12 de febrero de 2023
Por: Melquiceded Blandón Mena
Consecuentes con la manipulación y tergiversación mediática de la historia y hechos políticos recientes en el país, pasó desapercibido o con un pírrico cubrimiento nacional la Sentencia del caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia, notificada el pasado 30 de enero por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se declaró al Estado colombiano como responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de seis mil víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica (UP) a partir de 1984 y por más de veinte años.
El aniquilamiento de la Unión Patriótica es un hecho que caracteriza fielmente la convivencia política en Colombia y el carácter despótico de las elites en el poder. En este caso, funcionarios estatales en alianza con ejércitos paramilitares se coordinaron y ejecutaron diversos planes donde asesinaron, amedrentaron, hostigaron, desaparecieron, “judicializaron’’, desterraron y torturaron a más de seis mil (6000) personas entre militantes, base social y familiares de la UP, partido político creado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo y el Partido Comunista Colombiano, como parte de una propuesta de paz a partir de los Acuerdos de La Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc – Ep. Por tanto, no sólo se liquidó la idea de cambio y la esperanza de varias generaciones, sino que también se reprodujo la confrontación bélica como forma de relacionamiento político.
Esta sentencia es histórica, en tanto, judicialmente un organismo multilateral de justicia certifica el carácter genocida y despótico de la democracia colombiana, además pone en evidencia el control fáctico del poder político través de la administración que hace el bloque hegemónico de la participación social y política, del control ciudadano y el genocidio, una triada que circula sus vértices en relación con el momento político, la democracia se presenta con el ropaje de la participación, con el ropaje de la paz, con el ropaje de la disciplina, pero también con la catadura autoritaria y genocida cuando considere que el orden se encuentre cuestionado o amenazado. La pantomima de la democracia colombiana es multifacética en la gestión de nuestras vidas, pero también decide sobre nuestras muertes.
Ahora bien, aunque la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como verdad de Perogrullo reconoce el papel del Estado en el genocidio de la UP, esperamos que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Caso 6 – Victimización de miembros de la Unión Patriotica, le muestre al mundo el concierto de poderes políticos y económicos que se organizaron sistemáticamente para acabar con esta fuerza política, y qué emerjan la historias sobre cómo se construyó un ejército en tan corto tiempo y sin el mínimo control del Estado, quiénes conformaron esa junta directiva y qué intereses perseguían, quiénes financiaron, qué políticos soportaron los sectores que se beneficiaron con el genocidio. Pues ahora pululan las personalidades que dan cátedra sobre las bondades de la supuesta “democracia más antigua de América’’, soslayando que aquella funciona sobre una inmensa fosa común.
Nota: La ONU señala que a la fecha van 355 excombatientes firmantes del acuerdo entre El Estado colombiano y las FARC asesinados. ¿quién planificó y ejecuta este genocidio?
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