25 de octubre de 2022
Por: John Jairo Blandón Mena
Es una verdad de perogrullo afirmar que el planeta atraviesa una crisis medioambiental sin precedentes que amenaza todas las formas de vida. Los efectos del daño a la casa común son irreversibles, y lo único que pudieran hacer las naciones es tomar medidas que reduzcan el acelerado crecimiento del consumismo que se multiplica exponencialmente en un planeta de recursos limitados.
La imparable producción de dióxido de carbono generada por el uso intensivo de combustibles fósiles, es una de las principales catástrofes ambientales del mundo hoy. El calentamiento global, la contaminación atmosférica, la acidificación de las aguas oceánicas; entre otras nefastas consecuencias, tienen al borde del colapso los últimos pulmones que le quedan al planeta.
Por eso, propuestas como la de transición energética planteadas como bandera del actual gobierno de Colombia, van en la línea correcta de salvar la vida en el planeta. Sin embargo, esta nación, en la posición 137 de 184 en el ranking que ordena a los países con mayor a menor emisiones de CO2, hará un esfuerzo que sólo generará impactos concretos sí es una política global.
Y en ese camino no estamos. El presidente chino Xi Jinping anunció que su país, el mayor productor de gases efecto invernadero en el mundo, ampliará la exploración y el desarrollo de recursos de petróleo y gas. Un anunció desalentador para el mundo, especialmente, porque su justificación radica en que son medidas para garantizar la seguridad energética y el crecimiento económico. Es increíble que, en medio de la destrucción del planeta, todavía existan argumentos econométricos que sustentes acciones en contra del medio ambiente.
Y aunque en la Cumbre Mundial del Clima que tuvo lugar en Estados Unidos el año pasado, Los presidentes de las naciones más contaminantes se comprometieron a reducir las emisiones de CO2 para el 2030, esos anuncios esperanzadores se han chocado con intereses que van en sentido contrario. En el caso de los Estados Unidos, hace un par de meses, la Corte Suprema de Justicia limitó al poder ejecutivo las posibilidades para controlar las emisiones de los gases efecto invernadero. Y, el risible pero peligroso Jair Bolsonaro en ese evento prometió neutralidad de carbono hasta 2050, y a renglón seguido, de regreso a su país, propuso de manera inaceptable explotar tierras en la Amazonía brasilera.
La enorme institucionalidad ambiental tanto pública como privada del mundo, se asemeja a los organismos multilaterales que deben garantizar la paz. Aunque unos y otros hacen ingentes esfuerzos, ni la destrucción del planeta, ni las guerras han dejado de ser una realidad cotidiana en los cinco continentes. Lo que se espera en la región latinoamericana, es que, con un giro ideológico y político a la izquierda, se pueda priorizar la preservación de la vida por encima de la mercantilización.
Así las cosas, en Colombia, con una economía minero dependiente, la transición energética debe plantearse con responsabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas. El proceso que los mayores contaminantes del mundo trazan a 20, 30 y hasta 40 años no puede pretender realizarse aquí en un cuatrienio. Sería lo ideal que la urgencia que el actual gobierno le da a este tema, fuera la misma de las grandes potencias del mundo. Mientras esto no sea así, todos los esfuerzos que en esta nación suramericana se hagan serán inútiles.
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