17 de abril de 2024

Por: John Jairo Blandón Mena

Desde que irrumpieron las apuestas en el fútbol colombiano, lo que quedaba de transparencia y juego limpio en este deporte desapareció. Es un secreto a voces para aficionados y para la corrompida institucionalidad del balompié en el país, las recientes trampas y conductas hasta con relevancia penal que se han destapado con árbitros, jugadores; y en general, con varias personas que tienen relación directa e incidencia en los resultados de partidos.

Según Coljuegos, entidad administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, en Colombia hay 16 operadores de apuestas en línea; tan solo en materia deportiva se mueven cerca de los 10 billones de pesos anuales, de los cuales el futbol concentra más del 90% de las operaciones. Esta industria representa una cifra cercana al 1% del PIB nacional.

Y aunque es una industria legal y reconocida por el Estado; detrás de ella se esconden redes poderosísimas de apuestas ilegales que mueven grandes sumas de dinero; y que tienen el poder de corromper a los actores del juego. Hace un par de años, el presidente de un club de futbol boyacense denunció con seria pruebas  la presencia de grandes capitales de origen mexicano y ruso que se movían a través de intermediarios en el mercado de las apuestas.

Si bien, en ese escenario hay condiciones propicias para el lavado de activos; en esta columna solamente analizaré lo atinente a las artimañas, trampas y acciones prepagadas para incidir indebidamente en los resultados de partidos. En Colombia, donde paradójicamente, una plataforma de apuestas llamada BetPlay es la patrocinadora de la liga profesional de futbol, de 23 clubes de la rama masculino, de 9 de la femenina y del torneo de futbol sala. Estamos lejos de Inglaterra, donde  está prohibido que casas de apuesta patrocinen equipos de futbol.

Aquí, los escándalos han sido notorios pero acallados por el poder de la industria y de los dirigentes deportivos que en los seis años de contrato de patrocinio con BetPlay manejarán la suma de 261.000 millones de pesos. Por eso, no resuenan noticias como la de hoy, en la que el club Unión Magdalena y uno de sus jugadores son señalados con evidencias de haber participado en apuestas ilegales que conllevaron al amaño de resultado de partidos.

Tampoco fue amplificada en los medios, benefactores de pauta de las casas de apuestas; que el año pasado fueron denunciadas amenazas de muerte a jugadores del Boyacá Chico, a quienes estaban constriñendo para dejarse ganar un partido del Deportivo Cali. O los hechos de hace dos meses, en la que el presidente de Patriotas Fútbol Club denunció que terminó el contrato a uno de sus jugadores porque estaba conviniendo con particulares recibir sumas de dinero y ofrecerle a otros compañeros para incidir amañadamente en los resultados de su equipo.

De igual manera, los procesos que sobre este particular cursan en la Fiscalía no avanzan en resultados concretos. Parece que el avance de esas causas judiciales es también tramposo, como los resultados de los partidos que las originaron. En uno de esos expedientes se encuentra el relato de un jugador que escuetamente afirma “nos encontrábamos concentrados para la final del torneo de ascenso, y recibo una llamada de un número privado donde me ofrecen 70 millones por hacerme sacar a los primeros cinco minutos una tarjeta amarilla”.

La División Mayor del Futbol Colombiano (DIMAYOR) a través de su presidente reconoció lo que está ocurriendo con estas situaciones; sin embargo, lo dijo en voz baja, porque no quiso afectar negativamente el multimillonario negocio del que se están lucrando. Pero que más pronto que tarde, le robará al futbol el principio que debe prevalecer en cualquier deporte de competencia: “que gane el mejor”.