Mientras no les dé por borrar gente, resultará problemático pero coherente el ejercicio de tachadura y corrección en el que anda el actual gobierno, con todas sus grotesca llaneza; pues durante la campaña mostraron que podrían ser justo lo que están siendo: una “manada” de fanáticos ineptos e ignorantes, con poco conocimiento de la historia, de las instituciones republicanas y del funcionamiento del Estado.

En los cuarenta días que suma Abelardo de la Espriella como presidente, más que sus realizaciones ampliamente publicitadas, destacan las salidas en falso, las poses caricaturescas, las interpretaciones equivocas, los descaches con los nombramientos, desnombramientos, y las curiosas declaraciones de insubsistencia de funcionarios en su círculo cercano.

Las dudas y cuestionamientos no ceden; empezando por las dudosas circunstancias en las que habría ocurrido la muerte de alias Bendito Menor, presentado por un presidente que se ensaña en caminar entre los cadáveres, contando incluso varios menores bombardeados.

A ello se suma la seguidilla de funcionarios que han dejado su puesto por persecuciones ideológicas, acusaciones partidistas, desavenencias temperamentales, o alegando asuntos personales para retirarse, como le ocurrió A Viviane Morales, primera ministra en dejar su gabinete.

Incluso una asignación que debería estar por fuera del arbitrio presidencial como la del Director del Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, ha generado asperezas y resquemores sobre el respeto a los acuerdos al interior del actual equipo de gobierno, que ha abusado de la declaratoria de insubsistencia para bloquear a quienes distan de la línea oficial.

El silenciamiento público de sus funcionarios, ordenado mediante directiva presidencial, anuncia que no habrá contrapeso interno a la producción de información, así como tampoco se alimentarán las contradicciones que, en democracia, alimentan la opinión pública. Con ello se deja en claro que el estilo autoritario promovido por Delaespriella hará que este gobierno esté marcado por la inestabilidad de sus funcionarios, el debilitamiento de la institucionalidad, y el acrecentamiento de la desconfianza frente a la veracidad de los datos, y la calidad de la información oficializada por sus voceros.

De otro lado, empiezan a hacer aguas los ministerios. No solo por la incompetencia de algunos de quienes fueron nombrados por su aquiescencia con una alternativa política que extrema las posturas de derecha y la crítica furibunda a la administración anterior, sino por la toma de decisiones advenedizas que seguramente implicarán la intervención de los organismos de control.

Desde querellas nominales [“niñas”, “campesinos”] hasta la suspensión de la entrega de Premios Nacionales y Reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos 2026, el gobierno en auge sigue sembrando vientos coléricos, y la incordia con decisiones de jueces que han bloqueado decisiones del ejecutivo, producen creciente malestar.

A ello se suma la preparación de un estatuto antiterrorista, la orden de que las fuerzas policiales ingresen ante levantamientos en las universidades, y la parálisis en la contratación pública, situaciones que prontamente implicarán movilizaciones, cuyo nivel de alarma podría asemejarse al que dio inicio al denominado “estallido social”.

De repeso y contra la proclamada austeridad, la presentación del presupuesto nacional, seis decenas mayor al inicialmente proyectado por la administración anterior, eleva la inquietud respecto de cuáles serán efectivamente las prioridades que deberá contener el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. La inconsistente expansión presupuestal y las pretensiones de nuevos ajustes fiscales, obligan al gobierno a situarse más allá de la retórica y los anuncios grandilocuentes, considerando las críticas que hasta hace poco servían para cuestionar las decisiones del gobierno precedente.

Así se desprende, por ejemplo, de las fuertes críticas que han dejado sentir en medios y redes alcaldes y gobernadores en las zonas más afectadas por el terremoto, manifestando malestar por la falta de claridad respecto de las ayudas prometidas en lena emergencia. Cuarenta días después, crece la zozobra por la falta de recursos, la demora con las obras anunciadas y la inexistencia de planes o soluciones concretas.

El panorama administrativo y político no parece anunciar el milagro proclamado en campaña. Todo lo contrario: la improvisación, la tensión fiscal y la incertidumbre institucional empieza a revelar fracturas que pueden ser profundas en la conducción del Estado. Por ello, las señales que transmite una administración que todavía se encuentra en trasteo entre sedes que no han sido formalmente autorizadas, están lejos de ser las de un gobierno que procura disminuir la crispación política.

En los próximos días, el despliegue de su agenda legislativa deberá enterarnos de la manera como se aplicará a enfrentar los problemas más sentidos en el país. Por lo pronto nada parece que quedaría quieto, menos aún las ejecutorias del gobierno anterior, como se vio en la alocución de la oposición, esta semana, cuestionando el virtual desmonte de los acumulados institucionales durante los cuatro años anteriores.

Entre controversias institucionales, decisiones apresuradas, crecientes interrogantes sobre el manejo de las donaciones durante la emergencia, y amenazas de conflictividad creciente, el problema para Delaespriella empieza a ser menos el empañamiento del retrovisor para echarle la culpa a Petro, y resalta mucho más aquello que, con sus propias decisiones, amenaza con propiciar un nuevo terremoto social.