¡El policía reemplazó al capataz!

Por: Alí Bantú Ashanti

Suele justificarse la violencia policial, el tiroteo indiscriminado, las requisas constantes en los barrios populares del país. Cientos de ciudadanos sufren a diario abusos de autoridad que en muchos casos terminan, lamentablemente, en ejecuciones extrajudiciales. 639 personas fueron asesinadas por la fuerza pública colombiana entre 2017 y 2019, esto de acuerdo con los datos de Medicina Legal, afectando de manera especial a grupos históricamente discriminados: estudiantes, jóvenes negros, mujeres, población LGBTI y comunidad indígena. 

Se cree, equivocadamente, que la violencia que padecen, fundamentalmente, las clases populares es un fenómeno aislado, circunstancial y que poco o nada tiene que ver con las múltiples discriminaciones, prejuicios raciales y violencia política que ha dejado una estela de víctimas, un cementerio de impunidad y un conflicto armado que se ha vuelto omnipresente, pero también ha establecido una fuerza policial militarizada y mal entonada dispuesta a combatir la violencia con más violencia, desconociendo el Código de Conducta y los Principios de la ONU sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por parte de la fuerza  pública. 

La brutalidad policial tiene efectos gravísimos con respecto al goce de los derechos básicos de los sectores más empobrecidos de Colombia, en especial de la población negra, pues en ella se reúnen un sin fin de prejuicios y discriminaciones. Esto pone a los ciudadanos afrocolombianos como las víctimas preferidas de la fuerza pública. Una violencia que es histórica, que hunde sus raíces en el colonialismo y el Estado colombiano la ha reproducido, negando sistemáticamente los derechos humanos de los afrocolombianos, comunidades indígenas y de los sectores populares del país. 

Pareciera que el Estado colombiano reemplazó al capataz de la hacienda esclavista por el policía. Según Medicina Legal, entre el año 2017 y 2019, se registraron 40.481 hechos de violencia física en contra de la ciudadanía; de estos, 39.613 se atribuyen a la policía, de acuerdo con Temblores ONG, siendo las personas negras y/o afrocolombianas quienes más sufrieron estas violencias después de las personas que usan drogas. En palabras castizas, la policía repartió pata, puño y bolillo a diestra y siniestra en contra de nuestro pueblo… cómo no recordar aquí la lamentable brutalidad policial de la que fue víctima Anderson Arboleda.   

Hoy, el derecho a ser tratado como seres humanos, que fue negado a nuestros ancestros, 150 años después sigue siendo negado a sus descendientes y a millones de ciudadanos que se abalanzan a las calles con la esperanza y la fe ciega puesta en nuestra Carta Política, apelando al derecho a la protesta social para exigir educación, vivienda, salud, agua, en síntesis, por el derecho a vivir con dignidad; sin embargo, la respuesta de los distintos mandatarios de turno ha sido la represión, disparos y bolillos por montón. Podría llenar páginas enteras contando los tiroteos, agresiones, incluso ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía en el último año en contra de jóvenes negros, como el caso de Julián González Fory, Harold David Morales, Jefferson Carrascal, Jainer Ocoró y tantos otros que nos negamos a olvidar.

¿Acaso los únicos funcionarios que tiene el Estado para hacer presencia en nuestros barrios y en nuestras comunidades son policías? ¿Acaso son policías lo que necesita nuestra comunidad para salir de la pobreza? ¿Acaso es esa la institución encargada de construir y poner en marcha redes hospitalarias, universidades, viviendas dignas, centros culturales y espacios para la recreación? 

Yo propongo que cada recurso invertido en policías, que cuesta un montón de dinero de nuestros impuestos, se invierta en viviendas dignas y pleno empleo para los barrios populares, ¿no creen ustedes que así avanza el país? ¿No creen que así podremos superar la violencia, sembrando oportunidades para empezar a desterrar la miseria y la injusticia social? Es así como se forja un futuro mejor, ¿Cómo quieren ustedes que se inviertan nuestros impuestos? Fuimos testigos de la gestión equívoca del Presidente Duque que en el marco de la emergencia declarada por la pandemia COVID-19 y mientras el cuerpo médico exigía el pago de salarios, el gobierno gastó enormes cantidades de nuestros recursos en municiones y armamentos que después fueron y serán usadas para reprimir la protesta social, disparándonos por la espalda. No es aumentando el pie de fuerza, comprando armas y militarizando la fuerza policial como se combate la pobreza y la violencia consecuencia de la injusticia social.