecuación de aulas, que son responsabilidad del ente nacional y territorial.

Al mismo tiempo, se constata que el recurso no alcanza para afianzar programas y proyectos asociados al fortalecimiento de competencias, el mejoramiento de ambientes de aprendizaje y la promoción de actividades educativas diversificadas. Ni que decir sobre la capacitación y formación docente, o la implementación de acciones de estímulo a mejoramiento docente, que taxativamente no pueden cubrirse con recursos del FSE.

La consecuencia evidente ahonda la decepción de los equipos directivos y docentes pues, pese a que políticos, empresarios, organismos internacionales, gremios, sindicatos, familias y maestros consideran que la calidad educativa debe ser una prioridad de país, con indicadores de mejoramiento sostenido en el corto, mediano y largo plazo; seguimos perdiendo el año por la improvisación, los sucesivos recortes, las acciones fraccionadas de los entes territoriales, las políticas desarticuladas entre diferentes entidades públicas, y los permanentes desencuentros entre los distintos actores del mundo educativo.

Mientras tanto, los resultados no mejoran y los problemas de la escuela se ahondan, luego de cuatro años que pasaron sin pena ni gloria para la escuela pública. Ojalá elijamos a congresistas y presidente que reorganicen las cargas educativas en el país; pues no sólo son los recursos de gratuidad los que se han visto disminuidos, como ya han demostrado diferentes informes y estudios.  Justo cuando el saliente gobierno se ufana de haber incrementado el presupuesto del sector; en las instituciones educativas, quienes cuentan los pesos con los que administran pobreza, le preguntan: ¿de qué me hablas, viejo?