Los peajes, otro robo a los colombianos

26 de octubre de 2021 

Por: John Jairo Blandón Mena

En Colombia hay oficialmente 168 peajes, no hay parangón en el mundo de un país con una cifra siquiera semejante. Y no sólo es la cantidad, los peajes aquí están entre los más caros de Latinoamérica y su precio llega a ser comparable con el valor de éstos en la Unión Europea, con la tasa de cambio del euro a más de $4000.

En nuestras carreteras la distancia promedio entre un peaje y otro suele ser de menos de 40 kilómetros, lo cual dista ampliamente de los 120 o más que promedian los de la región. Por citar dos ejemplos: en un viaje terrestre de Bucaramanga a Cúcuta, o de Cali a Pereira, ambos con alrededor de 200 kilómetros, el conductor tendrá que pagar en cada uno 5 peajes.

La intención no es proponer un modelo como el alemán, en el que los vehículos y las motos no pagan absolutamente nada por circular por las redes de carreteras del país; sin embargo, es necesario analizar el sistemático robo a los colombianos y desestimulo a la competitividad del país que implica tener un entramado de peajes sobre un complejo de vías en precarias condiciones, en las que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, buena parte de los más 200.000 kilómetros son vulnerables a factores climáticos y tienen  poca inversión gubernamental.

A partir de los anteriores datos, es pertinente preguntar ¿quién se queda entonces con los dineros de los peajes? Los más de 4.5 billones que se recaudan por este concepto no terminan invertidos en las vías, porque de ser así, las tan anunciadas desde el gobierno pasado, pero tan incumplidas autopistas 4G serían hoy una realidad. Y no se habría tenido que privatizar a la generadora eléctrica ISAGEN, como lo hizo Juan Manuel Santos en 2017, para hacer vías 4G, que hasta ahora no se han visto.

La respuesta a la anterior pregunta es sencilla. Las mismas familias enriquecidas a costa de todos los colombianos, y que han puesto históricamente el poder político para multiplicar exponencialmente sus privilegios, son los que se quedan con buena parte de los dineros de los peajes de las vías concesionadas del país –que son la mayoría. Por citar algunos ejemplos: La Organización Luis Carlos Sarmiento es dueña de 4 de los peajes más costosos de Colombia, y tiene participación en varias concesiones en construcción de las que se derivarán varias rentas casi que vitalicias. La Familia Aristizábal y la Solarte, estos últimos envueltos en gravísimos líos de corrupción en la Fiscalía, tienen concesionadas importantes vías en el occidente del país.

Así las cosas, enhorabuena el proyecto de ley que el representante a la Cámara santandereano por la Coalición Alternativa Fabián Díaz presentó para regular la política tarifaria de los peajes en Colombia. Aunque fue aprobado en primer debate, no le auguro muchos éxitos. Pronto, los tentáculos poderosísimos de las enriquecidas familias llegarán al recinto legislativo y esa iniciativa morirá como mueren las buenas reformas en ese antro. Tal como murió hace poco por obra de La U, Cambio Radical y el Centro Democrático el proyecto de acto legislativo que hubiera transformado la política del país: aquel que buscaba limitar los periodos de los funcionarios en las corporaciones públicas.

Entretanto, un ejemplo de dignidad dieron las comunidades del norte del Valle de Aburra en Antioquia. Unidas en protesta por varias semanas, resistiendo la represión policial lograron que el “peajito social”, bautizado así por Álvaro Uribe Vélez en su primer periodo, y que fue ubicado en plena Área Metropolitana de Medellín, fuera retirado, no por decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), quien desoyó a las comunidades por años, sino por la contundencia de la protesta social.