Cárceles en Colombia, un problema sin salida

Por: John Jairo Blandón Mena

Uno de los problemas irresolutos de Colombia desde hace varias décadas, es sin duda, el que representa el Sistema Penitenciario y Carcelario, hace 22 años la Corte Constitucional declaró por primera vez el estado de cosas inconstitucional en las prisiones, figura mediante la cual el organismo declaró la violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales en los centros de reclusión del país. Las inversiones millonarias en infraestructura no han impactado en las condiciones de las personas privadas de su libertad, los más de 1,9 billones invertidos entre 2004 y 2014 ampliaron en 23.500 los cupos carcelarios, pero no solucionaron en un ápice la inmensa problemática, agravada por el crecimiento incontrolado de la población reclusa que era en 1998 de 44.398 personas y este año bordea los 124.000 (restados los excarcelados por Covid-19).

La capacidad real de las instalaciones carcelarias en Colombia es de 80.150 presos, en la actualidad hay un sobrecupo mayor a 44.000, por eso, el común denominador en esos lugares es que muchas personas duerman en baños o corredores, que carezcan de saneamiento básico, que consuman comida en estado de descomposición, que la atención en salud sea precaria o inexistente; y, en suma, que se atente flagrantemente contra la dignidad humana de quienes se encuentran privados de su libertad. Todo lo anterior, sin contar con la inmensa corrupción existente en el tridente institucional a cargo de la administración del Sistema Penitenciario y Carcelario, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), esta última, tiene a una de sus exdirectoras presas por exigir 3.000 millones de pesos a un contratista para adjudicarle un contrato de remodelación en las cárceles de Cómbita y Pereira.

Desde luego, que parte del problema es la corrupción administrativa que carcome a las citadas entidades, el INPEC, con sus cerca de 13.000 uniformados, la mayoría agremiados en más de 80 sindicatos, se ha convertido en sus 28 años de existencia institucional, en una de las entidades más corruptas del Estado, según la misma Contraloría General de la República. Pagos de vacunas a guardianes para conseguir un colchón, una almohada, una cobija, o, para un traslado de celda o patio, o, para el ingreso de ciertas visitas no permitidas legalmente. De igual manera, pagan políticos y capos presos para el ingreso de licores, comidas exquisitas, equipos de telecomunicaciones y hasta prostitutas. Las capturas de funcionarios de la entidad por estos hechos son pan de cada día, el año antepasado más de 150 fueron aprehendidos, principalmente, por denuncias de los mismos presos y por actividades de contrainteligencia.

Pero, el problema continuará y se acrecentará mientras nuestra política criminal se sustente en la creación de nuevos delitos, la definición de la privación de la libertad intramural como el único tratamiento punitivo y el aumento de las penas privativas de la libertad. El incremento indiscriminado del monto de las condenas no disminuye la criminalidad, pero en cambio, sí repercute en el hacinamiento carcelario. La prisión debe estar únicamente reservada para aquellos delitos en los cuales su perpetrador requiera una resocialización en reclusión; es decir, aquellas conductas punibles que atenten de manera directa contra los bienes jurídicos más preciados para la sociedad, y cuando se trate de delitos leves, se requiere la aplicación de sanciones alternativas a la prisión como es la multa, la detención domiciliaria o el trabajo comunitario.   El ejemplo más claro, es que actualmente, hay en los centros penitenciarios cerca de 30.000 personas privadas de su libertad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, muchos de ellos por un porte mínimo, una de las consecuencias de enfrentar las drogas bajo un enfoque criminal, es haber puesto tras las rejas a cientos de personas que no requerían ese tratamiento punitivo sino un proceso resocializador distinto. 

Por supuesto, se requiere un fortalecimiento del aparato judicial que procese con celeridad y justicia las conductas antisociales, y que haya para sus realizadores las correspondientes consecuencias jurídicas; sin embargo, es una necesidad imperiosa reformular la política criminal bajo el postulado que no siempre el garrote es la solución a la criminalidad; se requiere entender que la función de la pena privativa es la resocialización del penado, lo demás es una deformación absoluta de la concepción de la dignidad humana en un Estado que se precie respetuoso de los derechos fundamentales. En este tema, la orientación debería ser atacar directamente las causas de la criminalidad centradas en la vulnerabilidad social; y al mismo tiempo, el apoyo a los pos penados para que tengan planes de reinserción social y no reincidan en la comisión de delitos.

Imagen tomada de semana.com