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07 de noviembre de 2021

Por: John Henry Arboleda

Las noticias sobre los desbordados niveles de violencia en Buenaventura tienden a naturalizar la situación por la que atraviesa el principal puerto colombiano. Desplazamientos internos, amenazas contra lideres y lideresas sociales, asesinatos de jóvenes, arribo de grupos armados ilegales, extorsiones y debilitamiento del tejido social y organizativo, que presenta esta ciudad, así lo demuestran. Estos hechos, para nada aislados de las condiciones estructurales de violencia sistémica y racismo estructural activados en contra de los pobladores de la capital natural del pacífico, sugieren estar ante un proyecto que su explicación no se agota exclusivamente en las violencias ejercidas por grupos de delincuencia común, pequeños carteles de narcotraficantes locales, regionales, nacionales o internacionales. 

A esta interpretación esgrimida por parte del gobierno de Iván Duque y del Estado colombiano, faltaría anexarle otras variables que complejicen su análisis, comprensión y potencial solución. Entre estas nuevas variables cabe destacar la mezquindad política de un gobierno nacional y regional, que no se perdona el hecho de haber perdido el control administrativo de la ciudad-puerto en los últimos comicios electorales, frente a una propuesta de carácter organizativo, social, popular como la Buenaventura con dignidad, propuesta que sin la mayor tradición en los enjambres políticos característicos de esta ciudad, supo canalizar las expectativas y esperanzas de un pueblo desahuciado por el mestizo-centrismo de las élites del poder.

Esta mezquindad política por parte del gobierno central y regional, se ha visto expresada en los movimientos negligentes y mal intencionados, que a toda costa pretenden bloquear la administración del alcalde Vidal y su grupo de funcionarios, que valga la pena resaltar, en su mayoría provienen de las expresiones organizativas locales. La mezquindad se hace evidente en el hecho de demorar los desembolsos de la nación desde el año 2020, darle vida a la denominada oficina del Pacífico, una suerte de alcaldía alterna, cercana a las pretensiones políticas de la gobernadora Clara Luz Roldan, y al tratamiento castrense dado a la crisis social y humanitaria que padece el bello puerto del mar.

De otro lado, la Buenaventura con dignidad, no se escapa de este fenómeno. Pues ante esta nefasta situación de crisis humanitaria y debilitamiento del tejido organizativo, las decisiones erradas o cuestionadas por la comunidad en cuanto a la conformación de gabinete, el nombramiento de secretarios y secretarias y su eficiencia en los cargos en que son “puestos” ha sido constante. Es frecuente escuchar en la ciudad acerca de la poca experiencia administrativa, falta de idoneidad y poca actitud de servicio de buen porcentaje de los funcionarios y funcionarias de la alcaldía, todos y todas cercanos y cercanas a un sector organizado, que sacó ingentes réditos políticos-burocráticos del Paro del 2017 y de las contiendas electorales. No es descartable mencionar, que absolutamente todos gozan de la confianza del alcalde.

Ante este panorama de violencia, temor y zozobra sin límites que vive la ciudad, y la mezquindad política Estatal y gubernamental a escala nacional, regional y local, la comunidad en general y los habitantes de las zonas de baja mar en particular, siguen padeciendo de los estragos del vaciamiento de vecindarios tradicionales, desarraigos continuados y arrinconamiento sistemático por parte de los actores armados ilegales, legales y extralegales, aumentando las brechas de desigualdad, pobreza y engrosando franjas de miseria que pronto iniciarán a expresar su existencia en Buenaventura.

Este coctel de situaciones catastróficas para la administración de la ciudad y para los habitantes del común, ha sido claramente aprovechado por algunos sectores políticos tradicionales, quienes azuzan y exacerban las inconformidades ciudadanas, convirtiéndolas en antesala para lanzarse nuevamente por el poder local, a costa de someter a la población a un ambiente insoportable de terror, que se expresa en el confinamiento barrial y la destrucción de los lazos comunitarios sobre los que se construyó la barriada popular del puerto.

Así mismo, sectores alternativos y con cercanías a la administración, ante la demostración de la mezquindad representada en la exclusión total de la participación en esta, se han declarado en oposición gestando un clima de ingobernabilidad total, el que se constata ante cualquier decisión del burgomaestre. Plantones, marchas, mítines, tomas escaladas, cierre de edificios institucionales, han estado a la orden del día. Instaurando una ola de protesta social sin precedentes contra administración alguna, exhibiendo una faceta de aprovechamiento político de inconformidades, convirtiéndolas en sus trampolines desde donde pretenden hilvanar sus aspiraciones electorales próximas.

Todo lo anterior se complejiza al observar el desarrollo de la violencia hacia territorios urbanos estratégicos, necesarios para la ampliación de las zonas portuarias que el capital nacional y extranjero requiere. Masters plan y su expresión territorial, aparecen como telón de fondo, en el que se manifiestan todas las expresiones de violencia, asesinatos, vaciamiento de barriadas y acallamiento de voces críticas hacia este proyecto, fortalecido por la crisis social e institucional por la que atraviesa Buenaventura, en una administración, que atada de manos y pies ante estas situaciones, solo le queda gritar y balbucear. Dignidad.