03 de julio de 2023
Por: Melquiceded Blandón Mena
La lucha política por el control del Estado colombiano se nos aparece como una guerra institucional entre el bloque hegemónico en el poder representando en un conjunto histórico de familias (Lleras, Gaviria, Turbay, Gómez, Santos, Pastrana, Valencia…), propietarias de los partidos tradicionales articulados en la oposición política al “cambio” donde agencian el negocio de la política a banqueros, empresarios de la salud y las pensiones, concesionarios del Estado, consorcios contratistas de obras públicas, grandes medios de comunicación entre muchos otros sectores de la economía que financian la operación política opositora contra las reformas y el conjunto de cambios institucionales anunciados por el gobierno actual.
El otro sector de la guerra institucional lo representa el conjunto de fuerzas políticas articuladas en el Pacto Histórico, en la degradada coalición parlamentaria del cambio y movimientos sociales que llevaron al presidente Gustavo Petro a la jefatura del Estado para liderar un conjunto de reformas sociales, la democratización y modernización del Estado “patrimonial” colombiano donde la propiedad sobre la tierra, los medios de producción, los mass media y las instituciones del Estado se encuentran concentradas al servicio del gran capital y de los clanes familiares que hacen la política.
Como un botón para la muestra, en la presente semana se develaron diversas estrategias de lucha política, pues mientras en una acción gubernamental sin precedentes el gobierno nacional desplegaba toda su capacidad institucional en la Guajira, uno de los departamentos más saqueados y desatendido históricamente por el régimen; de otro lado la empresa electoral y clientelista heredera del partido Liberal Cambio Radical a través de su jefe y cuadro político del bloque hegemónico que detenta el poder real, German Vargas Lleras, hacía un llamamiento nacional a configurar un bloque de oposición antireformas y por el control de los gobiernos locales en las elecciones del próximo octubre.
Una guerra sin cuartel por la reproducción de un Estado patrimonial que garantice los derechos del capital y los privilegios del conjunto de familias que operan la política cual “capataces de esclavos”; y en la otra esquina un conjunto de fuerzas políticas y sociales desarticuladas, sin experiencia y sin medios de comunicación luchando por sacar adelante la agenda del “cambio”.
¿Acaso el despliegue institucional en la Guajira nos muestra el factor y la estrategia fundamental para derrotar al establecimiento y reformar el Estado? ¿La intentona montonera que promueve Germán Vargas contra las reformas no es acaso la evidencia de que el estado patrimonial ni pretende el cambio ni quiere que sea radical?
En la implementación de un modelo de gobierno fluido, desde el territorio y con la gente está la llave para reconectar al cambio con la fuerza social, de lo contrario terminaremos con miles de ilusiones paridas y millones de desengaños enquistados.
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