22 de junio de 2021

Por: John Jairo Blandón Mena

Hace un par de semanas la multinacional Nestlé, la compañía de alimentos y bebidas más grande del planeta, reconoció en un documento interno que terminó filtrándose a la prensa inglesa, que el 60% de sus productos no son saludables. Esto solo es una muestra de la falta de controles que las empresas alimentarias tienen por parte de los estados. O lo que es peor, la prevalencia del cuantioso negocio del envenenamiento colectivo mediante productos etiquetados como alimentos por encima de la protección de la salud pública.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) una de cada cinco muertes en el mundo se asocian a una alimentación no saludable. Por ejemplo, en materia de consumo de bebidas azucaradas, la media en Latinoamérica está en 135 litros por persona anualmente. En Colombia, las Encuestas de la Situación Nutricional realizadas por el DANE desde la década pasada revelan que el 21% de la población entre 5 y 64 años consume bebidas azucaradas diariamente, y que esta ingesta es mayor en personas menores de 30. Y, que solamente 1 de cada 10 escolares consume frutas y verduras en las cantidades recomendadas por los médicos.

Eso no es solo un dato estadístico. Múltiples asociaciones médicas del mundo han reiterado que el sobrepeso, principal consecuencia del consumo de estas bebidas, facilita la aparición de cardiopatías, diabetes, trastornos del aparato locomotor y algunos tipos de cáncer. En los niños y niñas, la consecuencia de una obesidad puede resultar incluso en muertes prematuras, discapacidades en la edad adulta y riesgos psicológicos.

En este caso, Chile es uno de los países de la región que ha actuado con responsabilidad y atendió las directrices de las OMS. Desde 2014, bajo el Gobierno de Michelle Bachelet se gravaron hasta en un 20% las bebidas no alcohólicas con contenido colorante, saborizante o edulcorante. Dicha medida ha reducido en un 22% su consumo, y ha mejorado ostensiblemente los niveles generales de salud pública en lo que se refiere a patologías asociadas a la obesidad.  

En Colombia, los intentos de imponerle impuestos a este sector han sido infructuosos, en buena medida, por la intervención lobista de la poderosa Asocaña y por la acción del ya conocido desde 2015 Cartel del Azúcar conformado por los principales gremios e ingenios del sector.

Pero no son sólo las bebidas azucaradas. Son todos los alimentos con poca cantidad de nutrientes y con altos contenidos de grasa, azúcar, sal u otros componentes lesivos en exceso para la salud humana los que deberían ser controlados por la institucionalidad de los Estados. Hay iniciativas exitosas en todo el mundo, pero en la región Chile, México, Uruguay y Perú desde hace varios años implementaron advertencias en las etiquetas frontales para que los consumidores identifiquen fácilmente los productos saludables y no saludables, y así tomar decisiones informadas. En nuestro país, desde que la discusión se plantó, los gremios ofrecieron poner dicha información en la letra menuda de las tablas nutricionales que rara vez son observadas por quienes adquieren un alimento.

Y muy a la colombiana, la costumbre de ir en contravía de los avances sociales de otras latitudes. Desde 2015, los industriales de la ANDI, los agricultores de la SAC y los comerciantes de FENALCO se opusieron al proyecto que pretendía darles información a los consumidores en el etiquetado frontal sobre el contenido nutricional de los productos comestibles. Fueron varias las veces que sepultaron el proyecto, que por iniciativa de colectivos de consumidores era revivido cada año. Hubo amenazas como las recibidas por la médica Esperanza Cerón, directora de la organización Educar Consumidores que lideró la iniciativa en el Congreso y que denunció en el 2017 la actividad oscura de los lobistas de las empresas de alimentos. La activista padeció una persecución a su vehículo en Bogotá en el recorrido hasta su residencia y fue advertida por motorizados que le dijeron “si no se calla la boca, ya sabe cuáles van a ser las consecuencias”.

Esta vez, la iniciativa venia de discusión en discusión, y de dilación en dilación en el Congreso desde 2019. Pero gracias a los esfuerzos de la Sociedad Civil organizada en una bellísima iniciativa denominada “No coma más mentiras”. De la que hicieron parte, entre otras: La Red de Padres y Madres de Familia (Repapaz). La Sociedad Colombiana de Pediatría, Fedesalud, La Asociación Colombiana de Salud Pública, la Liga Colombiana Contra el Cáncer, la Fundación Mamá Informada, Educar Consumidores y la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), se visibilizó el tema en pautas radiales y televisivas, en eventos académicos, y con el apoyo de la bancada alternativa, hoy por fin la ley es una realidad, aunque con una enorme preocupación.

Quedó en cabeza del ministerio de Salud la obligación de adoptar el reglamento para definir el etiquetado de productos. Pues, a juzgar por la posición del Gobierno de bloqueo de la iniciativa durante estos seis años. Esperemos que la reglamentación de la norma no la convierta en una de tantas que no pasan de ser publicadas en la gaceta oficial.